El histórico fallo de Roe vs. Wade garantizó durante 49 años el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Estados Unidos, luego de que el 22 de enero de 1973 la Corte Suprema la considerara como un derecho protegido por la Constitución.
La demanda había sido interpuesta en 1969 por una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, quien bajo el seudónimo de Jane Roe decidió desafiar la ley del sureño estado de Texas que prohibía el aborto, salvo si la vida de la madre estaba en riesgo.
La defensa del estado conservador fue asumida por Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas, por lo que esta batalla legal paso a ser conocida como Roe vs. Wade.
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McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz.
En 1973, su apelación llegó al máximo tribunal, donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de 20 años del sureño Georgia, Sandra Bensing.
Ambas argumentaron que las leyes de aborto en dichos estados eran contrarias a la Carta Magna porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.
Tras escuchar los alegatos, los jueces de la Corte terminaron dando la razón a estas mujeres y, con una mayoría de siete a dos, dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir la IVE por considerarla un derecho protegido por la Constitución.
Sin embargo, su mayor garante durante casi medio siglo pasó a ser su verdugo el pasado 24 de junio, cuando avaló la demanda presentada por el sureño estado de Mississippi, que pidió abolir la sentencia de los años 70 para poder aplicar una prohibición al aborto después de las 15 semanas de embarazo.
Este cambio de paradigma se dio gracias a la mayoría conservadora de seis magistrados de los nueve totales que pasó a tener el alto tribunal en octubre de 2020, tras el nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett por el entonces presidente Donald Trump.
Desde entonces, el aborto volvió a quedar en manos de los gobiernos de los estados y 18 de los 50 ya impusieron restricciones, dejando a una de cada tres personas en edad reproductiva sin acceso a la IVE.
Con información de Télam
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