Este domingo, más de 13,4 millones de ecuatorianas y ecuatorianos acudirán a las urnas en un proceso de elecciones anticipadas, signadas por los asesinatos que trajeron a la escena principal el problema del narcotráfico. Un problema de años de arrastre que bien sirve para bloquear cualquier debate sobre las consecuencias de dos períodos de gobierno neoliberales y el potencial retorno de una fuerza popular al gobierno, representada por el correísmo.
El 9 de agosto, sin protección y luego de un conjunto de “desinteligencias” en los procedimientos de su equipo de seguridad, fue abatido a manos de un grupo de sicarios el candidato presidencial Fernando Villavicencio, en un acto de campaña público.
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Villavicencio, representaba al movimiento Construye lista 25 (MC25). Difícil es determinar, por el comportamiento errático de las encuestas, en qué posición de la tabla de las candidaturas preferidas se encontraba, ya que algunas consultoras lo ponían, aunque lejos de la candidata de Revolución Ciudadana, en segundo lugar y otras en cuarto o quinto. Sin embargo era reconocido por su trabajo periodístico y su investigación de una trama de supuestos sobornos, que devino en la causa que condenó a 8 años de prisión al ex presidente Rafael Correa en 2020. Asimismo, en su rol de y presidente de la Comisión Fiscalizadora, en la Asamblea Nacional, había jugado un papel clave para dilatar el proceso del juicio político al Presidente Lasso, antes de que decretara la “muerte cruzada”.
El periodista y político, que también pasó por las filas del movimiento indigenista Pachakutic, fue vinculado en el marco de una investigación periodística con la agencia de inteligencia estadounidense CIA. En su campaña, enarboló la bandera de la lucha contra el narcotráfico y las mafias. Estaba amenazado de muerte y tenía altas probabilidades de ser acribillado, según denunció el pasado 16 de agosto Edison Carrillo, candidato a diputado por el movimiento Amigo, al acusar de omisión dolosa al presidente Guillermo Lasso. En dicha acusación también se inculpa al ministro del Interior, Juan Zapata y el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, por las negligencias que expusieron al candidato a la situación que lo llevó a la muerte.
Rafael Correa aseguró que con un hecho de esta magnitud la derecha política ecuatoriana busca impedir el triunfo en primera vuelta de su movimiento político. Una situación que parecía probable, si se observa que el único dato en el que coincidían las diferentes encuestadoras era en el liderazgo de la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González. "Siempre se dijo que Villavicencio era informante de la CIA y cuando se sube demasiado de perfil con estos informantes, cuando ya se le desborda sus ambiciones y quiere ser presidente, es un estorbo también para la CIA", expresó el ex presidente, al comentar sobre la manera en que perjudica el acontecimiento al triunfo al que se aprestaba su movimiento político.
Lo cierto es que la espiral de violencia, que resultó en un reciente decreto presidencial de estado de excepción, se ha ido extendiendo desde el año pasado a este, como un manto que cubrió la contienda electoral.
En febrero, a sólo un día de las elecciones municipales, fue asesinado el candidato por Revolución Ciudadana a Alcalde de Puerto Lopez, Omar Menéndez. En el mes de julio, un conjunto de episodios agravó la situación: fue asesinado el Alcalde de Manta, Agustín Intriago, junto a la futbolista Adriana Chancay, que se había acercado para pedirle apoyo cuando se desató una balacera. También fue asesinado en el noroeste de Ecuador, el candidato a asambleísta por Esmeraldas, Ryder Sánchez, de la alianza Actuemos, que lidera el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Al final de mes, se desató un motín penitenciario, que se extendió hacia otros penales dejando un saldo de 31 muertos. Al reciente asesinato de Villavicencio, se sumó pocos días después el de Pedro Briones, dirigente en Esmeralda de Revolución Ciudadana.
Los medios de comunicación no han ahorrado tinta en la utilización del hecho para persuadir a la población sobre la responsabilidad del correísmo por la situación violenta que atraviesa el país.
