Finalmente, el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, rompió este martes el silencio que mantuvo desde la noche del domingo, cuando la Justicia electoral declaró a Luiz Inácio Lula da Silva como ganador de las presidenciales. Habló solo dos minutos, se dirigió a los que votaron por él y, aunque no reconoció explícitamente su derrota en las urnas, sí dio a entender que no desconocerá los resultados: "Siempre fui catalogado como antidemocrático y siempre jugue dentro de las cuatro líneas de la democracia." Luego que se retirara, su jefe de gabinete, Ciro Nogueira, ratificó esta interpretación al afirmar que el mandatario "autorizó" el inicio del proceso de transición con el equipo designado por Luiz Inácio Lula da Silva.
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Mientras el mandatario hablaba, en el país miles de sus simpatizantes bloqueaban decenas de las principales rutas del país en protesta con los resultados electorales, a los que no reconocen, en línea con las advertencias -sin pruebas- de fraude que venía lanzando Bolsonaro durante los últimos meses. La tensión por estas protestas se profundizó cuando la Policía Rodoviaria no enfrentó los piquetes y los intentó disolver, como le ordenó el lunes la corte suprema. Por eso, al menos ocho gobernadores decidieron enviar a sus propias fuerzas de seguridad locales para que hicieran ese trabajo, lo que terminó en escenas de represión en varios estados.
Por eso, el otro mensaje central del breve discurso presidencial estuvo dirigido a los piquetes en las rutas. "Los movimientos populares actuales son el resultado de la indignación y un sentimiento de injusticia por cómo se llevó a cabo el proceso electoral", sostuvo, pero cuestionó la metodología de los piquetes. "Las protestas pacíficas siempre serán bienvenidas pero los métodos no pueden ser los de la izquierda, que incluyen la destrucción del patrimonio", sostuvo el mandatario y luego agregó: "Como ciudadano y como presidente de la República seguirá defendiendo todos los mandamientos de la Constitución".
Ahora resta ver si sus simpatizantes más radicalizados interpretan su breve y escurridizo discurso como una llamada a retirarse de las rutas y seguir la pelea ya desde la oposición; y si la Policía Rodoviaria Federal ahora sí actúa con determinación para disolver los bloqueos.
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Antes de terminar, Bolsonaro destacó la fuerza que obtuvo su movimiento en las urnas y reivindicó su Gobierno que terminará en dos meses. Habló de "la importante representación en el congreso" y "los diversos liderazgos" que posee su actual fuerza, el Partido Liberal. Finalmente, rescató de manera muy fugaz su gestión: "Superamos una pandemia y las consecuencias de una guerra. Somos el orden y el progreso, y nuestros sueños siguen más vivos que nunca".
Cuando terminó de hablar, se retiró rápidamente del hall principal del Palacio del Planalto, la sede de Gobierno, y quedó al frente del micrófono el ministro de la Casa Civil, una suerte de jefe de gabinete del Gobierno brasileño. Nogueira informó que el mandatario le había dado la orden de iniciar la transición con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, el hombre designado por la campaña de Lula para organizar la cooperación y, eventualmente, el traspaso en estos dos meses, antes de la asunción del 1 de enero de 2023.
El vínculo con la corte
La primera institución en reaccionar al discurso de Bolsonaro fue el Supremo Tribunal Federal, la corte suprema del país. "El Supremo Tribunal Federal consigna la importancia del pronunciamiento del presidente de la República al garantizar el derecho a la libre circulación en relación a los bloqueos y al determinar el inicio de la transición y reconocer el resultado final de las elecciones", sostuvo la corte en un comunicado, publicado apenas minutos después de la intervención presidencial.
Como reacción a este texto, el presidente y su ministro de Economía, Paulo Guedes, se trasladaron hasta la sede del máximo tribunal del Poder Judicial brasileño para mantener una reunión a puertas cerradas con la corte, la misma que, según la prensa brasileña, se había negado a ir esta misma tarde al Palacio del Planalto para encontrarse y dialogar con el mandatario, antes de su declaración ante las cámaras. La reunión con los magistrados en la sede judicial no estaba en la agenda de Bolsonaro de este martes.
La relación entre Bolsonaro y la corte es tensa desde mucho antes de las elecciones. Una de las principales razones es que ese mismo tribunal el que lo está investigando por la difusión de fake news que atentan contra el orden constitucional. La pulseada entre los dos poderes del Estado llevó a tal nivel en los últimos tiempos que el bolsonarismo hizo campaña con la promesa de ampliar significativamente la corte para diluir el poder de los jueces actuales. Lula, por el contrario, se declaró contrario a una reforma de este tipo.
Dos jornadas de tensión e incertidumbre
Alentados por el silencio presidencial que marcó la noche electoral, miles de simpatizantes de Bolsonaro salieron a decenas de rutas del país para protestar en contra de lo que consideran es un resultado fraudulento. Descreen del anuncio de la Justicia Electoral y, alimentados por meses de mentiras de la campaña del presidente, se niegan a aceptar a Lula como presidente electo. Muchos, incluso, piden que los militares salgan a la calle y se unan a ellos.
