La Corte Constitucional de Ecuador admitió la acusación de juicio político por el delito de peculado -negligencia- contra el presidente, Guillermo Lasso. De esta manera, el órgano judicial allanó el camino para la destitución de un mandatario fuertemente golpeado en las últimas elecciones regionales -en febrero pasado-, sobre el que además pesa la sospecha de estar involucrado en una red de corrupción para realizar nombramientos en empresas públicas. El camino ahora sigue en manos de la Asamblea Nacional, que será la encargada de llevar a cabo el proceso.
La respuesta de Lasso fue cortada y tajante. "El Gobierno nacional rechaza el juicio político, respeta la decisión del a Corte y ratifica la inocencia del presidente", sostuvo en un comunicado la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El pedido había sido aprobado en una sesión convocada de último momento en la noche del miércoles, por seis votos a favor y tres en contra: el máximo tribunal resolvió "admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado". En el mismo encuentro, los magistrados desecharon otra causal que había planteado la Asamblea Nacional por el presunto delito de concusión.
Tras evaluar el pedido de juicio, la Corte Constitucional consideró que en la solicitud "se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso", por lo que dio luz verde al Legislativo para que inicie la investigación y el juicio que, en caso de que la oposición alcance los 92 votos necesarios, le daría el cierre definitivo sólo dos años de mandato de Lasso.
"El peculado es un delito de resultados, se confirma con informes y sentencias. Este juicio político va a dar un ejemplo al país, de que tiene que pesar el derecho, la política tiene que honrar el derecho. Este presidente va a pedir todas las fuerzas de oficios necesarias", dijo ante la prensa el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio.
El camino de salida de Lasso comenzó hace rato, de hecho, ya que es el segundo juicio político al que se enfrenta, pero comenzó a tomar más forma el 5 de febrero de este año, cuando se realizaron las elecciones regionales y la consulta popular que él mismo impulsó y que perdió de manera rotunda. En marzo de este año, comenzó el camino de no retorno: la Asamblea aprobó por 104 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones el informe no vinculante de una comisión legislativa que recomienda llevar a juicio político al Presidente por el caso conocido mediáticamente como “El Gran Padrino”, pero que la Fiscalía General denominó “caso Encuentro”. El nombre, no es casual. Ese es el eslogan que hasta entonces utilizó la gestión actual: “El Gobierno del Encuentro”.
La investigación surgió a partir de un reportaje periodístico, publicado en enero por el medio de comunicación digital La Posta, que detallaba una red de corrupción para adjudicar contratos y realizar nombramientos. Estarían involucrados el empresario y -uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil- Danilo Carrera Drouet, cuñado y amigo personal del presidente Lasso; y Rubén Cherres Faggioni, empresario –con acciones en distintas empresas- que supuestamente operaba a nombre de Carrera.
En el centro de la escena se encuentra también Hernán Luque, designado por el mismo presidente como su delegado para la administración de Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), que dejó el cargo en octubre de 2022. En los audios filtrados se lo escucha solicitando dinero para ser depositados en cuentas en el exterior y menciona al cuñado del mandatario, Carrera.
Los delitos que se investigan son supuesta concusión, cohecho, lavado de activos, delincuencia organizada. Estos hechos implican a EMCO EP con resonancia en Flota Petrolera Ecuatoriana y la Corporación Eléctrica del Ecuador. La investigación, en tanto, llegó tras un año de fuertes movilizaciones, crisis carcelaria y repudio generalizado ante la mala gestión del mandatario.
Esta situación, incluso, llevó a que la Fiscalía General allanara el Palacio de Carondelet. "Esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del Presidente", sentenció la Secretaría presidencial en el comunicado difundido este mediodía y consideró que "el planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno. Como es de conocimiento público, el documento ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores".
"Las inconsistencias en los argumentos de este juicio no acabarán con nuestra visión de servir a cada uno de ustedes, ecuatorianos", cerraron. En tanto, el pedido de salida hacia el presidente proviene desde distintos desde la asamblea están al frente las y los legisladores Viviana Veloz (UNES, correista), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik, brazo legislativo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Pedro Zapata (Partido Social Cristiano) y Rodrigo Fajardo (separado de Izquierda Democrática).
"Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea", dijo en Twitter Viviana Veloz, diputada por el partido UNES, del expresidente Correa, y una de los 58 miembros de la asamblea que presentó el pedido de juicio político.
¿Cómo será el proceso y cuánto tiempo puede demorar?
Pedro Velasco, asambleísta oficialista y miembro de la Comisión de Fiscalización, explicó que una vez que toman conocimiento de la decisión de la corte, se notifica al Presidente, a las y los asambleístas demandantes. Según informó el portal El Mercurio, se aplicarán los siguientes plazos:
- 10 días para que los asambleístas interpelantes presenten la contestación con pruebas
- 10 días para que presenten pruebas de cargo y descargo
- 10 días tiene la Comisión para presentar el informe.
- Entrega del informe al presidente de la Asamblea Nacional para la socialización
- En 48 horas debe convocar a sesión del pleno e incluyendo en el orden del día el juicio político
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