“Muchos expertos en seguridad temen que el poder de las mafias del narcotráfico aumente en Ecuador si la candidata de Correa, Luisa González, gana las elecciones del 20 de agosto”, escribió en una nota el reconocido exponente de la CNN internacional Andrés Oppenheimer, quien dedicó extensos párrafos a situar el origen de la violencia en el gobierno de la Revolución Ciudadana en 2007 y en demostrar de qué manera, el retorno al gobierno de dicha fuerza, empeoraría la situación. “González lidera en las encuestas, porque muchos ecuatorianos recuerdan con nostalgia los años de Correa, durante los cuales Ecuador se benefició de una bonanza histórica en los precios mundiales del petróleo”, justificó el periodista, sobre lo que parece a su juicio una opinión equivocada del electorado, o al menos, de lo que dicen las encuestas sobre lo que prefiere el electorado.
Lo que la violencia no deja ver
La violencia a causa del aumento del protagonismo del narcotráfico, en lo económico, lo social y lo político, evidentemente es un problema en sí mismo en Ecuador. Según datos brindados por la Policía ecuatoriana, el 2022 cerró con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100 mil habitantes. Además, entre el 1° de enero y el 2 de julio del corriente año, se registraron 3568 muertes violentas. Si se compara con los 2042 crímenes de este tipo que se cometieron en el mismo período de 2022, el vertiginoso incremento supera el 74%, y cuando se compara las cifras desde 2019, éstas se han cuadruplicado.
Sin embargo, tal como explicó Abraham Verduga, abogado, comunicador y magíster en Democracia en una entrevista que pudimos realizarle, la violencia y los efectos del narcotráfico en cada una de las esferas de la vida social han ido ganando territorio en el país en la misma proporción en que se ha ido reduciendo el Estado y ensanchando las brechas de la desigualdad. Algo que ocurre a partir de la implementación de políticas neoliberales.
“El axioma es el siguiente: a mayor desigualdad, mayor inseguridad. A mayores privilegios de una pequeña oligarquía decadente, mayores problemas sociales y eso no falla. La brecha de desigualdad se ha ensanchado de una manera dramática en Ecuador y eso comenzó a ocurrir, no hay que olvidarlo, desde el gobierno de Lenin Moreno. Se destruyó la inmensa obra pública que se realizó en el gobierno de Rafael Correa, se achicó el Estado y se disolvieron ministerios sumamente importantes, como por ejemplo el Ministerio de Justicia y los resultados de eso son elocuentes. Ecuador llegó a ser el segundo país más seguro de la región, según Latinobarómetro y hoy se encuentra entre los más violentos”, comentó Verduga.
Mientras en el último tramo de la campaña los discursos se inclinan hacia un amplio abanico de propuestas para el combate de la inseguridad y el narcotráfico, el endeudamiento y las medidas recetadas por el Fondo Monetario Internacional, que provocaron un profundo movimiento de calle con articulación urbana y campesina en el país, van saliendo del cuadro de las cámaras televisivas.
Las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas Ecuatoriano, indican que la tasa de pobreza multidimensional alcanza un 38,1% (datos de diciembre de 2022), al tiempo que sólo un 34,5% de la población accede a un trabajo adecuado (datos de junio de 2023).
El próximo domingo culminará una caldeada etapa de la política institucional ecuatoriana. El próximo gobierno, que debe completar el período 2021-2025 luego de la maniobra del banquero presidente Guillermo Lasso para evitar la culminación de un juicio político por corrupción, tomará posesión a fines de noviembre.
Evidentemente los graves problemas de la situación social y económica ecuatoriana no podrán ser resueltos en un año y un mes de gobierno. La esperanza, este domingo, estará puesta en el pueblo ecuatoriano y su marcha segura hacia un profundo proceso reorganizativo que le ha permitido ocupar de manera firme y aguerrida las calles del país para oponerse a las políticas de endeudamiento, privatización y exclusión social. Se trata de un momento de inflexión para la Revolución Ciudadana también, que con su principal líder proscripto mediante el lawfare, pero una amplia alianza social y política articulada en el territorio nacional, se enfrenta en las urnas a la continuidad del gobierno de y para muy pocos.
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