Perú: ¿otro caso de manual?

A casi dos meses del Golpe de Estado que destituyó a Pedro Castillo, luego de un confuso episodio en su extenso conflicto con el Congreso de la República, continúan las manifestaciones callejeras en Perú. Dina Boluarte, la vicepresidenta que hoy gobierna asentada en las bancadas fujimoristas del Poder Legislativo y en las fuerzas de seguridad del Estado, se encuentra ahora en el centro del enorme descontento popular. 

Sobre Boluarte pesa desde el jueves 26 de enero un pedido de vacancia por sus responsabilidades en las acciones represivas de la Policía Nacional Peruana (PNP) y la Fuerzas Armadas que, según datos oficiales, ya se ha cobrado 57 vidas y 1658 heridos.
Pese a que la violencia represiva estatal no cesa, el pueblo peruano no deja de salir a las calles a pedir la renuncia de Boluarte, a exigir un llamado anticipado a elecciones y a reclamar un cierre del Congreso, la institución central de la ingeniería jurídica que el fujimorismo legó al país en la Constitución de 1993 para perpetuar el diseño político y económico neoliberal. 

La victoria de Castillo, que llegó al poder con el eslogan “No más pobres en un país tan rico”, había sido permanentemente objetada por sus opositores. El reconocimiento institucional tardó casi un mes en efectuarse. A partir de allí la Fiscalía Pública, emprendió al menos 33 acusaciones contra Castillo, mientras que el Congreso arremetió con tres procesos de vacancia.

Sin embargo, las acusaciones jurídicas y políticas que pesan sobre el “Profe” Pedro Castillo quedan diluidas al considerar ciertas líneas de la historia institucional y económica peruana. Ante un programa popular de gobierno que no llegó a concretarse por desinteligencias y traiciones en las fuerzas progresistas, el Golpe aparece apalancado por una Constitución que amaña el desgobierno y la avidez de los intereses extranjeros por los recursos naturales peruanos. Es que Perú posee una enorme reserva de los recursos que son fundamentales para la transición energética, como el litio y el cobre, en un mundo que ingresó a la fase digitalizada del capitalismo, en medio de la crisis internacional y el desabastecimiento que produce la guerra europea en territorio ucraniano.

El pasado 19 de enero, se realizó un Paro Nacional y las Organizaciones sindicales, indígenas, campesinas se movilizaron desde diversas regiones del país hacia Lima en lo que llamaron “la nueva marcha de los cuatro suyos (puntos cardinales andinos)”. La misma, recupera el nombre de la masiva movilización del pueblo peruano contra la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000. El mismo día, un documento firmado por Boluarte, dirigido al titular del Parlamento, José Williams Zapata, causó revuelo debido a que pedía la aprobación parlamentaria para el ingreso al Perú de personal militar extranjero.

Muchas miradas apuntan a la embajada al preguntarse por las causas más profundas de lo que ocurre por estos días en Perú. Sin embargo, durante esa jornada de enormes protestas, la embajada de Estados Unidos (que no perdió el tiempo en condenar a Castillo y abrazar la llegada de Boluarte a la presidencia en diciembre) marcó distancia con la emisión de un comunicado en el que pidió respeto a los Derechos Humanos y reconoció el derecho de protesta, lamentando las muertes y saludando la visita de la Comisión de Alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lisa Kenna, la actual embajadora de Washington en Lima, fue designada por la administración de Trump, y ha sido caracterizada como una veterana de la CIA. En el gobierno de Trump, Kenna también se desempeñó como Secretaria Ejecutiva y Asesora Principal en el Departamento de Estado. Antes, también prestó servicios como Asesora Política en la Oficina del Secretario de Defensa y fue Directora de la Oficina de Irak en el Consejo Nacional de Seguridad. También se desempeñó como jefa de la Sección Política en la Embajada de los Estados Unidos en Jordania, adicionalmente a sus asignaciones en Egipto, Pakistán y Eswatini. 

