Ecuador: el camino hacia el juicio político contra Lasso

El 5 de febrero pasado el Gobierno de Guillermo Lasso recibió un revés tan fuerte que dejó tambaleando a su gestión: perdió en las elecciones regionales y en la consulta de reforma Constitucional que él mismo había impulsado. La consecuencia directa fue que el rumor del juicio político, que ya sonaba de fondo, se hizo más fuerte. Al cabo de un mes, la Asamblea Legislativa abrió la puerta a un posible proceso de destitución, el segundo en dos años de mandato. “No es sólo reemplazar a Lasso sino de la recomposición de esta crisis orgánica que tiene el Ecuador, y para eso se precisa de actores que no están ahí”, explicó a El Destape el analista Franklin Ramírez.

Todo se volvió más real cuando la Asamblea aprobó a principio de mes y por 104 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones el informe no vinculante de una comisión legislativa que recomienda llevar a juicio político al Presidente por el caso conocido mediáticamente como “El Gran Padrino”, pero que la Fiscalía General denominó “caso Encuentro”. El nombre, no es casual. Ese es el eslogan que hasta entonces utilizó la gestión actual: “El Gobierno del Encuentro”.

Aunque dio la sensación de que el proceso estaba encaminado, las bancadas legislativas aún evalúan sus posiciones. Para que la posibilidad de un juicio político avance primero un legislador debe formalizar la solicitud con el respaldo de al menos 46 legisladores. Una vez que sea presentado, deberá ser calificado por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y enviada a la Corte Constitucional (CC). En caso de recibir del visto bueno del tribunal, la propuesta regresaría al CAL, que lo redireccionaría a la Comisión legislativa de Fiscalización, que debe pronunciarse al respecto, y, recién si esta recomienda el juicio político, se dará paso a este trámite, que solo podrá ser aprobado con 92 votos.

“La petición de juicio está en firme y será presentado a mediados de marzo”, informaron en un comunicado las bancadas del Partido Social Cristiano (aliado en un primer momento del Gobierno), la Izquierda Democrática (ID), Pachakutik (brazo legislativo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y Unión por la Esperanza (UNES, una alianza correísta). Aunque UNES alcanza por sí sola la cantidad de votos necesarios, las negociaciones continúan y el escenario es incierto: el indigenismo y la ID exigieron en los últimos días que se fiscalice a “todos los gobiernos”, lo que incluiría al anterior, de Lenin Moreno; y al del propio Rafael Correa.

Lo que no está claro es cuál será la causal para enjuiciar al Presidente, puesto que el informe del caso Encuentro detalla dos, señaló el portal Primicias: delito contra la Seguridad del Estado y delito contra la Administración Pública, como concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, en el grado de comisión por omisión.

El Gran Padrino o caso Encuentro

La investigación la realiza la Fiscalía General del Estado y tiene en la mira a varios funcionarios públicos dentro de empresas públicas. Surgió a partir de un reportaje periodístico, publicado en enero por el medio de comunicación digital La Posta, que detallaba una red de corrupción para adjudicar contratos y realizar nombramientos. Estarían involucrados Danilo Carrera Drouet, cuñado y amigo personal del presidente Lasso; y Rubén Cherres Faggioni, empresario –con acciones en distintas empresas- que supuestamente operaba a nombre de Carrera.

En el centro de la escena se encuentra también Hernán Luque, designado por el mismo presidente como su delegado para la administración de Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), que dejó el cargo en octubre de 2022. En los audios filtrados se lo escucha solicitando dinero para ser depositados en cuentas en el exterior y menciona al cuñado del mandatario, Carrera.

Los delitos que se investigan son supuesta concusión, cohecho, lavado de activos, delincuencia organizada. Estos hechos implican a EMCO EP con resonancia en Flota Petrolera Ecuatoriana y la Corporación Eléctrica del Ecuador.

A días de haber perdido las elecciones, la Fiscalía General realizó un allanamiento más entre los tantos que hasta el momento había llevado a cabo, pero este fue especial. Allanó el Palacio Carondelet, donde el Presidente tiene su oficina. En ese momento, tres de los hombres más cercanos al presidente presentaron su renuncia y Lasso hizo un cambio de gabinete para “darle aire” a la gestión.

