Nayib Bukele, presidente en licencia de El Salvador, luego de ganar las internas del partido oficialista salvadoreño como único precandidato en julio de 2023, se vislumbra hacia el 4 de febrero como candidato al triunfo para dar paso a su segundo mandato, en una gestión donde la seguridad ha sido su mayor política de gobierno.
Como antecedentes de su primera gestión, en 2021 el partido del presidente más joven del continente, Nuevas Ideas, logró controlar la Asamblea legislativa con 64 parlamentarios de un total de 84 conteniendo también el apoyo otros partidos y manteniendo como opositores a los partidos ARENA y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En mayo de ese año y con la composición favorable en la Asamblea, la primera medida llevada a cabo fue la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el titular de la Fiscalía General de la República, logrando así el control de los tres poderes.
Dos años más tarde y en contra de al menos seis artículos de la Constitución salvadoreña, la Asamblea Legislativa le otorgó a Nayib Bukele una licencia para dedicarse a su campaña electoral, designando en el cargo a Claudia Juana Rodríguez de Guevara, anteriormente secretaria privada de la Presidencia.
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Con esta maniobra entonces, que habilita llamativamente la candidatura de Bukele, el pueblo salvadoreño deberá elegir, el 4 de febrero próximo entre 6 candidatos a presidentes: Manuel Flores (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Joel Sánchez (Alianza Republicana Nacionalista - Arena), José Renderos (Fuerza Solidaria), Luis Paradas (Nuestro Tiempo) y Marina Murillo ( Fraternidad Patriótica Salvadoreña) y Nayib Bukele (Nuevas Ideas).
Las encuestas del país pronostican que el actual mandatario y su partido arrasarán tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas, poniendo en juego hasta la desaparición de las fuerzas opositoras de la Asamblea Legislativa, que no consigan los 50.000 votos necesarios para sostener su personería jurídica, según dicta la ley electoral.
Seguridad: la política de gobierno predilecta de Bukele
El Salvador tiene en su historia diversos modelos de seguridad implementados entre los que se encuentran desde el Plan de Mano Dura y Ley Antimaras del 2003; el Plan Súper Mano Dura en 2004; hasta la Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia y la Ley de Proscripción de Pandillas del 2010. El modelo de Bukele llegó en el 2019 a la presidencia buscando profundizar en la región un programa de seguridad que tenía entre sus objetivos terminar con la violencia en el país.
El dos veces ex alcalde por el FMLN, puso en ejecución su programa de seguridad a través del Plan de Control Territorial, centrado principalmente en el control de los centros penales, la interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. La ejecución del plan se lleva adelante en siete fases, de las cuales cinco ya han sido ejecutadas y las otras dos, aún confidenciales, restan por ejecutar, en el esperado segundo mandato para Bukele. Estas fases ponen el foco en el control territorial; la prevención de la violencia; la restructuración de las fuerzas de seguridad; la recuperación territorial en las comunidades, el cercamiento de grandes centros urbanos y el inicio de procesos de extracción de personas identificadas como criminales, siempre acompañado de un gran despliegue de las fuerzas de seguridad.
En el marco de su política de seguridad, Bukele ha sido renombrado en la región por haber creado el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega cárcel famosa con capacidad para albergar a unas 40.000 personas donde no hay áreas conyugales ni de recreación.
Para desarrollar este plan contra la violencia el gobierno invirtió US$575.2 millones de dólares, de los cuales US$ 200 millones se financiaron a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Bukele, además ha ido encontrando en actores políticos y económicos internacionales el financiamiento para desarrollar su política punitivista y de securitización.
En 27 de marzo del 2022 y como consecuencia de la matanza de 87 salvadoreños en un fin de semana, adjudicada a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, el gobierno sancionó, con previa aprobación de la Asamblea Legislativa “Bukelista”, un Decreto que estableció el denominado “Estado de Excepción” con una duración inicial de 30 días que sería prorrogado 22 veces hasta la fecha. Así también suspendieron diferentes garantías constitucionales. En particular y a modo de ejemplo, la Asamblea aprobó que los salvadoreños no tengan derecho a defensa al ser detenidos, que su plazo de detención administrativa no sea de tres días sino de 15 y que su correspondencia y telecomunicaciones no sea inviolable y pueda ser intervenida.
La política desplegada entonces, no sólo ha logrado, según números oficiales, disminuir los números de los homicidios en El Salvador, sino que también ha costado más de 75.000 detenciones masivas, violaciones de derechos civiles y casi 5.000 arrestos arbitrarios. En un contexto donde las voces del pueblo están en peligro, las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ya han recibido más de 7.900 denuncias de abuso del Estado, mientras que la Corte Suprema de Justicia recibió 4.012 hábeas corpus de la ciudadanía.
No sólo las organizaciones salvadoreñas han realizado denuncias sino que organismos internacionales como Human Rights Watch también se ha manifestado señalando que la excepcionalidad implementada por el mandatario no sólo suspendió derechos constitucionales, sino que también implicó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas en establecimientos penitenciarios y violaciones del debido proceso. Una política de seguridad que busca disminuir la violencia sin desentrañar los costos que esto tiene para la vida de los salvadoreños.
Bukele tiende hilos en el mundo y la región
El Salvador no sólo ha desarrollado una amplia política de securitización sino que también ha sabido hacer acuerdos y manifestar sus desacuerdos con el resto de los países del mundo. El país forma parte de diferentes bloques de integración como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros. Sin embargo, sus mayores negocios no han sido en el marco de estos acuerdos regionales.
