El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, atraviesa uno de los peores momentos de su Gobierno, que comenzó apenas hace dos años. Esta es la segunda vez que la Asamblea Nacional unicamercal decide llevarlo a un juicio político, que puede terminar en su destitución. Tras un debate de más de cuatro horas, las y los legisladores consideraron que existen pruebas para llamar al mandatario al pleno ante las denuncias por corrupción que existen en su contra, por lo que aprobó la resolución por 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. La fecha aún no está definida.
La asambleísta correísta por Unión por la Esperanza – UNES, Viviana Veloz, fue la que llevó la moción ante les 116 congresistas, dado que era necesaria la mayoría simple, sólo alcanzaba con 58 votos. UNES, el Partido Social Cristiano y el movimiento indígena Pachakutik e independientes fueron algunos de los partidos opositores que dieron el visto bueno a la resolución de 12 páginas de considerandos en la que argumentan que sí hay pruebas contra el mandatario.
Según informó el portal El Comercio, el proceso cerrará con una moción de censura y destitución, que dependerá de 92 votos.
La semana pasada, la Comisión de Fiscalización había decidido no recomendar que se lleve adelante este proceso por considerar que el mandatario “no ha incurrido en el presunto delito de peculado”. Según informó en ese momento el portal El Universal, en un informe de 278 fojas la Comisión sostuvo que no se pudo establecer responsabilidad política por peculado sobre los supuestos perjuicios al Estado de parte del presidente.
Para ello, el documento recogió la parte sustancial del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional sobre la solicitud de juicio, testimonios y documentación aportada en el proceso. Y, por eso, decidió “no recomendar” el juicio político. Sin embargo, en el documento leído esta tarde en el pleno, se sostiene lo contrario. Allí, se detalló que “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos "pools" de empresas con los que Flopec EP (Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana) tenía relación contractual en el transporte de crudo”.
“Jamás cumplió su deber constitucional previsto en el artículo 233 de la Carta Fundamental y, al contrario de remover y denunciar penalmente a los funcionarios responsables de estos ilícitos, permitió que el señor Valm. Jhony Estupiñán sea cesado ilegalmente del cargo de gerente, a pesar de que fue él quien le remitió un informe y una carta denunciando dichas irregularidades”, sostiene el nuevo informe aprobado, detalló El Comercio.
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El proyecto tiene cuatro puntos resolutivos:
- Enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso porque “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que Flopec tenía relación contractual” y aseguraron que el Presidente “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec”.
- Disponer al presidente de la Asamblea que continúe con la tramitación del proceso de juicio político.
- Difundir de manera inmediata la presente resolución y el expediente íntegro del proceso a todos los asambleístas.
- Notificar al presidente Lasso con esta resolución.
El camino hacia el juicio político comenzó a resonar cada vez más fuerte al cabo de las elecciones regionales de febrero pasado, que incluyeron una consulta constitucional. La gestión quedó tambaleando tras el rechazo en las urnas y, en medio de los altos índices de violencia, una crisis carcelaria que se desbordó a las calles, la Asamblea Legislativa decidió abrir la puerta al proceso de destitución.
Caso de peculado contra Lasso
El supuesto peculado por el cual se señala a Lasso se cometió en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas - Flopec, que transporta el petróleo ecuatoriano. Las y los asambleístas denunciaron una supuesta red de corrupción y los vínculos “de larga data” entre el mandatario y el expresidente de esa entidad, Hernán Luque Lecaro, por lo que señalan que “resulta inverosímil” que Lasso no supiera lo que sucedía. En esa línea, señalaron las visitas que Luque hacía al Palacio de Carondelet y dijeron que eso significa que le dio el consentimiento para los actos de corrupción en Flopec. En los considerandos, incluso también hablaron de los audios filtrados por el medio digital La Posta. En el dictamen indicaron, también, que Lasso habría permitido que se firme un contrato, a pesar de que habría sabido que era lesivo para el Estado, por un examen de Contraloría y una alerta del gerente de esa empresa naviera estatal.
Según el dictamen de la Corte Constitucional, el mandatario puede ser juzgado políticamente en la Asamblea por las repercusiones de un posible peculado. Este es un delito, en que un funcionario público utiliza de manera ilegítima dineros o bienes públicos para obtener un beneficio propio o de terceros.
El Gobierno se defendió
Marco Troya y Ana Belén Cordero, asambleístas de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), defendieron la actuación de la Comisión de Fiscalización. Cordero justificó además el supuesto nuevo contrato del que habla el correísmo. Dijo que el adendo firmado en octubre de 2022 no es un nuevo contrato, y que UNES está tergiversando la información para decir que hay pruebas del supuesto peculado cometido por Lasso. “¿Si no hay informe motivado, sobre qué van a juzgar al presidente Lasso? ¿Sobre la demanda que la Corte Constitucional dijo que es “mínimamente verosímil”?”, preguntó Cordero.
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