Oportunamente, Kenna mantuvo una reunión con el recién asumido Ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas, tan solo dos días antes de que, ante un mal cálculo en la relación de fuerzas, Pedro Castillo decidiera disolver temporalmente el Congreso para convocar a nuevas elecciones parlamentarias, acción que provocó su inmediata e ilegal destitución y  apresamiento. 

Una semana antes del Golpe,  una delegación de la Policía Nacional Peruana visitó el cuartel General y la Academia de Policía del FBI en Washington para recibir capacitación, según informó la embajada.

Las regalías mineras

A nivel latinoamericano, la minería peruana ocupa el primer puesto en producción de oro, zinc y plomo. Por otro lado, y a nivel mundial, ocupa el segundo lugar en producción de plata con 4,100 toneladas métricas y en cobre, con 2, 46 millones de  toneladas métricas, que representan el 12% de la producción mundial. Además es el sexto productor de oro (4.8% del mercado). También es un gran productor de hierro y de gas natural licuado (GNL). Estos datos posicionan a Perú como uno de los principales productores mineros en todo el mundo.

A partir del conflicto en Ucrania, la Unión Europea se ha constituido en uno de los principales exportadores de gas natural licuado (GNL) peruano. Quizás así se explique el apuro de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, así como la Unión Europea, en visitar a Dina Boluarte cuando los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia, expresaron su preocupación por la situación de Perú.

Recientemente, quien más claramente describió los intereses norteamericanos en la región fue la Jefa del Comando Sur (USSOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la General Laura Richardson, que en una entrevista que se conoció el pasado 19 de enero puso énfasis en los recursos naturales latinoamericanos y en el diálogo permanente que su organismo militar promueve y sostiene con el gran empresariado de su país en América Latina.

El 18 de enero, un mes después del Golpe a Castillo, el Ministerio de Minas y Energías de Perú comunicó una reunión entre la embajadora Kenna y el ministro nombrado por Dina Boluarte, Oscar Vera Gargurevich. “Un diálogo institucional de alto nivel entre Perú y Estados Unidos, que abordó temas de desarrollo del sector minero”, fue la definición del ministro sobre la reunión en twitter. 
“El ministro Vera agradeció el apoyo del Gobierno norteamericano en temas minero-energéticos y reiteró la voluntad del Gobierno Nacional, cuya prioridad es la masificación del gas natural, la seguridad energética y el desarrollo petroquímico en el sur del país”, agregó.

Tras un encuentro con Boluarte, Kenna escribió en twitter que acudió a la sede del Ejecutivo para “reiterarle” a la presidenta “el compromiso de EE.UU. con la defensa de la democracia y el respeto a las instituciones”. Asimismo, señaló que su país espera “fortalecer” la “relación bilateral” con el Perú junto a la mandataria Boluarte y el “gobierno de unidad que se comprometió a formar”. La cancillería peruana agradeció el respaldo a través de sus redes sociales.

El 18 de diciembre, se supo que el Secretario de Estado (canciller) Antony Blinken, “conversó con la presidenta Boluarte sobre el compromiso de los EE.UU. para avanzar en nuestros objetivos y valores compartidos”, y agregó: “Instamos a las instituciones democráticas a realizar las reformas necesarias y continuaremos apoyando a la presidencia de Perú y al pueblo”. Una cuestión, que a la altura de los hechos parece bastante difícil de conciliar.

La constitución fujimorista estableció el rol subsidiario del Estado en el funcionamiento de la economía. Establece que el Estado asume un rol orientador, más no hace actividad empresarial, sino sólo excepcionalmente. Vigila y facilita la libre competencia, legaliza la libre tenencia de moneda extranjera y el libre cambio y defiende los intereses de los consumidores y usuarios. A esto se suma un conjunto de artículos que constituyen el andamiaje que otorga amplios poderes al Congreso, como la posibilidad de vacar al presidente y objetar a los ministros, cuestiones que contribuyen ampliamente con la obstrucción de la gobernabilidad.