El político y empresario se ha convertido en uno de los líderes centroamericanos que no ha escatimado acuerdos con el poderoso gobierno de la República Popular de China, con quien viene desarrollando grandes proyectos con imponentes infraestructuras, que están esperando tener continuidad en la segunda gestión de Bukele. Una de esas obras es el proyecto de potabilización del agua del lago de Ilopango en El Salvador, que será llevado adelante por la empresa china Hebei Construction Group, a través del financiamiento de US$40 millones. China también será el principal donante para la construcción del estadio más grande de Centroamérica, la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y el muelle turístico en La Libertad, con un aporte de US$54 millones por parte del gobierno chino.
Ninguno de estos acuerdos llega sin condicionamientos, frente a lo que ambas naciones han mostrado su voluntad de firmar un Tratado de Libre Comercio y El Salvador ha manifestado ya la intención de involucrarse en el proyecto chino de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (de la seda, del S. XXI).
Por su parte, y frente a los grandes acuerdos de El Salvador con China, Estados Unidos no ha quedado al margen de la política del país. La república centroamericana fue incluida en septiembre del año pasado, en la lista de la Casa Blanca sobre los países con mayor producción y tránsito ilícito de drogas, junto con otras 15 naciones de América Latina y el Caribe. Tres meses después, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a los comisionados Gerardo Gerrero y Andrés Grégori Rodríguez, y a Ricardo Gómez, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador, como personas que •socavan los procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de sus cargos”.
En el marco de estas relaciones internacionales, hacia el mes de octubre de 2023 hubo un acercamiento entre El Salvador y Estados Unidos cuando Nayib Bukele, recibió a Brian A. Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos donde discutieron temas referidos a la migración y a la concreción de lazos comerciales.
Sin embargo, vale destacar que el presidente salvadoreño no ha tenido pruritos a lo largo de su gestión en disentir con entidades como la ONU, el Foro Económico Mundial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, entre otros actores politicos del norte. Así como tampoco en criticar públicamente a actores de la economía mundial por su influencia en la región como el empresario George Soros a quien se refirió, en un streaming de campaña electoral, como el ejemplo de personas con "mucho dinero para pagar influencia y meter sus propias agendas".
Los lazos conservadores de Bukele
Como parte del ala de gobiernos neoconservadores en latinoamérica, El Salvador tiende sus redes con los presidentes afines y el argentino Javier Milei no es la excepción, no solo porque se tomó el trabajo de hablar por teléfono con él, sino por los vínculos que los unen con Estados Unidos.
Damián Merlo, es el principal lobbista de Nayid Bukele a quien, se conoció que ha pagado cientos de miles de dolares por servicios de cabildeo. Merlo es un referente de los equipos en la región, de la derecha conservadora conducida por el envalentonado Donald Trump, que se perfila como candidato con buena proyección para las presidenciales en su pais, hacia finales de este año.
Merlo es parte de un grupo de cabilderos estadounidenses con operaciones en el estado de Florida y cercanos al partido republicano y en particular al expresidente Donald Trump. De este grupo también han formado parte exfuncionarios como Thomas Shannon y Otto Reich, ex subsecretarios de Estado; y Ronald Johnson, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y embajador de Trump en San Salvador entre septiembre de 2017 y enero de 2020.
El nombre de Damián Merlo resuena en Argentina ya que fue quien coordinó su entrevista con Tucker Carlson. Periodista que había hecho su última entrevista a Donald Trump transmitida por Twitter el 23 de agosto, llegando a casi 265 millones de personas y siendo retuiteada por más de 230.000 usuarios desde la cuenta de Carlson, quién tiene más de 10 millones de seguidores. De esta forma, Milei se sumó a la lista de líderes populistas de la derecha global que se han sentado frente a Carlson como lo hicieron Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Viktor Orbán, primer Ministro de Hungría.
El modelo Bukele se proyecta en la región
La realidad salvadoreña, con sus particularidades, no deja de ser un reflejo del proceso que transitan actualmente la mayoría de los países del mundo, donde el avance de la digitalización y financiarización de la economía que ha llevado a la máxima concentración de la riqueza se traduce, cada vez más, en un deterioro constante del nivel de vida de las grandes mayorías y post pandemia, en fuertes reacciones neoconservadoras y neofascistas, en el ámbito de la política.
El punitivismo como política represiva ejecutado a través del Plan de Control Territorial, planteado por Bukele es un indicador, no solo de la continuidad, sino de la profundización del modelo neoliberal en un país que exige respuestas urgentes y estructurales para poder superar una realidad atravesada por la desigualdad.
Existió en la primera gestión de Bukele una clara intención de espectacularización de su modelo político, haciendo universales las imágenes y videos de la mega cárcel y los spots publicitarios sobre su lucha por la seguridad, produciendo un impacto rotundo en la opinión pública y en la copia del modelo Bukele en países vecinos como Ecuador. De eso no quedan dudas. Y al parecer, ha sido una táctica exitosa.
Los últimos sondeos electorales dan a Bukele como el gran ganador en El Salvador, lo que habilita al mandatario a continuar con su programa de securitización profunda y mano dura a través de acciones que hoy son aún confidenciales y que demandarán una mayor vigilancia y accionar por parte de los organismos de derechos humanos, no solo del país sino del mundo para no perder garantías democráticas, o lo que aún se mantienen de ellas.
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