El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, uno de los más reticentes a la recepción de inmigrantes en Estados Unidos, afirmó hoy que no retirará una barrera de boyas instalada en el río Bravo, frontera con México, en directo desafío a una orden emitida por el Departamento de Justicia del Gobierno del presidente Joe Biden, a quien volvió a criticar duramente.
"Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para afrontar la crisis que ha causado. Texas dirimirá esto en los tribunales, señor presidente", sentenció Abbott en una carta remitida al mandatario demócrata en respuesta al pedido del Departamento de Justicia, realizado el jueves pasado, de retirar las boyas.
La comunicación federal advirtió que Texas debía retirar la barrera antes del lunes a las 14 o, de lo contrario, enfrentar acciones legales del Gobierno.
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Abbott alegó que defiende "el derecho de Texas a la seguridad en la frontera", según la misiva, publicada en redes sociales, informó la agencia de noticias Europa Press.
El gobernador citó varias sentencias judiciales y acusó a Biden de incumplir el Artículo 4 de la Constitución de Estados Unidos, que indica que el Gobierno federal "debe protegerlos (a los estados) frente a una invasión".
"Todo esto está pasando porque usted ha incumplido su obligación constitucional de defender a los estados de una invasión aplicando sinceramente la legislación federal", insistió Abbott, quien recordó los "niveles récord de inmigración ilegal".
Abbott reprochó a Biden que "la política de fronteras abiertas anima a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el agua en lugar de hacerlo de forma segura y legal".
"Nadie se ahoga en un puente", enfatizó.
Abbott recordó a la vez que la ONU designó la frontera terrestre entre Estados Unidos y México como "la más mortífera" del mundo, con 728 muertes en 2021.
Y exhortó a Biden a que lo ayude "a salvar a los texanos y a todos los estadounidenses de drogas mortales como el fentanilo, de la violencia de los carteles narcos y de los horrores del tráfico de seres humanos".
La crisis por la masiva llegada a migrantes a Estados Unidos en los últimos años ha repercutido en otros estados diferentes a los sureños, que están en la primera línea por tener frontera con México.
En meses recientes, estados liderados por los republicanos, como Texas, trasladaron a migrantes a estados gobernados por los demócratas para así protestar contra las políticas migratorias impulsadas por Biden.
El viernes último, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró que la ciudad "no tiene más espacio" para migrantes y que por lo tanto implementaría un reparto de folletos en la frontera estadounidense con México para animarlos a dirigirse a otras zonas del país.
Más de 90.000 inmigrantes, mayormente de Centroamérica y Sudamérica, llegaron a Nueva York desde abril del año pasado, situación que derivó en un significativo aumento de demanda de los servicios para recibirlos.
"Nuestra taza se llenó. No tenemos más espacio en la ciudad", sentenció Adams, que es demócrata.
La rama neoyorquina de la Unión Estadounidenses por las Libertades Civiles (ACLU) calificó el plan del alcalde de "cruel" e "ilegal".
El anuncio "no sólo socava el derecho a la vivienda, sino el papel definitorio de Nueva York como faro de promesas, inscrito en la base de la Estatua de la Libertad", declaró el contralor municipal Brad Lander.
Casi 106.000 personas, entre ellas unos 54.000 migrantes, viven actualmente acogidos por la ciudad de Nueva York, ya sea en albergues u hoteles, según las autoridades.
Un folleto en inglés y español advertirá a los solicitantes de asilo que la vivienda en Nueva York es "muy cara" y que el costo de la comida, transporte y otras necesidades "es el más alto de Estados Unidos".
Con información de Télam
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