Noboa medirá el respaldo de la población con un plebiscito constitucional

En medio de una emergencia energética y de una fuerte de crisis de seguridad, más de 13 millones de personas asistirán a las urnas en Ecuador este domingo para votar en el plebiscito convocado vía decreto por el presidente, Daniel Noboa. La ciudadanía deberá responder a once preguntas relacionadas con seguridad, justicia, elecciones, inversiones y empleo. Entre ellas, seis implican reformas a la Constitución, como la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior –en el marco del conflicto armado interno declarado por decreto- o la vuelta del país a los arbitrajes internacionales, en materia económica.

Las preguntas solo admiten dos opciones de respuesta: sí o no, para la aprobación o rechazo a las propuestas de reformas legales que impulsó Noboa en su breve mandato, a donde llegó luego de la muerte cruzada que expulsó al expresidente Guillermo Lasso del Gobierno.

La consulta estará dividida en 6 preguntas para “referendo” que implican cambios a la Constitución y otras 5 preguntas para “consulta popular”, vinculadas a cuestiones penales, sobre las que luego la Asamblea Nacional deberá legislar en función de proyectos de ley que el mismo presidente deberá enviar. De ser aprobadas, se pondrán en marcha diversos procedimientos para que entren en vigencia. Algunos de estos parámetros están estipulados en normativas ya existentes en Ecuador y otros en los denominados “anexos” de la propuesta de consulta popular y referendo.

Las once preguntas

Pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución?

Esta iniciativa fue avalada por el Congreso Nacional luego de que se aprobara un proyecto de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen en las tareas de seguridad interior a la Policía Nacional, en el marco de la fuerte crisis de seguridad que atraviesa el país. Menos de un mes después Noboa declaró el conflicto armado interno y catalogó como “terroristas y actores no estatales beligerantes” a 22 organizaciones criminales que operan en el país.

Entre los parámetros establecidos por el Poder Legislativo en el proyecto aprobado, determinaron:

• Las funciones de coordinación estarán subordinadas a las disposiciones del presidente de la República.
• Las tareas complementarias se ceñirán a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada.
• El apoyo complementario se activa cuando el presidente de la República, previa solicitud del comandante general de la Policía, convoca al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) para elaborar un “informe motivado” que determine la pertinencia, casos y ámbitos de actuación de los militares.
• Sobre la base del informe motivado, el presidente suscribirá un decreto disponiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes?

La Constitución actual, aprobada en 2008, establece que “ningún” ecuatoriano puede ser extraditado. El anexo de esta pregunta detalla que la extradición se llevará a cabo con la condición de que no se aplique la pena de muerte y tratos inhumanos, crueles o degradantes; también que no se concederá la extradición por delitos políticos y conexos, con la exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales.

Pregunta 3: “¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?

Con ella, de alguna manera, se busca frenar la interposición de habeas corpus para la protección de las personas. La intención es que sólo “jueces especializados” en materia constitucional puedan expedirse.

Pregunta 4: ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?

Es una de las preguntas más polémicas. Como mencionó en esta entrevista el ex canciller durante el correísmo, Guillaume Long, el país denunció todos sus tratados con arbitraje inversionista-Estado y los consideró “una estafa”, en un procedimiento que exime de aplicar las reglas locales para empresas multinacionales. Además, diversas organizaciones sociales, de derechos humanos e indígenas denuncian que detrás de esta consulta hay intereses de la familia Noboa, una de las más multimillonarias del país.

Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores?

Es una reforma laboral y, en caso de aprobarse, el Ministerio de Trabajo tendrá 30 días para emitir acuerdos ministeriales que regulen los contratos.

Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?

En el marco de la crisis de seguridad, las cárceles se convirtieron en un foco importante de la violencia, más allá de la “máxima seguridad” que aducen. Durante el corto Gobierno de Lasso se llegaron a contabilizar más de once masacres, con cientos de personas fallecidas, en medio de traslados no informados de los detenidos y de protestas por parte de los familiares.

Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

El Gobierno de Noboa promueve el incremento de las penas en los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros.

Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

Esta modificación implicaría restringir el acceso a la libertad condicional o a régimenes abiertos o semiabiertos. La Asamblea contará con un plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar esta reforma legal.

Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

En caso de que se apruebe esta reforma al Código Penal, Noboa tendrá un plazo de 5 días luego de la publicación de resultados para enviar el proyecto de ley al Congreso, que tendrá 60 días para debatirlo y aprobarlo.

Pregunta 10: ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

En este caso, también Noboa debería enviar una iniciativa de ley que el Legislativo deberá aprobar en 60 días.

Pregunta 11: ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?

Al igual que en las dos últimas preguntas, será el presidente el que presente un proyecto para que la Asamblea nacional lo apruebe en dos meses.