La Comisión de Fiscalización de las Asamblea Nacional (órgano unicameral) determinó, tras más de un mes de investigación, que el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, “no ha incurrido en el presunto delito de peculado”. El proceso de destitución comenzó tras una serie de denuncias contra familiares y funcionarios cercanos al mandatario, que acabaron en un allanamiento al Palacio de Carondelet. Todavía resta el debate y su aprobación en el pleno del Congreso, para lo que no hay fecha prevista.
Según informó el portal El Universal, el informe de 278 fojas señala que no se pudo establecer responsabilidad política por peculado sobre los supuestos perjuicios al Estado de parte del presidente. El documento recogió la parte sustancial del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional sobre la solicitud de juicio, testimonios y documentación aportada en el proceso. Por eso, decidió “no recomendar” el juicio político. Entre los pasos a seguir, resta la remisión del informe al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, a fin de que se lleve a cabo el procedimiento correspondiente para convocar al pleno para su conocimiento, debate y resolución.
El proceso se inició en el marco de una crisis política e institucional que tiene al mandatario contra las cuerdas en este segundo año de Gobierno, sobre todo, después de las elecciones regionales -que incluyó una consulta Constitucional- de febrero en las que perdió fuertemente. La crisis carcelaria desbordada en las calles, con números de violencia cada vez más altos; y el rompimiento de la mesa de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE, la organización social y política más fuerte del país) hacen parte del panorama que se vive en la actualidad.
En ese contexto, el pasado 16 de marzo Viviana Veloz (UNES, aliado al correísmo), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik, brazo político de la CONAIE), Pedro Zapata (Partido Social y Cristiano) y Rodrigo Fajardo (separado de la Izquierda Democrática), con el respaldo de 59 firmas, presentaron la solicitud de juicio al primer mandatario por supuesto delito de concusión y peculado; y, luego de algunos ajustes, el Consejo de Administración Legislativa. El 24 de marzo se admitió a trámite y remitió el documento a la Corte Constitucional para su revisión y dictamen.
A su turno, la Corte Constitucional con seis votos admitió la solicitud de juicio político por el delito de peculado y dispuso que en el proceso se excluyera la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada “Otros Indicios que vulneran el principio de confianza”.
El Gran Padrino o caso Encuentro
Mientras tanto, se esperan novedades sobre la investigación la realiza la Fiscalía General del Estado -que tiene en la mira a varios funcionarios públicos dentro de empresas públicas-, que también fue parte del impulso de la investigación en el Congreso contra el Presidente. La iniciativa surgió a partir de un reportaje periodístico, publicado en enero por el medio de comunicación digital La Posta, que detallaba una red de corrupción para adjudicar contratos y realizar nombramientos. Estarían involucrados Danilo Carrera Drouet, cuñado y amigo personal del presidente Lasso; y Rubén Cherres Faggioni, empresario –con acciones en distintas empresas- que supuestamente operaba a nombre de Carrera.
En el centro de la escena se encuentra también Hernán Luque, designado por el mismo presidente como su delegado para la administración de Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), que dejó el cargo en octubre de 2022. En los audios filtrados se lo escucha solicitando dinero para ser depositados en cuentas en el exterior y menciona al cuñado del mandatario, Carrera.
Los delitos que se investigan son supuesta concusión, cohecho, lavado de activos, delincuencia organizada. Estos hechos implican a EMCO EP con resonancia en Flota Petrolera Ecuatoriana y la Corporación Eléctrica del Ecuador.
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