El ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2012-2018), acusado por la Fiscalía por un caso de peculado y que viene de cumplir penas de prisión efectiva por otras causas de corrupción, ingresó anoche en calidad de huésped en la embajada de México en Quito alegando sentir temor por su integridad física y libertad, confirmó la sede diplomática en una nota oficial al Gobierno de Daniel Noboa.
"El 17 de diciembre de 2023 Jorge Glas Espinel se presentó en la sede de la embajada de México en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal", señala el documento fechado en México anoche y publicado en la página digital de la secretaría de Relaciones Exteriores de México. La Cancillería ecuatoriana confirmó por su parte la información y dijo que realizaba las diligencias para que pueda cumplirse el pedido de la Fiscalía General del Estado para que el ex funcionario "pueda ser localizado e inmovilizado para investigación por un delito de presunto peculado".
El Gobierno de México señaló que, en caso de que Glas presente un pedido de asilo político, lo analizará y recabará la información necesaria para proceder como corresponda, "de conformidad con los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte", reportó la agencia de noticias Sputnik.
La Cancillería mexicana ratificó a su homóloga ecuatoriana la disposición de mantener un diálogo y colaboración con las autoridades de Quito para hacerse de toda la información necesaria sobre la situación de Glas. Con ello el Gobierno de Andrés López Obrador respondió al pedido de la Cancillería ecuatoriana presentado anoche a fin de solicitar a las autoridades mexicanas confirmar la presencia del ex alto funcionario en su legación diplomática y pedirles que lo conminasen a abandonar la sede.
En su nota oficial, el Gobierno ecuatoriano fundamentó su pedido en la obligación de Glas de acatar la práctica de varias diligencias investigativas como parte de procesos judiciales en curso, en vista de que el ex vicepresidente ha sido inculpado y procesado ante la justicia ecuatoriana. "El Ecuador se encuentra expectante de la cooperación que para tal efecto reciba por parte del Ilustrado gobierno mexicano, ya que para el Gobierno nacional resulta jurídicamente evidente que no sería lícita la concesión de asilo diplomático, en virtud del Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954", indica la nota oficial cursada por la Cancillería ecuatoriana.
La Fiscalía General del Estado ecuatoriano emitió ayer una disposición a la Policía Nacional para que localizara e inmovilizara a Glas para investigación por un delito de presunto peculado, tras lo cual se conoció en las redes sociales el pedido de Cancillería ecuatoriana para que México confirmara la presencia del ex alto funcionario en su sede.
Qué acusación recibió Jorge Glas
Glas, uno de los dirigentes nacionales del movimiento de la Revolución Ciudadana (izquierda), fundado por el ex presidente Rafael Correa, cumplió más de cinco años de cárcel por el denominado caso Sobornos, referido al presunto financiamiento irregular de la campaña de esa agrupación política en 2014. Correa (2007-2017) denunció hoy que "no puede ser más evidente la persecución" política contra Glas.
"El caso Reconstrucción, otra infamia, lleva abierto más de cuatro años, pero la fiscal pide la detención de Jorge Glas un sábado de tarde para investigaciones 'urgentes'. No puede ser más evidente la persecución. Es la retaliación por el juicio político. Nos había mandado el mensaje. Y hay gente que aplaude estas canalladas", escribió Correa en su cuenta de Twitter.
Glas también se benefició de la unificación de la pena por el caso Odebrecht, tras la anulación de la sanción de seis años por el delito de asociación ilícita, lo cual le permitió recobrar la libertad condicional, y actualmente conducía un programa de entrevistas en la emisora local Radio Sonorama.
La orden contra Glas se da en un contexto en el que se ha realizado en días recientes un megaoperativo contra una presunta red de corrupción vinculada al narcotráfico y del pedido de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, por desatender procesos por denuncias de corrupción.
Con información de Télam
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