En un país marcado por la violencia criminal y un estado de excepcional que habilitó la militarización de las calles, esta semana terminó de detonar el Gobierno en Ecuador. La vice Verónica Abad denunció por "violencia política de género" a quien fue su compañero de fórmula en las elecciones del año pasado, el ahora presidente Daniel Noboa. La tensión entre los dos era palpable desde que asumieron el poder en noviembre pasado. Un día después de la toma de poder, el mandatario decretó que Abad debía irse por tiempo indefinido a Medio Oriente en una misión inédita para este país sudamericano sin casi relevancia en el conflicto israelí-palestino. En un comunicado informó que la vice tendría como única función "ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina”.
Ante la sorpresa del país entero, el entonces flamante gobierno defendió la decisión como "un hito histórico que marca un precedente sobre el significativo compromiso del Ecuador con la paz internacional". Sin embargo, todos los analistas y la sociedad en su conjunto hicieron otra lectura: el nuevo y joven presidente se sacaba de encima a su vice. Más de ocho meses después y tras convertirse en una de las principales voces críticas del Gobierno, Abad decidió llevar la confrontación política con su ex compañero de fórmula a la Justicia.
Presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por "violencia política de género". En el marco legal ecuatoriano, ésta es una grave infracción electoral que puede ser sancionada con penas que pueden ir desde una multa de entre 21 y 70 salarios mínimos hasta la destitución y/o inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un período mínimo de dos años o máximo de cuatro. No se conoció el escrito judicial de la vicepresidenta, pero los medios locales sí informaron que la dirigenta política dijo haberse sentido “desterrada” políticamente y blanco de un trato “hostil” por parte de Noboa.
La demanda también incluye a la canciller, Gabriela Sommerfeld; al viceministro de Gobierno, Esteban Torres; y a la asesora presidencial, Diana Jácome. Según Abad, todos participaron activamente en la campaña de desprestigio en su contra, por ejemplo, cuando cuestionaron su desempeño desde Medio Oriente y sus denuncias verbales de que el Gobierno estaba coartando su libertad de expresión y la perseguía a ella y su familia.
Hace cinco días, Noboa firmó un nuevo decreto para trasladar a Abad de la embajada ecuatoriana en Israel a la ubicada en Turquía. Lo hizo una semana después de que la propia vicepresidenta, que nunca fungió en ese cargo, denunciara en un comunicado público que se encontraba "en riesgo" por la escalada de violencia en Medio Oriente, con la profundización de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, su ataque contra la capital de Irán para matar al jefe máximo de Hamas y el creciente intercambio de misiles y cohetes con la milicia y partido libanés Hezbollah, en la frontera con el Líbano.
En el decreto de la semana, sin embargo, Noboa dejó en claro que no autorizará la vuelta de su vice a Ecuador. Abad "continuará desempeñando sus funciones hasta que se disponga su regreso a la sede de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv", explicó el texto oficial.
Ahora, un juez del Tribunal Contencioso Electoral debe decidir si acepta la denuncia de la vicepresidenta. En Ecuador, "la violencia política de género" incluye cualquier "agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos, feministas, líderes políticas o sociales".
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