La Fiscalía General del Estado de Ecuador (FGE) abrió una investigación contra el presidente, Guillermo Lasso, por el presunto delito de privación ilegal de la libertad del titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leónidas Iza, que se realizó durante el reciente paro nacional y las protestas que se desplegaron en el país durante 18 días. La denuncia presentada por la organización indígena también exige la indagación sobre el accionar de los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara.
La Fiscalía explicó que "por disposición constitucional y legal, la Institución tiene la obligación de investigar todas las denuncias presentadas y, únicamente de hallar mérito, impulsaría una acusación en contra de los presuntos infractores", indicó el portal local La Hora. La pena prevista para este delito está prevista entre uno y tres años de cárcel.
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Iza fue detenido el jueves 14 de junio de 2022 en San Juan de Pastocalle (Cotopaxi, al sur de la ciudad de Quito) horas después del inicio de la protesta acusado del delito de “paralización de un servicio público”. Según reportó, el pasado 15 de junio, a El Destape el abogado integrante de la organización Amazon Frontlines, Jorge Acero, Iza al haber sido privado de su libertad mientras circulaba en un vehículo particular por la vía pública "no corre la flagrancia".
En ese momento la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) -un organismo de defensa de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza- denunció que “todo el proceso fue ilegal”. De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, a Iza no se le leyeron sus derechos y no se supo de su paradero hasta varias horas después de su detención. Luego, el líder indigenista declaró ante la Justicia que tuvo “miedo” y que temió por su vida, por lo que acusó a las autoridades nacionales de persecución política.
En el día de la detención, en un video de 1 minuto y 39 segundos, posteado en su red social Twitter, Guillermo Lasso, anunciaba –sin nombrar a Leonidas Iza-: “Se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales de actos vandálicos que están prohibidos por la Constitución y las leyes como ataques a instalación de pozos petroleros, incendio de patrulleros, invasión a productores agrícolas”.
“Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar, porque nadie está por encima de la ley. Los ecuatorianos no podemos ser víctimas de vándalos que solo quieren provocar el caos”, dijo Lasso entonces. Ante esta situación, el diario local El Universo informó que Lasso dijo que recibía la noticia con “tranquilidad”, puesto que la acción para la detención fue definida como legal por jueces y dos habeas corpus.
Por su parte, el ministro de Defensa Carrillo ha defendido el procedimiento realizado por la Policía Nacional. Ha confirmado que Iza fue aprehendido en flagrancia “obstruyendo la Panamericana E-35″. Y ha explicado que desde el lugar donde fue detenido el líder de la CONAIE estaba “dirigiendo e impulsando” las acciones para el “recrudecimiento y radicalización de la violencia”.
Por el fuero de Corte Nacional que cobija al presidente de la República y a sus ministros, la causa estará directamente a cargo de la autoridad máxima de la Fiscalía General, en el proceso se reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no la imputación contra el mandatario y sus ministros. Mientras tanto, la investigación, que tiene el carácter de reservada.
En las denuncias planteadas por la CONAIE sostienen que el líder indígena fue “interceptado por elementos militares pertenecientes al Batallón Fuerzas Especiales Patria”. Iza viajaba junto con otras seis personas, las cuales —dice el reporte presentado, indica el diario El Universo— recibieron golpes y agresiones verbales de “policías” para ser desalojados del automotor en el que iban.
Días después, el 18 de junio, sufrió un atentado en el vehículo en el que viajaba. Ese hecho también fue denunciado por la defensa de la CONAIE y se adjuntó información que podría apuntar a los responsables de un disparo en la ventana del vehículo en que estaba la autoridad indígena.
La huelga concluyó 18 días después de iniciada con un acuerdo entre las partes para aplicar rebajas al combustible y abrir una mesa de negociación de otros puntos, que sigue en funcionamiento.
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