La nueva junta directiva designada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, comenzó hoy a tratar los cambios de normas en el distrito Disney World, situado alrededor del parque de atracciones de Orlando, en una nueva etapa del conflicto con la compañía, después de que ésta cuestionara una ley estatal que limita la educación sexual integral (ESI) en las escuelas primarias.
Los cinco miembros del órgano de gobierno, que había sido controlado por Disney desde los años 1960 hasta febrero pasado, se reunieron este miércoles para evaluar la normativa que prohibía el acceso a las oficinas a las personas que no llevaran barbijo o no estén vacunadas contra el coronavirus, informó la filial local de la cadena NBC.
Además, la agenda incluía una resolución que reafirma la “autoridad superior” de la junta sobre esta zona de 100 kilómetros cuadrados y la posible reorganización del personal de la administración del distrito, agregó el medio.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Tras su cierre temporal por la pandemia, Disney World reabrió sus puertas en 2020 con normas que exigían el uso de tapabocas y protocolos de distanciamiento para evitar la propagación de la Covid-19.
Esta política chocaba con la implementada por DeSantis en el estado sureño, quien fue un feroz opositor a las restricciones y solicitó incluso a la Corte Suprema estatal convocar a un gran jurado para investigar “cualquier irregularidad” con respecto a las vacunas contra el coronavirus.
Los cambios que pretenden aplicar los nuevos integrantes del órgano rector del distrito forman parte de la disputa entre el político republicano y Disney, luego de que la empresa criticara el año pasado una ley estatal que prohíbe enseñar hasta tercer grado asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género sin el consentimiento de los padres.
Como represalia por esas críticas, el gobernador firmó en abril de 2022 una ley para suprimir el distrito especial de Disney, conocido hasta entonces como Reedy Creek Improvement District, que había sido administrado por la firma ininterrumpidamente durante 55 años de existencia.
Disney, que emplea a más de 75.000 personas en Florida, dirigió hasta febrero esa zona como un municipio local y cobraba impuestos y garantizaba servicios públicos esenciales como recogida de basura, tratamiento de aguas, etc.
Los nuevos directivos designados por DeSantis afirmaron el mes pasado que sus predecesores, controlados por Disney, se apresuraron en despojar a la nueva junta de la mayoría de los poderes y darle a la firma el control sobre el diseño y la construcción en el complejo del parque temático, antes de que los nuevos miembros ocuparan sus cargos.
Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Florida y los legisladores estatales dijeron ayer que consideran una medida que revocaría el acuerdo efectuado entre los supervisores de la junta anterior y Disney.
Al mismo tiempo, aumentaron aún más la presión al proponer una legislación que requeriría inspecciones estatales de las atracciones del parque, una acción sin precedentes en el estado, donde los operadores de los grandes parques temáticos siempre han podido realizar sus propios controles.
"(Disney) no va a ganar esta pelea, es el gobernador quien lo hará", afirmó en el evento el senador estatal republicano Blaise Ingoglia.
Disney, por su parte, aseguró que todos los acuerdos hechos con la junta anterior eran legales y aprobados en un foro público. Según señaló a principio de mes el director ejecutivo de la compañía, Bob Iger, cualquier acción que amenazara los empleos de Disney o la expansión en su complejo de Florida era tanto "antiempresarial" como "antiFlorida".
La iniciativa contra Disney se enmarca en la batalla cultural librada en los últimos meses por DeSantis, de 44 años, al que todos ven como un candidato a la Casa Blanca en 2024.
Desde hace meses los republicanos, con el gobernador de Florida a la cabeza, tienen en el punto de mira a medios de comunicación, empresas y políticos demócratas a los que acusan de querer imponer su supuesta ideología "progresista" ("woke", en inglés) a los demás.
Con información de Télam
Cerrar sesión