La presidenta del Perú, Dina Boluarte, lamentó hoy que el Congreso rechazara el adelanto de las elecciones para diciembre que ella había reclamado e instó a que se depongan intereses personales y partidarios para encontrar "una salida a la crisis política" que vive el país desde 50 días y que dejó hasta el momento más de 50 muertos, además de provocar desabastecimiento en algunas zonas por bloqueos en decenas de rutas.
"Lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales, donde peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades", escribió Boluarte en Twitter.
"Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y grupales y colocar por encima los intereses del Perú. Nuestras ciudadanas y ciudadanos esperan con prontitud una respuesta clara que permita allanar una salida a la crisis política y construir la paz social", añadió la mandataria, en su primera reacción desde que el Parlamento fracasara en la madrugada en la idea de adelantar las elecciones generales para este año.
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La propuesta presentada por el congresista fujimorista Hernando Guerra García, del partido de derecha Fuerza Popular (FP), fue derrotada por 65 votos contra 45, por lo que se mantiene el proyecto de realizar los comicios generales en abril de 2024.
Al cierre de la sesión, el fujimorismo presentó una "reconsideración" de esta votación que será vista el lunes, aunque es muy difícil que se revierta el resultado.
Boluarte, cuyos 50 días de gestión han estado marcados por protestas en su contra que dejaron 46 civiles y un policía muertos en enfrentamientos directos más otros 10 fallecidos en circunstancias ligadas al conflicto, había pedido ayer que las elecciones se programaran para diciembre de este año, como manera de salir más rápido del "atolladero" actual con escenas de bloqueos, escasez y violencia en diferentes regiones de Perú.
La propuesta votada en el Congreso incluso anticipaba las elecciones para octubre, de manera que la presidenta, los congresistas y autoridades electivas entregaran el poder en diciembre de 2023.
Pero la izquierda insistió en que debía incluirse un referendo sobre la Asamblea Constituyente, propuesta rechazada por un amplio espectro de la política peruana.
Otras fuerzas denunciaron una supuesta maniobra para sacar provecho electoral de parte de Fuerza Popular, partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
Boluarte, quien descarta renunciar pero a la vez asegura que no tiene interés en aferrarse al poder, asumió la jefatura del Estado el 7 de diciembre, cuando como vicepresidenta reemplazó a Pedro Castillo, destituido por el Congreso después de que intentara cerrar el Legislativo y gobernar por decreto.
Las protestas y bloqueos de ruta para reclamar la renuncia de Boluarte, el adelanto de comicios y, en menor medida, convocatoria a una asamblea constitucional, no dan tregua y generan escasez de combustible, alimentos e insumos médicos.
La legisladora Susel Paredes, de centro, lamentó la falta de voluntad en el Congreso para adelantar de elecciones y criticó a los partidos de derecha como Renovación Popular y Avanza País, que se opusieron al adelanto, y de izquierda, que según ella se aprovecharon para impulsar una Asamblea Constituyente.
"No veo de ninguna de las dos partes una vocación de llegar a un acuerdo y de verdad necesitamos llegar a un acuerdo, para eso estamos los congresistas. Si estamos aquí representando a las distintas posiciones políticas y a las distintas regiones del país, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo", indicó en entrevista a la radio RPP Noticias.
En las regiones más enojadas con la destitución de Castillo, y ahora más afectadas por la caída del turismo y la escasez de productos básicos, solo quieren la renuncia de Boluarte.
"No podemos esperar. Tiene que ser pronto", dijo a la agencia de noticias AFP Sandra Zorela, una docente de 53 años en Cusco, joya del turismo internacional y paso obligado a la ciudadela inca Machu Picchu, actualmente casi cerrada.
El Ministerio de Comercio y Turismo indicó ayer que el sector ha perdido 6,2 millones de dólares diarios por la crisis política y se han cancelado 85% de los paquetes turísticos.
Entre los episodios violentos de ayer destacó el ataque a la casa del gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, por parte de un grupo que lanzó palos y piedras porque acordó con el primer ministro facilitar operaciones para desbloquear las vías en este departamento de la selva, a unos 1.500 kilómetros al sureste de Lima.
Otsuka respondió con disparos con un arma de fuego, informó el diario peruano La República.
"Yo no tengo que enfrentarme al tumulto y le digo a la presidenta de la República indignado, yo he podido estar en la morgue, yo tengo armas, alrededor de 5 con licencia, pero eso no es para disuadir tumulto", se quejó el gobernador en una entrevista con el canal de televisión ATV.
Desde el Gobierno de Madre de Dios emitieron un comunicado rechazando los actos vandálicos que se registran en la región desde el jueves y señalaron que lo ocurrido en la vivienda de Otsuka es un acto que linda con lo delincuencial, por lo que invocaron al Ejecutivo y al Legislativo resolver este problema lo antes posible.
Los prolongados bloqueos generaron escasez de combustible, gas licuado de uso doméstico y algunos alimentos en regiones del sur andino y de la selva, pobres e históricamente marginados del centralismo de Lima.
"No hay gas ni gasolina. En las bodegas solo se consiguen víveres no perecederos y todas las cosas están muy caras, hasta el triple de lo normal", aseguró Guillermo Sandino, un experto en marketing radicado en Ica.
Los ministerios de Defensa y del Interior anunciaron el jueves que la Policía y las Fuerzas Armadas desbloquearán las rutas del país tomadas por los manifestantes.
Mientras tanto, en el centro histórico de Lima continúan convocándose manifestaciones a las que se espera la llegada de miles de peruanos desde todo el país.
Con información de Télam