El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, presentó su segundo y último informe de gestión ante lo que llamó la “ciudadanía” y no ante la Asamblea Nacional, como debería haber sido, luego de que decidiera cerrar el organismo cuando estaba pronto a ser destituido por un juicio político en su contra. La ceremonia se realizo en el marco de los 201 años de independencia del país en conmemoración de la Batalla de Pichincha, tras los tradicionales desfiles militares. Allí, el mandatario defendió la decisión de aplicar el mecanismo conocido como “muerte cruzada”, previsto en la Constitución: “Se cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder liderado por sectores políticos que se habían trazado como meta la cooptación de todo el Estado”.
Lasso habló por más de una hora en un acto que se realizó en la dependencia del Ejecutivo llamada Plataforma de Quitumbe, en Quito. Allí, estuvieron presentes los altos mandos de las policías, de las fuerzas armadas, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick; ex asambleístas de Creo -el partido oficiaista-, así como Guadalupe Llori, ex presidenta de la Asamblea y de las filas de Pachakutik -brazo político de la CONAIE-, también estuvo presente en la Plataforma Gubernamental y representaciones de la ciudadanía -en la transmisión, incluso, indígenas-, en lo que pareció ser una demostración de poder ante la decisión que tomó hace menos de diez días cuando se desarrollaba un juicio político en su contra. “Esta decisión, y ustedes lo han hecho sentir, cuenta con la aprobación de más del 80 por ciento del pueblo ecuatoriano”, afirmó el mandatario, que se ocupó de acusar a los sectores de la oposición de “golpista”, para luego hacer un repaso de lo que consideró los logros de su administración.
“Nuestro país ha sido capaz de salir de crisis profundas y siempre elegir la democracia como el sistema más conveniente para resolver nuestras diferencias. Hace ocho días, utilizando un mecanismo democrático, reconocido en la Constitución de la República, puse fin a una confrontación política que tenía inmerso al país en una crisis que se agudizaba con el tiempo”, justificó ni bien comenzó su discurso ante un público que mantuvo un aplauso intenso y sostenido cuando dijo que había disuelto la Asamblea Nacional. Para Lasso se trató de una decisión “histórica” por la profundidad de su significado -fue la primera vez que un presidente la utilizó y, además, fue respaldada por la Corte Constitucional-.
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El segundo proceso de destitución contra el mandatario inició en marzo, al cabo de unas elecciones regionales -que incluyeron un referéndum constitucional- en el que la ciudadanía demostró su rechazo al Gobierno actual. Perdió la capital, Quito; y Guayas, que quedaron en manos del correísmo; y se rechazó la consulta para cambios impulsados por el propio presidente. Pero no sólo eso: las denuncias por corrupción contra el Ejecutivo al mano de Lasso resonaron cada vez más fuerte, así como la crisis económica; la creciente confrontación por el alto costo de la vida con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) -el actor social más poderoso, con mayor capacidad de movilización y de presión popular en el país, justamente-; y, para más, una crisis carcelaria desbordada a las calles, que hizo que se marcaran los números más altos de la violencia de los últimos años.
“Nunca más un presidente de la república quedará a merced de una Asamblea que dedique su tiempo para conspirar e impedir que un Gobierno avance en la agenda del desarrollo de un país”, dijo y explicó que su opción fue darle la opción a las y los ecuatorianos la posibilidad de elegir a nuevos representantes. “Son ustedes los que tienen el poder”, indicó e insistió en que implementar el artículo 148 (de muerte cruzada) fue para “volver el poder al pueblo ecuatoriano”.
Según dijo, esta maniobra, también contó con el apoyo de las embajadas de los “países hermanos”, quienes habrían reconocido “la valentía y el talante democrático de esta medida”, al igual que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -que ya convocó a los próximos comicios- y la Corte Constitucional, que también dio el visto bueno.
“La inmensa mayoría ha aplaudido la aplicación de la muerte cruzada como la mejor sanción moral contra los obstruccionistas con evidentes afanes golpistas que traicionaron los principios democráticos. Ahora los ecuatorianos debemos elegir un nuevo gobierno y otra Asamblea Nacional, un acto democrático que hace más fuerte la institucionalidad”, sostuvo y pidió “con humildad” porque se elijan a “los mejores ecuatorianos para evitar que la historia se repita”. En esa línea, Lasso se animó a hacer una convocatoria de cara a los comicios que están confirmados para el 20 de agosto: “Esta oportunidad nos permite avanzar hacia una concertación nacional. Con generosidad podremos encontrar metas nacionales, propósitos comunes, como a seguridad ciudadana, que sin ninguna duda es la razón de Estado más importante que debe unir al país, este compromiso democrático es un compromiso por la vida y por el futuro de cada ciudadano”, dijo. A continuación, paso a enumerar lo que consideró sus logros de gestión en materia económica, educativa y salud, entre otros.
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Nuevo cambio en el gabinete
Pocas horas antes de iniciado el acto para la presentación del informe, Lasso anunció el primer cambio en su gabinete desde la disolución de la Asamblea Nacional. Ahora, el ex legislador César Rohon será el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, que asumirá en reemplazo de Darío Herrera, a quien el mandatario agradeció su desempeño en la función, según una declaración de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, repicada por el diario El Comercio. Sobre Rohon, exdiputado por el Partido Social Cristiano, opositor al Gobierno, el comunicado resalta su "destacada trayectoria política y empresarial" y señala que "impulsará las obras públicas y viales más urgentes en beneficio de la ciudadanía". En tanto, en su perfil de Twitter, Lasso le dio bienvenida y lo calificó como "un ciudadano honorable que ha servido al país y que hoy asume el gran proyecto de reconstruir la vialidad, afectada por el duro invierno", además de desearle "éxitos".
Según dio a conocer el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se esperan más cambios, pese a que el Gobierno finalizará en noviembre.
Elecciones anticipadas
El CNE confirmó el calendario electoral dispuesto para las elecciones anticipadas. El 20 de agosto, serán las generales presidenciales y legislativas; mientras que el 15 de octubre es la fecha tentativa para una posible segunda vuelta. Tanto el mandatario como los miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento) que resulten electos, no iniciarán un nuevo mandato, sino que completarán el período ya iniciado, hasta 2025, conforme a lo establecido en la Constitución.
El organismo, además, aprobó el presupuesto para todo el proceso y anunció que la primera etapa irá del 28 de mayo al 10 de junio para la inscripción de candidaturas. El 6 de agosto se conocerá el listado final de participantes, con vistas a una campaña que durará del 8 al 17 de ese mismo mes y que dará paso el día 20 a los comicios, y a una consulta popular vinculada a la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní, que está ubicado en la Amazonía y es considerado una de las zonas de mayor concentración de biodiversidad del mundo. Si ningún aspirante a la Presidencia obtiene más del 50% de los votos o un 40% con una diferencia de al menos diez puntos con respecto al segundo, habrá una segunda vuelta. La oficialización de la fecha es una prueba para partidos y alianzas que deberán, casi a contrarreloj, decidir candidatos, discutir eventuales coaliciones y decidir mecanismos de campaña apenas meses después de las regionales de febrero.
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