El paso de los meses no hizo que cesara el rechazo en contra de la gestión de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Por el contrario, hay paros, bloqueos de rutas y miles de personas que se movilizan en la capital del país en lo que llamaron la “tercera toma de Lima” para exigir la salida de la mandataria, una asamblea popular constituyente y el cierre del Congreso. Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos internacionales, el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y la Misión del Alto Comisionado, ambas de la ONU, solicitaron al Gobierno que respeten los derechos humanos de las personas y a manifestarse.
Para la noche y luego de varias horas de movilización, varios manifestantes intentaron aproximarse al Congreso y fueron reprimidos por la policía, quienes usaron bombas de gas lacrimógeno y balas de goma. En ese contexto, la periodista Gabriela Ramos recibió un proyectil en la cara y otros cinco en el resto del cuerpo, según el diario limeño La República, que exhibió una foto en la que se ve la herida sangrante en el rostro de la cronista.
Poco después, la Defensoría del Pueblo informó a través de Twitter que su titular, Josué Gutiérrez, había llegado al lugar de los disturbios y supervisaba "la atención que reciben personas afectadas por gases lacrimógenos y personas heridas, a fin de que se garantice su derecho a la salud". Hasta cerca de las 20 (las 22 en la Argentina) no se habían reportado oficialmente heridos ni detenidos.
La convocatoria fue realizada desde el Comité Nacional Unificado de Lucha en el Perú (Conulp) y el Comando Unitario Nacional de Lucha (Cul), además de organizaciones indígenas y de estudiantes. Y además de las demandas ya mencionadas, reclaman Justicia para las víctimas de la represión encabezada por el Gobierno en ocasiones anteriores y la liberación del ex mandatario Pedro Castillo, cuya salida se dio en el marco de una crisis institucional y política en diciembre del año pasado. Esa situación, dio lugar a la toma de posesión de su vice, lo que es catalogado por gran parte de la población como un golpe en su contra.
“Invocamos a las autoridades a aplicar, conforme a ley, el uso legítimo de la fuerza y garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en la marcha, así como la paz y tranquilidad de quienes deciden no hacerlo”, dijo el jefe de Gabinete, Alberto Otárola a la prensa desde Palacio de Gobierno, junto a la misma Boluarte; el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y el presidente del Congreso, José Williams, el viernes pasado.
Según un documento difundido por la Defensoría del Pueblo y publicado por el diario El Comercio, las movilizaciones se llevarán a cabo, al menos, en 24 de las 25 regiones que tiene el país. Entre ellas, Lima, Tacna, Arequipa, Puno, Cusco y Ayacucho, zonas de las más golpeadas durante la represión ni bien asumió su puesto Boluarte. Además, el portal Wayka informó que la Defensoría registró al menos 37 provincias -de 195- y 22 ciudades con movilizaciones.
"Esta lucha continuará hasta lograr el objetivo final, que es una verdadera democracia donde los criminales de lesa humanidad logren ser juzgados y se establezca un nuevo Gobierno de cambio, donde el pueblo construya un gobierno popular con amplias mayorías", dijo el secretario de la CGTP, Gerónimo López, a Wayka.
En el seguimiento que se puede hacer desde las redes sociales en los distintos puntos se pueden ver desde intervenciones artísticas, como una en la que se puede ver a una mujer simulando ser una Barbie -como la película que se acaba de estrenar-, pero cuya personificación es la de Boluarte y lleva el mote de “genocida”. “Asesina” y “fascista”, son otras de las denominaciones que se pueden leer en los carteles que llevan las personas, así como denuncias contra el Congreso: “Guarida de politiqueros corruptos y mafiosos, ¡fuera!”, dice la pancarta que sostiene un hombre en Piura. En otro, un grupo de personas sostienen un pasacalle con el llamado a un referéndum para un adelanto de elecciones.
“Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 manifestantes perdieron la vida, 11 personas murieron en el contexto de los bloqueos de carretera y cientos resultaron gravemente heridas. En mayo, Amnistía Internacional publicó un informe que documentaba 25 de esas muertes y que concluyó que 20 de ellas serían ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha, no se han presentado cargos contra ningún funcionario público por los delitos cometidos”, sostiene un comunicado de Amnistía Internacional difundido este martes.
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