El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador por el Movimiento Construye, impactó tanto en la arena local como en la internacional a tan sólo diez días de las elecciones generales, convocadas de manera anticipada por el mandatario Guillermo Lasso. En un contexto de grave crisis de seguridad, con fuertes escenas de violencia en las cárceles como en las calles de algunas de las provincias, el presidente solicitó la asistencia de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), que llegará al país en las próximas horas. Mientras, desde el partido del candidato confirmaron su participación en los comicios.
“He solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EEUU aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país”, informó Lasso en Twitter. En la jornada de ayer, cuando se conoció el hecho, el mandatario también anunció la instalación del estado de excepción en todo el país -mecanismo que ya estaba implementado en distintos estados desde 2021 a causa de la grave crisis de seguridad y de violencia que atraviesa el país-.
Según explicó el portal Metro, esto implica la movilización de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía en todo el país, así como también las habilita para “hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza”. También, se limitan derechos constitucionales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Lasso, en un mensaje en cadena nacional este miércoles por la noche, también decretó tres días de duelo nacional.
Villavicencio -a quien las encuestas lo ubicaban entre el cuarto y quinto lugar- se hizo reconocido por sus denuncias contra la corrupción como periodista, sobre todo, en épocas del expresidente Rafael Correa en el marco de los negocios petroleros. En ese momento, incluso, llegó a autoexiliarse en la amazonia ecuatoriana, en Perú y en Estados Unidos denunciando persecución por parte de la entonces gestión. En las elecciones que llevaron a Lasso a la presidencia, Villavicencio consiguió una banca en la Asamblea Nacional, en donde estuvo al frente de la Comisión de Fiscalización que se negó a recomendar el juicio político contra el actual mandatario para investigar, en mayo de este año, sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
La investigación por el asesinato
Según informó el portal El Universo, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, dio a conocer que Villavicencio contaba con tres anillos de seguridad: uno interno, compuesto por cinco policías, otro intermedio, de “reacción” conformado por el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden, y dos patrulleros que conformaban el cerco externo. Además, contaba con un vehículo blindado de su propiedad, que estaba en Guayaquil.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, contó que los detenidos son de nacionalidad extranjera y que pertenecen a una organización criminal, aunque no especificó a cuál. Aunque la información es variada, el portal El Universo, indicó que las autoridades reconocieron que se trata de personas de nacionalidad colombiana y dos de ellas tenían orden de captura por encubrimiento y la prohibición de salir del país desde el 4 de agosto pasado. En el lugar, tras las pericias balísticas se halló una pistola, que se confirmó que fue utilizada en el atentado. También se localizó un artefacto explosivo tipo granada, que fue lanzada contra las unidades policiales que no estalló. Como indicios hubo 61 vainas 9 milímetros y 3 vainas calibre 2,23.
Luis Fernández, abogado de la familia, por su parte, reclamó por las dificultades para retirar el cuerpo del candidato. “No hubo una seguridad adecuada, con una persona que tenía el 97 por ciento de correr peligro su vida. Se puede ver en los videos y vamos a ver con la familia las acciones judiciales a seguir”, declaró ante la prensa, según se pudo ver en el portal Primicias.
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La decisión del Movimiento Construye
En conferencia de prensa, integrantes del Movimiento Construye confirmaron que participarán de las elecciones que están convocadas para el próximo 20 de agosto. Andrea Gonzáles, compañera de fórmula de Fernando Villavicencio; Patricio Carrillo, candidato a asambleísta nacional; y Antonio López, jefe de campaña presidencial, anunciaron que realizarán una asamblea nacional para decidir el reemplazo de Villavicencio.
"Hoy nosotros no vamos a hablar de lo que corresponde al tema y a la materia electoral, eso lo vamos a dejar a un lado, porque no vamos nosotros a improvisar. Tenemos que sentarnos y en una gran asamblea, nos corresponde ver quién será el reemplazo de Fernando", dijo Carrillo y solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que les permita actuar en igualdad de condiciones de cara al debate que tiene fecha para este domingo 13 de agosto.
Además, declararon que solicitaran asistencia internacional para la investigación del asesinato de su compañero: “La motivación es indiscutiblemente política, contra un actor que lo único que quería era cambiar la forma de hacer política en el país”, dijo Carrillo, reportó el portal Primicias.
El llamado de Yaku Pérez
“Invito a los candidatos a dejar a todas las banderas políticas y a hacer un pacto social por la seguridad”, dijo en un mensaje en sus redes sociales Yaku Pérez. “No puede continuar esto, hay que parar la violencia”, manifestó. Horas más tarde, informó, también que se había comunicado con la mayoría de las y los candidatos para llevar a cabo un encuentro liderado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Pérez llegó a esta contienda impulsado por una coalición de izquierdas compuesta entre Unidad Popular, Democracia Sí, Partido Socialista y Somos Agua. Es la segunda vez que busca llegar a la presidencia, después de que en 2021 quedó en tercer lugar. Fue prefecto del Azuay por Pachakutik antes de optar por la primera magistratura. Nory Pinela es su compañera de fórmula.
Los números de la violencia en Ecuador
Aunque su asesinato marca un hito en la historia reciente del país, no fue el único en este contexto: en julio asesinaron a un candidato a diputado Rider Sánchez Valencia, en Quindé, Esmeraldas -centro de la violencia en el último tiempo junto con Guayaquil-. En el mismo mes, fue atacada la gobernadora de la provincia de Los Ríos, Connie Jiménez, aunque salió ilesa.
En tanto, según publicó recientemente el portal Primicias, las muertes en el país se incrementaron en un 74% en el primer semestre de este año, en un país cada vez más atravesado por la violencia. Entre el 1 de enero y el 2 de julio de 2023, en el país se registraron 3.568 muertes violentas. Si se compara con los 2.042 crímenes de este tipo que se cometieron en el mismo período del 2022, el incremento es del 74,73%, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc).
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