El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió vetar parcialmente una ley que regula el aborto por violación, aprobada el mes pasado por la Asamblea Nacional. La decisión provocó el rechazo de organizaciones sociales que defienden la interrupción legal del embarazo.
Según expertos, el veto es "inoficioso"; es decir, que no conduce a nada. Esto es porque las mujeres continúan sin poder ser judicializadas en caso de abortar por violación. Frente a esto, grupo feministas apuntaron a Lasso por "poner obstáculos". "Es inconstitucional, no es de un Estado laico", expresaron sobre la determinación.
Por su parte, la directora de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de La Torre, dijo a la Agencia Sputnik: "El aborto en caso de violación está despenalizado. Las mujeres no pueden ser judicializadas, esa es una decisión inapelable que consta en la sentencia de la Corte del año pasado. No hay vuelta atrás; no va a haber ley que impida que las mujeres aborten en caso de violación". La organización Fundación Desafío busca la equidad tanto en el ejercicio de los derechos sexuales como también en los reproductivos.
En abril del año pasado, la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación, -con siete votos a favor y tan solo dos en contra- tras acoger la acción de inconstitucionalidad presentada en julio de 2019 por distintas organizaciones civiles como: Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Desafío y el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. En dicha petición se pidió declarar la inconstitucionalidad de dos normas del Código Orgánico Integral Penal (COIP): por un lado se determinaba que la persona que hiciera abortar a una mujer de forma consentida fuera sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años y, por el otro, que la mujer que causara su aborto o permitiera que otro se lo causara sería sancionada con prisión de seis meses a dos años. Uno de los jueces argumentó que "la maternidad no puede ser impuesta porque se convertiría en una forma de tortura a las víctimas" de abuso.
El presidente ecuatoriano sostuvo, entre otras cosas, que la normativa no desarrolla adecuadamente el derecho de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud; que la ausencia de requisitos genera inseguridad jurídica para los médicos y prestadores de salud; y que la Asamblea Nacional dio al aborto por violación la categoría de un derecho humano fundamental, lo cual -señaló- es contrario al ordenamiento jurídico.
Frente a esto, Gómez De la Torre enfatizó: "No vivir un embarazo no deseado, producto de violación, es un derecho que está consagrado en la Constitución: tomar decisiones libres y responsables en la vida sexual y reproductiva; una violación es una vulneración a ese derecho constitucional, por lo tanto abortar en caso de violación se convierte en un derecho, aunque él diga que no".
Mientras tanto, diferentes grupos feministas, activistas y de personas que defienden el aborto por violación se están organizando en dos frentes. Por un lado, desde lo legal para actuar contra el veto presidencial y por el otro, a través de protestas y marchas en contra del gobierno por el veto a la ley. En Ecuador anualmente quedan embarazadas más de 3 mil niñas de entre diez y 14 años y el 12 por ciento de las jóvenes de 10 a 19 años han estado embarazadas al menos una vez, muchos de esos casos a consecuencia de una violación.
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