El comandante de las Fuerzas Armadas del Ecuador, el almirante Jaime Vela, confirmó la militarización de los puertos durante el estado de excepción en el marco de la crisis de seguridad que vive el país, que llevó a la declaración de conflicto armado interno y a que 22 organizaciones criminales y narcotraficantes fueran catalogadas por el Gobierno como “terroristas” y “actores beligerantes no estatales”. En ese contexto, fueron detenidas más de dos mil personas y asesinados cinco “terroristas”. "Hemos militarizado puertos, hemos brindado mayor seguridad a los aeropuertos. La militarización de los puertos es a cargo de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, cumpliendo con diferentes convenios internacionales", precisó Vela en sus redes sociales, tras una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador (COSEPE).
El jefe militar también contó que fueron intervenidos diez complejos carcelarios, otro de los centros de disputa de poder entre las organizaciones, además de los puertos. "Las Fuerzas Armadas mantienen el ritmo operacional y estamos realizando intervenciones en las cárceles para conseguir armas, municiones y explosivos y sustancias sujetas a fiscalización", dijo e informó que, entre el 9 y el 19 de enero de 2024 un total de 2.369 personas fueron detenidas, 158 por cargos de terrorismo, mientras que 11 policías que estaban retenidos fueron liberados y hasta 32 presos fueron "recapturados".
En el detalle, también corroboró que, al menos, cinco “terroristas” fueron asesinados y dos policías murieron "en cumplimiento de su deber", mientras que se han llevado a cabo 72 operaciones contra grupos terroristas y donde fueron incautadas 885 armas de fuego. Cabe destacar que el conflicto armado interno declarado por el Gobierno de Daniel Noboa permite a efectivos responder o atacar con disparos, sí así lo consideran, y la Asamblea Nacional avaló la posibilidad de exoneración a quienes maten “en cumplimiento de su deber”.
La esposa de Fito liberada tras llegar a Ecuador
La esposa de uno de los criminales más buscados del país sudamericano fue encontrada en Argentina junto con sus hijos e hijas y deportada para el Ecuador. Sin embargo, como no tenían cargos en su contra, fue liberada junto con el resto de las personas.
José Adolfo Macías, alias “Fito”, es una de las razones por las que Noboa decidió declarar el estado de excepción: el primer fin de semana del año el narcocriminal se habría escapado de la cárcel de Guayaquil. Por esos mismos días, su esposa Inda Mariela Peñarrieta, ya ocupaba una casa que habían comprado en efectivo en un barrio privado de la provincia de Córdoba junto a sus hijos y hasta el personal de limpieza.
Desde hace al menos siete años las autoridades de Ecuador sospechas de Peñarrieta e investigan su vertiginoso paso de enfermera a acaudalada empresaria. El primer caso empezó el 29 de junio de 2017. El fiscal César Suárez -asesinado esta semana en Guayaquil- formuló cargos por presunta delincuencia organizada en contra de 21 personas, entre las que se encontraba Adolfo Macías, alias 'Fito', que ya por entonces estaba preso, al igual que otros siete procesados del caso.
Sin embargo, desde prisión, estas personas -en complicidad con otras afuera de la prisión- encabezaban una estructura dedicada al robo de vehículos, sicariato y extorsión, en Manta. La cronología del crimen del fiscal Suárez, quien en esa época se desempeñaba en Manta, había interceptado varias llamadas de los procesados. Por eso, pidió que se hiciera el reconocimiento pericial de la voz de varios sospechosos. En la lista estaba Mariela Peñarrieta, esposa de 'Fito'.
Sobre la base de esos indicios, el 4 de octubre de 2017, Suárez pidió la vinculación de Peñarrieta y otras 16 personas. En total, ya había 38 procesados en esa causa. Entre los elementos presentados por Suárez para vincular a Peñarrieta estaban las llamadas y mensajes que había mantenido con 'Fito'. Además, contaba con un reporte de análisis financiero, en el que la mujer tuvo ingresos USD 1,1 millones y egresos por USD 108.000. Pese a ello, el 11 de noviembre de 2017, el fiscal se abstuvo de acusar a la esposa de Fito, por lo que el juez de la causa la sobreseyó y liberó de la presunta responsabilidad en este caso, según la información que reconstruyó el portal Primicias. Según el archivo del caso, Suárez presentó el dictamen abstenido un día antes de la audiencia en la que se debía definir si los procesados eran llamados a juicio. Además, se beneficiaron Jorge y Julio Peñarrieta Tuárez, hermanos de la mujer y cuñados de 'Fito'.
En marzo de 2018, 'Fito' aceptó el delito y se sometió a un procedimiento abreviado: recibió una sentencia reducida de 28 meses de cárcel.
La siguiente alerta sobre Peñarrieta saltó en 2020, la Fiscalía inició una investigación previa por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado, de varias personas cercanas a 'Fito'. Con informes del sistema financiero, de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), abrió la instrucción fiscal y formuló cargos por los tres delitos a: Mariela Peñarrieta. Jorge y Julio César Peñarrieta Tuárez (hermanos de Inda Mariela), antes sobreseídos también en el caso por delincuencia organizada. Ronald Macías Villamar (hermano de 'Fito'). Ramón Macías Intriago (primo de 'Fito').
En las cuentas de Peñarrieta, en ocho bancos y una cooperativa, entraron depósitos por USD 2,1 millones, entre 2013 y 2019. Ella también es accionista y gerente de las empresas Queenwater S.A. y de la compañía de transporte de Carga Pesada, Jomavi S.A., ambas domiciliadas en Manabí. Tres meses después, en noviembre de 2020, el juez Juan Espinosa acogió varios argumentos de la defensa y sobreseyó a todos los procesados.
La Fiscalía apeló y la Corte Provincial de Manabí revocó el auto de sobreseimiento, en febrero de 2021. Pero en julio de 2022 el Tribunal de Garantías Penales de Manta, conformado por los jueces Mary Quintero Prado, José Luis Alarcón Bowen y Loren Romero Cedeño, conoció el proceso por una última apelación de los procesados y ratificó el pronunciamiento del juez de primera instancia, declarando la inocencia de los procesados.
Con información de Télam
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