El escenario incierto

En diálogo con El Destape, el profesor de Flacso-Ecuador Franklin Ramírez sostuvo que si Lasso sale del Gobierno “no es claro que haya alternativas para recomponer el escenario fácilmente”, debido a la crisis orgánica que vive el país. El último año, Lasso atravesó un fuerte paro indígena –acompañado por el resto de la sociedad- disparado por el alto costo de la vida materializado en el precio del combustible y, también, una crisis carcelaria sin precedentes. Los niveles de violencia llegaron a tal punto que Guayaquil pasó a estar entre las ciudades más peligrosas del mundo. Enero de 2023, por ejemplo, cerró con 166 homicidios, un 66% más que en 2022, según fuentes de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, reportó el portal El Comercio.

A esto se sumó el resultado de las recientes elecciones que dejó tendida a la gestión actual y llevó a que la Conaie, por ejemplo, decidiera salirse de las mesas de diálogo y denunciar que “no existió” la voluntad política para responder al pliego de demandas que habían pautado. La conclusión, además, fue pedir la renuncia del mandatario. Un movimiento al que, también, se sumó el ex presidente Correa.

“En medio de la presencia del narco y una derecha dura, el campo democrático y popular todavía no tiene los acuerdos”, explicó Ramírez y señaló que sacar al Presidente “sólo sería una respuesta a la crisis de deslegitimación política de la presidencia, no mucho más que eso”.

Ante la posibilidad de que el juicio político se caiga, el riesgo país cayó de 1859 puntos a 1585, según informó el medio local La República. No obstante, todavía figura entre las economías más riesgosas de la región. Como lo explicó el propio Ramírez en un artículo publicado en la revista NUSO, se trata de un país que cuenta con una “enorme acumulación de reservas internacionales” en el Banco Central, pero cuya economía no crece de manera acorde y los servicios públicos se deterioran.

“Cuando uno ve los casos que están saliendo, en las élites que rodean a Lasso -adentro y afuera del Gobierno- con prácticas absolutamente opacas en la economía, llevando al Estado a capturar rentas a como dé lugar. Esta vieja lógica corrupta y rentista de las élites que le rodean en el marco de su aislamiento de la sociedad, que pulverizan su legitimidad y lo deja sin salidas democráticas en este momento”, indicó Ramírez.

Otro factor que se suma a la debilidad gubernamental es su falta de capacidad para mantener las alianzas y establecer negociaciones. Lo que quedó en claro esta semana cuando la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) del Gobierno quedó completamente sola al momento de frenar el avance del juicio político. “Hay una extrema fragilidad política que se ve acelerada por un programa de gobierno que no contenta a nadie, ni a los mercados y una bajísima capacidad gubernativa, de gestión y eso pone a la sociedad, a la población, a la opinión pública en su contra”, explicó el analista.

¿Cuáles son los escenarios que se avizoran? En cualquier caso –se quede o vea la salida- la figura de Lasso ya está completamente debilitada y deslegitimada. Para Ramírez, no obstante, hay una suerte de “transición en curso”, en la que los factores de poder “se están reordenando”.

“Hay que ver cómo esos factores de poder que se movilizaron arriba lo acompañan a sus dos últimos años de gestión, si sigue en el poder, que ahora mismo es una alternativa más probable”, indicó y consideró que es posible que la Corte –encargada de dar el aval para el juicio político- no aporte su visto bueno.

“Él puede sobrevivir en esta coyuntura en unas condiciones de mucha mayor debilidad, con la posibilidad de que el conflicto social crezca, que la movilización crezca, al tiempo que los relojes de todos los actores políticos están calibrados en el 2025”, auguró y previó, de todos modos, un escenario cuanto menos desfavorable para la sociedad si el juicio político no prospera, que consideró que es previsible una “derrota contundente para el campo popular” y para organizaciones como Revolución Ciudadana o Pachackute.

“Ante un presidente tan débil, no ofrecer alternativas claras a la sociedad puede costarle mucho tanto a Lasso como a estos propios actores. El nivel de rechazo de la sociedad a la política y a los políticos es enorme, y una coyuntura así donde todo esté enlodado donde no se ofrezcan alternativas, por más que eso no sea responsabilidad de los partidos, les va a pesar”, advirtió.