La primera medida la tomó la corte suprema el lunes cuando ordenó que la Policía Rodoviaria libere los piquetes de camioneros bolsonaristas y hasta amenazó con sanciones a su titular. Sin embargo, la fuerza federal no se esforzó demasiado y, en algunos casos hasta se mostró complaciente y cercana a los manifestantes. Por eso, al menos ocho gobernadores ya enviaron a la Policía Militar y a otras fuerzas locales a hacer ese trabajo. En las últimas 24 horas, se sucedieron diferentes escenas de represión y confrontaciones en varios estados que echaron más nafta al temor de un estallido de violencia política con consecuencias imprevisibles.
Como si este escenario no fuera lo suficientemente explosivo, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, la fuerza social del aliado de Lula y diputado electo Guilherme Boulos, llamó a sus militantes a movilizarse a los bloqueos de rutas para "desbloquear las vías de acceso para hacer respetar el resultado electoral". "Esperamos ser tan bien recibidos por las fuerzas de seguridad como lo están siendo los bolsonaristas", chicaneó el dirigente de izquierda, que fue el coordinador de la campaña del PT en San Pablo, el estado que terminó de darle la ventaja a Lula el domingo.
PRF usa spray de pimenta para dispersar manifestantes na rodovia Hélio Smidt, perto do aeroporto de Guarulhos. Após dispersão, bolsonaristas voltam a se reunir em acesso da rodovia, sem ocupar faixas, e fazem uma oração. 📲📰 Acompanhe em https://t.co/OUrEFevL3e
— Folha de S.Paulo (@folha) November 1, 2022
📹@lacerdaTM pic.twitter.com/dyDg3EeH6X
La victoria electoral de Lula desnudó una crisis institucional que hace tiempo gestando en Brasil y que el Gobierno de Bolsonaro profundizó, no creó. Pero también desnudó que incluso las instituciones y los dirigentes que apoyaron con más énfasis a Bolsonaro durante su Gobierno y la campaña, hoy no están dispuestos a apoyar abiertamente un golpe de Estado que desconozca los resultados, como se temió seriamente el domingo por la tarde. Eso si, instituciones como la Policía Rodoviaria sí cree que puede desconocer -como ya desconoció el domingo de las elecciones- una orden de un juez de la corte suprema y no liberar los piquetes de camioneros y simpatizantes del presidente, como quedó demostrado por un sinfín de videos en las redes sociales.
Antes que Bolsonaro hablara y cuando se anima a pronosticar qué posición tomaría el mandatario, más aliados de Bolsonaro se sintieron obligados a pronunciarse y pedir que se respeten los resultados y se "mire para adelante". Este martes, a la larga lista de dirigentes y aliados bolsonaristas se sumó el gobernador de Minas Gerais, uno de los tres estados más importantes política y económicamente del país, Romeu Zema. "La elección terminó y vamos a cumplir la ley", aseguró el hombre que hizo campaña codo a codo con Bolsonaro y que ahora no dudó en unirse a los gobernadores de Río de Janeiro, San Pablo, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão y Bahia, que movilizaron a sus propias fuerzas para terminar con los bloqueos en las rutas y evitar un desabastecimiento de combustible.
Las escenas de represión más fuertes se vieron por ahora en Río Grande do Sul: "Agentes de la Tropa de Choque de la Policía Militar de Rio Grande do Sul utilizaron balas de goma y gas lacrimógeno contra manifestantes que intentaban interrumpir el tráfico en la (ruta) BR-116, en Nuevo Hamburgo, en la Región Metropolitana de Porto Alegre", informó el portal del diario O Globo. Pero no fue el único estado que vivió momentos de mucha violencia. La Policía Militar de San Pablo reprimió esta madrugada con balas de goma y disolvió el piquete que había colapsado la ruta que conecta la capital estadual con el aeropuerto internacional y que forzó a cancelar varios vuelos. Además, en partes de la ciudad de Río de Janeiro, la Guardia Municipal arrojó gas pimienta contra grupos de manifestantes.
En ese contexto, el silencio de Bolsonaro parecía revelar su situación política actual: no tiene el poder para desconocer los resultados e intentar una interrupción del orden democrático, pero sí para ensuciar la cancha y complicar la transición que Lula tan desesperadamente quiere empezar cuanto antes para llegar al poder el 1 de enero listo para tomar las riendas de un Estado con un fuerte déficit, sin verdadera planificación de políticas sociales dirigidas a los más necesitados y con un "presupuesto secreto" que la dirigencia del Partido de los Trabajadores (PT) viene denunciando que podría esconder problemas mucho más graves que los que se conocen.
Este martes, la campaña de Lula designó al vicepresidente electo Alckmin, un veterano dirigente conservador del interior de San Paulo, como coordinador de la transición de parte del Gobierno de Lula. También será parte de ese equipo -que tendrá como objetivo recolectar las cifras y la información sobre el estado de las cuentas y los programas públicos para preparar el desembarco al Estado- la titular del PT, Hoffmann, y el hombre de confianza del futuro presidente y el que construyó su programa de Gobierno, Aloizio Mercadante.
La transición formalmente comenzó en Brasil, 48 horas después de la victoria electoral de Lula. Sin embargo, las palabras y, principalmente, la actitud de Bolsonaro de este martes dejaron claro que no será un proceso fácil. De hecho, en la prensa brasileña ya algunos analistas auguran que se puede repetir un traspaso de mando como el de la vuelta de la democracia en 1985, cuando el último jefe de Estado de facto, el ya fallecido João Figueiredo, se negó a entregar la banda presidencial a José Sarney y eligió abandonar el Palacio del Planalto por la puerta trasera.
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