Lasso mide su poder en las elecciones y el referéndum de Ecuador

Ecuador realizará este domingo una de las elecciones más grandes de su historia. Más de 13 millones de personas deberán elegir representantes para las gobernaciones, los municipios y los legislativos locales. Además, deberán responder un referéndum con ocho preguntas propuestas por el presidente Guillermo Lasso, que apuesta a generar cambios constitucionales para afianzar el presidencialismo al cabo de dos años de un mandato errático, débil y represivo. Los comicios llegan tras un año de fuertes movilizaciones sociales, populares e indígenas en reclamo por el alto costo de la vida y en el marco de una crisis carcelaria acompañada de una ola de violencia que llevó a que las organizaciones de derechos humanos denunciaran ocho masacres.

Baja popularidad, baja credibilidad y un reciente escándalo de corrupción -que involucra al cuñado del presidente y negociados para gestionar cargos en empresas públicas- configuran el escenario actual para Lasso. Así lo definió ante El Destape, profesor del departamento de Estudios Políticos de Flacso-Ecuador, Franklin Ramírez: "Es un muy mal político, muy torpe e hizo que su bancada en el Congreso quedara reducida a menos del diez por ciento", contó, sobre la ruptura del Movimiento Creo -con el que asumió- con el Partido Social Cristiano -derecha oligárquica guayaquileña- al inicio de su Gobierno que lo llevó a este desenlace.

Reconfiguración del mapa político  

En ese contexto, tanto el Gobierno como las fuerzas de oposición, entre ellas las afines al expresidente Rafael Correa, también medirán hasta dónde llegan su representatividad y su fortaleza.

Allí, se encuentran Quito y Guayaquil, dos de las seccionales de mayor disputa entre el correísmo (desde Renovación Ciudadana), el movimiento indígena y la derecha en donde compiten "codo a codo", sostuvo Ramírez. Según dijo, se trata de un reto importante para esas fuerzas nacionales que pondrán este domingo "a prueba cuadros pesados", en donde la derecha "se juega el control sobre todo de Guayaquil que ha sido su bastión histórico".

Consulta popular con cambios constitucionales 

La consulta popular impulsada por Lasso, entiende Ramírez, llega para "dar un poco de oxígeno". En junio de 2022, el mandatario debió enfrentar una moción de "muerte cruzada", que apunta a la destitución -que no se logró por pocos votos de diferencia- y una serie de movilizaciones encabezadas por el movimiento indígena congregado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el actor social más poderoso, con mayor capacidad de movilización y de presión popular en el país.

"A mediano y largo plazo rediseña el equilibrio de poderes en el Estado y le da mucha más fuerza al presidencialismo de lo que ya tiene, lo cual es peligrosamente antidemocrático", advirtió Franklin en diálogo con El Destape.

"En un gobierno sin bloque político, sin respaldo democrático, sin organización social y desprestigiado, buscan algo de oxigeno", señaló Ramírez y consideró como "demagógicas" las preguntas impulsadas. Aunque en un comienzo tuvo cierta resonancia en el diálogo público, con el tiempo perdió fuerza. Por ahora, las encuestas le dan al Sí la ventaja, pero el No tomó terreno en el último tiempo. 

Las preguntas centrales son las número cinco y la número seis, que apuntan a generar cambios sustanciales en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), establecido en la Constitución de 2007 -bajo el mandato de Rafael Correa-, como un consejo independiente de siete ciudadanos elegidos por votación universal que designan autoridades como el fiscal general, el contralor, los vocales del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral. En definitiva, órganos de poder estatal que influyen en la balanza de poder global ecuatoriano, explicó Ramírez. 

Ahora, los posibles cambios permitirían al presidente -Lasso, en este caso- "tener una enorme injerencia en la decisión de esos cargos", ya que se le quitaría la potestad al Consejo de Participación y se las colocaría al Ejecutivo en una negociación con la Asamblea Nacional (Congreso unicameral). "Es un diseño hiperpresidencialista, que le resuelve en el corto plazo el problema de control institucional en medio de un gobierno débil", definió el analista.

