(Agrega declaraciones de activistas)
(Por Marianela Mayer).- Una joven y su madre fueron acusadas de cometer un aborto ilegal en Estados Unidos después de que Facebook entregara a las autoridades sus chats privados como prueba, un caso que materializa los temores de los defensores de los derechos reproductivos sobre la vigilancia digital y sienta un precedente alarmante ahora que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) depende de la legislación de cada estado.
La información trascendió esta semana tras publicarse los documentos de la investigación judicial y levantó una ola de indignación en las redes, donde el hashtag #DeleteFacebook (Borra Facebook) se hizo viral.
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"Este caso es otro horrible presagio de lo que está por venir en el infierno de la era pos-Roe en EEUU", dijo a Télam Sam Goldman, una de las fundadoras de la alianza Rise Up 4 Abortion Rights, en referencia a las consecuencias de la anulación en junio del histórico fallo Roe vs Wade de 1973, garante de la IVE durante casi medio siglo en el país.
"El problema que plantea este caso es claro y ominoso: el control estatal y patriarcal", sentenció la activista de este movimiento, inspirado de la marea verde latinoamericana.
Las autoridades del estado central de Nebraska -donde la IVE es ilegal desde la semana 20- empezaron a investigar el caso en abril tras recibir un aviso de que Celeste Burgess, de 17 años, había tenido un aborto espontáneo y había enterrado el feto junto a su madre sin informarlo.
Al ser consultadas sobre cuándo ocurrió el hecho, ambas dijeron en un primer momento que no lo recordaban, según revela el informe judicial.
Pero luego la joven brindó la fecha tras ver sus mensajes de Facebook, lo que llevó a las autoridades a solicitar una orden para acceder a sus datos en la red social.
En base a registros médicos, se determinó que Celeste estaba entonces embarazada de más 23 semanas.
A principios de junio, la joven y su madre, de 41 años, fueron imputadas de un delito grave -el de sustracción, ocultación o abandono de un cuerpo- y de dos menores: ocultar la muerte de otra persona y denuncia falsa.
Días más tarde, el tribunal aprobó la orden para pedir a Facebook todos los datos privados que tenía de las mujeres, algo que la firma aceptó.
Así, hallaron conversaciones en las que supuestamente hablaban sobre tomar pastillas abortivas: "Una píldora frena las hormonas y después hay que esperar 24 horas para tomar la segunda", le dijo Burgess a su hija, quien le pidió a su madre "quemar las pruebas cuando todo esté fuera".
A estos mensajes se sumó el testimonio de una amiga de la joven que afirmó haberla visto tomar la primera pastilla abortiva en abril.
Un mes más tarde, gracias a esta evidencia, la Fiscalía acusó a la madre de otros dos delitos graves: realizar un aborto ilegal y hacerlo sin licencia médica.
Ambas se declararon "no culpables" de los cargos y un juicio con jurado está programado para octubre, en el que Celeste -que ya cumplió los 18- será procesada como adulta.
Este caso puso de manifiesto las advertencias de activistas sobre cómo la información que las mujeres transmiten en la nube puede usarse en su contra para criminalizar el aborto en EEUU, donde el secreto médico sobre la IVE no se extiende a las firmas tecnológicas, que deben dar los datos privados de usuarios si lo ordena la Justicia.
"En un país donde tantos estados ahora tienen normas que prohíben el aborto casi de manera absoluta, es muy amenazante pensar que el afán persecutorio y de criminalización del Estado va a usar nuestras comunicaciones privadas cotidianas en contra nuestra", expresó a Télam Alejandra Cárdenas, directora de Estrategias Legales Globales en el Centro de Derechos Reproductivos.
Según esta abogada, "la sensación de un Estado leviatánico y castigador" limitará la necesidad de comunicarse "incluso cuando nuestra vida dependa de encontrar información de salud sexual y reproductiva en línea".
También Alejandra Soto, directora de Comunicación y Medios Latinos de la Federación Americana de Planificación Familiar (PPFA), calificó esta noticia de "aterradora".
"PPFA se opone firmemente a la penalización del aborto autogestionado. Nadie debe temer quedar bajo arresto o enfrentar una acusación criminal por el resultado de un embarazo", manifestó a Télam.
Facebook argumentó en su defensa que recibió la orden judicial antes de que la Corte Suprema anulara el derecho a la IVE y que no mencionaba "el aborto en absoluto", sino "la supuesta quema y entierro ilegales de un bebé que nació muerto".
"Las órdenes iban acompañadas de órdenes de confidencialidad, lo que nos impedía compartir información sobre ellas. Esas órdenes ahora han sido levantadas", indicó el gigante tecnológico en un comunicado.
Pero si la compañía pudo brindar las conversaciones privadas fue también porque -a diferencia de WhatsApp- los mensajes de Facebook e Instagram no están cifrados de extremo a extremo de forma predeterminada y son los usuarios quienes deben hacerlo.
"Exijamos que Facebook implemente el cifrado predeterminado de extremo a extremo en todos los mensajes privados. Es la única forma para que esta y otras plataformas en línea protejan realmente a los usuarios en el mundo posterior a Roe", instó en Twitter Fight for the Future, una organización de defensa de los derechos digitales.
Algo en lo que coincide el investigador del Conicet y especialista en medios y tecnología Martín Becerra, quien señaló que estas empresas podrían mejorar también la privacidad con "procesos claros de consentimiento informado para el uso de los datos personales" y al permitir el "debido proceso" en todas las decisiones que toman sobre los contenidos subidos, removidos y etiquetados.
No obstante, Becerra fue más allá y sostuvo que, a menos que una orden judicial lo impida, las compañías "no deberían almacenar esos contenidos".
En el pasado, la compañía ya impugnó una solicitud del Gobierno para realizar escuchas telefónicas en llamadas de Messenger y un juez falló a su favor.
Pero es más bien algo excepcional, ya que Facebook dijo haber colaborado con la Justicia en el 88% de las 59.996 solicitudes de datos hechas en la segunda mitad de 2021.
"Hay un problema cuando el secreto médico es usado como un arma contra el o la titular de los mismos", opinó Becerra y concluyó en diálogo con Télam: "Una apelación de la compañía hubiese protegido mejor a la madre y a la hija, y también hubiese significado una señal clara de respeto a la privacidad de las comunicaciones personales".
Con información de Télam
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