Con la promesa de la Asamblea Legislativa de continuar este domingo el debate sobre una posible destitución del presidente Guillermo Lasso, Ecuador amaneció hoy más tranquilo. Pero eso no significó que el paro nacional declarado e impulsado desde hace dos semanas por el movimiento indígena se suspendió o que las protestas terminaron. La calle esperó todo el día expectante el reinicio de la sesión legislativa que, según la prensa local, se podría extender hasta bien entrada la madrugada.
La tensión, después de dos semanas de protestas pacíficas, represión y luego confrontación, era palpable en la capital. Tras cinco muertes de manifestantes, el presidente Lasso anoche anunció el fin del estado de excepción, bajo el cual impuso un toque de queda nocturno y militarizó la ciudad, y buscó así calmar el clima social y político. Para algunos fue un gesto para garantizar que la oposición no alcanzara los 92 votos de los 137 que componen la cámara que se necesitan para destituirlo.
Por ahora, ese objetivo no es seguro. El pedido de destitución lo presentaron los 47 diputados de UNES, la alianza correista que ganó la primera minoría en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales, pero luego perdió con Lasso en el ballotage por no conseguir aliados, entre ellos el brazo político del movimiento indígena, Pachakutik.
Por ahora, Pachakutik y otros partidos opositores que no apoyan al correísmo no se expresaron a favor de la destitución presidencial. Por el contrario, algunos apoyaron la posición del presidente en las últimas semanas.
Por eso, quizás, Lasso se sintió lo suficientemente seguro de no presentarse ayer sábado ante la Asamblea Legislativa, como lo requiere la ley en este tipo de debate, y enviar a su secretario jurídico, Fabio Pozo. Su ausencia fue muy críticada tanto dentro del correismo como entre los miles de indígenas y manifestantes que protestan contra el alza de los precios siguen en las calles en todo el país.
Aunque en su mayoría las protestas han sido pacíficas, las jornadas del jueves y viernes se tornaron violentas en la capital. Los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública se avivaron con la represión policial. La sede presidencial permanece bloqueada con vallas metálicas, alambres de cuchillas y uniformados. Uno de sus accesos advierte: "En caso de ingreso no autorizado se hará uso de la fuerza letal".
Se espera que las intervenciones de los diputados terminen esta madrugada y luego la cámara tendrá un plazo máximo de 72 horas para votar. Si la destitución es aprobada, el poder lo asumirá el vicepresidente Alfredo Borrero, y se llamará a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del período (hasta 2025). Esta salida institucional, conocida en el país como Muerte Cruzada, no es algo inédito. Ecuador ha sido testigo de este tipo de inestabilidad política varias veces entre 1997 y 2005.
Como sucedió en esos años, las protestas opositoras las lidera el movimiento indígena, institucionalizado en la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Mientras para Lasso se trata solamente de una pulseada de poder del presidente de esta organización, Leonidas Iza, para el movimiento es una movilización para frenar la política neoliberal del Gobierno y, concretamente, la actual alza de precios,
El Gobierno se niega a discutir su política económica y denuncia el creciente desabastecimiento de combustible que está generando la crisis. "Estamos totalmente conscientes (...) estos días de lucha se ha generado desabastecimiento. Si el gobierno no se hubiera puesto tan necio, seguramente no hubiéramos estado tantos días aquí", declaró en un video Iza, con su tradicional poncho rojo y sombrero negro.
Ecuador, cuya dolarizada economía empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios por las crisis, según cifras oficiales. La industria petrolera, el principal rubro de exportación ecuatoriano, está produciendo al 54% de su capacidad, por la toma de pozos y los cortes de ruta, que el domingo llegaban a 19 de las 24 provincias.
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Sin mayor respaldo político formal que su partido, Lasso cuenta por ahora con el apoyo explícito de los militares, que cerraron filas en torno de su gobierno.
Los relatores especiales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación se mostraron preocupados por la violencia institucional en Ecuador y exhortaron al representante ecuatoriano ante Naciones Unidas a colaborar en una investigación sobre las acciones realizadas por el Estado durante las protestas, según publicó Télam.
"Estamos particularmente preocupados por los actos de violencia por parte de fuerzas policiales y militares en contra de miembros del movimiento indígena del país", escribieron José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de pueblos indígenas, y su par sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, en una carta dirigida a Emilio Rafael Izquierdo Miño, representante permanente ante la ONU.
Según el informe enviado por los Relatores Especiales a Izquierdo Miño, hasta el 19 de junio se habían reportado en total "86 presuntas detenciones arbitrarias, 61 personas heridas, 18 de ellas graves".
En el mismo sentido, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales argentinos relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales y violación al derecho de protesta en el país durante los 14 días que lleva la crisis.
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La misión argentina dijo en su primer informe que recabó testimonios y realizó entrevistas ayer en la zona céntrica de Quito, entre otros lugares en La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque El Arbolito.
El papa Francisco, en tanto, llamó al "diálogo" y a "la paz social". "Animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas", escribió en Twitter.
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