Otro de los puntos que generó mayor repercusión fue la primera pregunta que propone la extradición a quienes hayan cometido delitos del orden trasnacional relacionados como el crimen organizado. Se trata de una de las preguntas "gancho", que afianza una visión securitista y represiva al cabo de un año en el que la violencia a causa de una profunda crisis carcelaria llegó a los números más altos. También llega en un año en el que Guayaquil se ubicó entre las ciudades más peligrosas del mundo. Enero de 2023, por ejemplo, cerró con 166 homicidios, un 66% más que en 2022, según fuentes de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, reportó el portal El Comercio.

Respecto a este punto, Franklin, marcó que "es una reforma constitucional de alto calado": prohibir la extradición proviene de la tradición constitucional ecuatoriana nacionalista desde la década de 1940. "Según se sabe fue introducida en la consulta por presión de Estados Unidos", afirmó.

La posición del movimiento indígena y las deudas pendientes del Gobierno 

"Se ratifica: las ocho preguntas que están establecidas en la consulta del presidente Lasso no resuelven los problemas más sentidos. Los problemas que realmente pudieran cambiar el rumbo del Ecuador están en los acuerdos firmados luego de la lucha llevada por las organizaciones indígenas y los sectores populares del Ecuador", escribió en su cuenta de Twitter Leonidas Iza, presidente de la Conaie. El referente indígena hizo referencia a los 218 acuerdos alcanzados en octubre pasado con el Gobierno nacional luego de 90 días del diálogo que tuvo lugar tras 18 días de protestas en las calles impulsado por el movimiento indígena, pero con una fuerte adhesión social, en demanda de un pliego petitorio de 10 puntos.

Las marchas habían comenzado el 13 de junio pasado, luego de que la Conaie convocara a un paro nacional que poco a poco fue expandiéndose por la mayoría del territorio con una lista de exigencias claras y cuyo punto principal fue la reducción de los precios del combustible. Además de ello, sumaron: 2. fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas; 3. garantizar el empleo y los derechos laborales; 4. que haya precios justos en los productos del campo; 5. no explotar la minería en los territorios indígenas; 6. respetar los derechos colectivos; 7. no privatizar los servicios estratégicos; 8. desarrollar políticas para controlar la especulación en los precios; 9. otorgar mayor presupuesto para salud y educación; y 10. adoptar medidas para mejorar la seguridad.

La respuesta de Lasso fue primero la de rechazar el pliego de reclamos y acusar a la Conaie de buscar desestabilizar su Gobierno, impuso un estado de excepción con el apoyo público del Ejército y lo mantuvo aún cuando la represión en las calles dejó cinco personas fallecidas.

En esta campaña, el movimiento indígena no está solo. Sectores ambientalistas, feministas, el correísta Movimiento de Renovación Ciudadana, Unidad Popular, al Socialista y a las centrales gremiales de trabajadores y de la educación, también hicieron campaña por el No.

¿Qué se vota?

Según el Consejo Nacional (CNE) 13.040.797 de personas están habilitadas para sufragar en el territorio nacional, mientras que 409.250 podrán para ejercer su derecho en el exterior, quienes participarán –únicamente– en la elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El Registro Electoral está conformado por 6.823.832 mujeres y 6.626.215 varones. Las y los electores con voto obligatorio, de entre 18 y 65 años, son a 11.096.824 personas y, también, están habilitados 635.381 ciudadanos y ciudadanas de entre 16 a 18 años.

Ecuador se divide política y administrativamente en 24 provincias, 221 cantones, y 1499 parroquias. Son 23 las provincias que tienen prefectos, exceptuando a la provincia de Galápagos. En ese marco, las y los ciudadanos deberán votar en, al menos, siete papeletas, para escoger:

• 23 prefectos y viceprefectos.
• 221 alcaldes.
• 864 concejales urbanos y 663 concejales rurales.
• 4.109 vocales de juntas parroquiales rurales.
• 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
• 8 cambios en la Constitución mediante referendo constitucional.

Los comicios se llevarán a cabo entre las 7 y las 17 en 4.380 recitos electorales en todo el país. Al cierre, comenzará el escrutinio que, se prevé, dure unas seis horas, según informaron. Los resultados de las elecciones se darán a conocer conforme se procesen las actas y se podrán seguir en la página web del CNE y en su aplicación para teléfonos móviles, que se puede encontrar aquí: https://www.cne.gob.ec.

Las preguntas del referéndum

• ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?
• ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?
• ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior?
• ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?
• ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo?
• ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional?
• ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
• ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?