El Gobierno de Guillermo Lasso anunció que presentará los recursos legales necesarios para evitar que Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), recupere su libertad. El lunes, la Justicia había aceptado un recurso de hábeas corpus presentado por el ex funcionario que ordenaba su excarcelación. Esta era la segunda vez que Glas recibía un beneficio similar porque en abril estuvo a punto de salir de prisión, pero esa medida también fue revocada.
Rubén Molina, juez de la ciudad costera de Portoviejo, le dio esta nueva oportunidad a Glas, quien está preso desde fines de 2017, con condenas firmes por dos casos de corrupción: uno por asociación ilícita relacionado con la trama Odebrecht (con 6 años de cárcel) y otro por cohecho ante la financiación ilegal para su movimiento político (con 8 años). También fue condenado por malversación de fondos públicos (peculado) en un contrato petrolero denominado el caso "Singue", que todavía está en fase de apelación. Glas negó todos los cargos desde el primer momento y denunció una trama de "lawfare" y persecución política en su contra.
De acuerdo al magistrado, "la vulneración de sus derechos de salud e integridad física no han sido atendidos de forma integral" en los últimos cinco años que estuvo preso. La medida se extendió también a Daniel Salcedo, quien fue sentenciado por peculado a 13 años de prisión por sobreprecios en la adjudicación de fundas para cadáveres al Hospital Ceibos de Guayaquil.
Sin embargo, el Ejecutivo ecuatoriano ya adelantó que no dejará que este beneficio siga su curso. "Las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico y contribuya a la anarquía judicial a la que intentan llevarnos algunos jueces", expresó el Gobierno en un comunicado oficial.
En el comunicado, el Gobierno también aseguró que ni Glas ni Salcedo habían presentado tal acción de hábeas corpus, pero remarcó que todo ello había aparecido este lunes en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje). Además, el Ejecutivo mencionó que ni la Procuraduría del Estado (Abogacía), ni el sistema penitenciario nacional (SNAI) habían sido convocados a la audiencia respectiva, "lo cual añade otra irregularidad".
Asimismo, acotó que ya había sido presentado otro recurso de hábeas corpus en la Corte de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, en favor de Glas, "por lo que la competencia para resolver esta situación ya la tenían otros jueces". "El país necesita recuperar la seguridad jurídica como pilar de la convivencia democrática", concluyó el comunicado oficial.
Una causa bandera para el anticorreismo
En abril pasado, el ex vicepresidente Glas ya obtuvo un hábeas corpus dictaminado por un juez de la localidad de Manglaralto, situada en la costera provincia de Santa Elena, cuya Corte Provincial de Justicia revocó por no ser la jurisdicción correspondiente y por no notificar a la Procuraduría (Abogacía) General del Estado, lo que le obligó a Glas a volver a la cárcel tras 40 días en libertad.
Cuando Glas dejó la cárcel por ese breve período, después de cuatro años y medio, el Gobierno dispuso el control policial permanente de sus movimientos para evitar una eventual salida del país.
La defensa del ex vicepresidente argumentó que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que este caso se tratara de manera excepcional por la "gravedad y urgencia" que corría la salud del imputado.
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