Al igual que varios países de la región el país andino accedió en la década del 90 a flexibilizar su código minero, para generar condiciones favorables a las inversiones. Así se eliminó la discriminación contra los capitales extranjeros, dió libre disponibilidad de las utilidades conseguidas, redujo las tasas impositivas e incluyó facilidades e incentivos para la importación de equipos, así como esquemas de depreciación acelerada y dispensación del pago de impuestos hasta la recuperación de la inversión, entre otras medidas. Esto favoreció la extranjerización vertiginosa del sector. 

El 5 de diciembre, dos días antes de la destitución de Castillo, Perú celebraba el Día del Trabajador Minero. Ese día, en Arequipa, la embajadora Lisa Kenna visitó las instalaciones de la empresa Cerro Verde, que cuenta con capitales estadounidenses.

El Programa que exige el pueblo

Castillo había prometido en su plataforma de gobierno la revisión de las concesiones para garantizar que los beneficios de la actividad extractiva peruana quedaran en la población. Algo que el pueblo peruano entiende con claridad y  asume como parte del Programa político que lo impulsa a las calles a defender a Castillo. Pese a sus errores, los sectores rurales, urbano-populares y las extensas regiones andinas del país, ven en Castillo a  uno de los suyos. De acuerdo con los sondeos de opinión, el apoyo al detenido Pedro Castillo continúa bordeando el 30%, mientras que al Congreso apenas es valorado positivamente por menos del 10% de las personas consultadas. No está claro adónde se ubica la imagen positiva de Boluarte, a esta altura una Jeanine Añez peruana, y el apoyo a su gobierno, pero nada indica que sea superior a esas cifras.

“Este año 2023 se cumplen las concesiones a los hidrocarburos y hay otras concesiones que se ampliarían a 30 años más. Castillo no iba a firmar en las mismas condiciones y por eso tenían que bajarlo. Pero además los chinos este año tenían que firmar el contrato ferroviario  que consiste en unir Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y ya están construyendo el puerto en Chancay que está en la zona de al norte de Lima entonces ahora tenían que firmar el convenio. Esas son las causas profundas, por las cuales destituyen a Castillo. La Presidenta y otros, son los maniquíes que ellos inventan para hacer ese juego”, nos decía Lorenzo Vela, migrante peruano y miembro del comité de Nuevo Perú en la provincia de Buenos Aires, durante la CELAC Social que se realizó en el Museo Malvinas Argentinas en la Ciudad de Buenos Aires el pasado 23 de enero.

Este miércoles. Sandra Belaunde, Ministra de la Producción se convirtió en la cuarta funcionaria en pegar el portazo. Los ministros de Educación, Cultura y Trabajo habían renunciado ya en expresión de desacuerdo por la acción represiva del Estado.

Mientras las discusiones técnicas sobre la fecha de las próximas elecciones dilatan la estadía de Boluarte en el poder, el Ministerio de Defensa emprende un operativo para desalojar las calles, lo que amenaza agudizar la represión violenta en una coyuntura donde el pueblo peruano se mantiene en la calle haciendo caso omiso a la dura represión que ya se cobró la vida de más de medio centenar de personas. “Que nos maten a todos si es necesario. No tenemos miedo”, dijo a Página 12 una manifestante que denunció que la Policía Nacional Peruana disparaba con perdigones.  

La violencia institucional ya abrió un drama para el derecho humanitario y exige a los pueblos de la región a exigir un fin a la dura represión estatal, algo que empezó a tomar cuerpo en el marco de la recién culminada Cumbre de la CELAC en Buenos Aires.
Por lo pronto, el desenlace del conflicto peruano parece tener un final abierto, y nada cambiará mientras el sistema institucional siga amañado al neoliberalismo impuesto por el fujimorismo, la oligarquía limeña siga viviendo de espaldas al país profundo que la sostiene con el extractivismo rapaz de sus recursos naturales, y la “democracia” se apuntale en la represión y la violencia sistemática sobre las enormes mayorías sociales.