El Congreso de Perú aprobó este lunes la destitución del presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”. El pedido de vacancia apoyado por la mayoría de sus miembros y asentado en la utilización política de causas de corrupción abren paso a la consumación de un golpe parlamentario. Vizcarra estaba destinado a organizar el proceso electoral previsto para abril próximo. El destino de la democracia peruana es ahora incierto.
El golpe
Durante los días previos a la votación por la vacancia los ánimos políticos dentro del Congreso fueron cambiando. En un principio existía el consenso de que el entonces presidente debía ser investigado, pero no era conveniente sacarlo del poder antes de las presidenciales de abril de 2021. Horas antes de la reunión parlamentaria la suerte para Vizcarra había cambiado. La moción fue aprobada por 105 votos, 19 en contra y 4 abstenciones, superando ampliamente los 87 votos necesarios (de 130).
Se discute mucho acerca de la naturaleza de esta asonada por parte del Congreso. El diario El Comercio afirma que la acción de este órgano violó los principios democráticos que establece la Constitución Nacional: se ha visto "avasallado el principio de separación de poderes para concentrar todo el poder del Estado en un solo órgano. El Congreso no ha querido comprender y adecuar su conducta a su condición de poder constituido –tampoco lo ha venido haciendo en su actividad legislativa–, quebrando, como en tiempos que se creían superados, el orden constitucional".
Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC), órgano supremo de interpretación y control de institucionalidad, se ha negado a debatir el asunto a pesar de ser el más calificado para hacerlo y de la gravedad manifiesta que representa la situación actual. Según el diario La República "este organismo ha contribuido a una virtual parálisis constitucional del país" (…) [A pesar de estar llamado] a cerrar controversias se ha transformado en un grupo de cálculo y colaborador de la incertidumbre". Se espera que el TC discuta el tema la semana entrante, especulando con una posible disminución de la movilización popular, expresa este mismo medio.
El Congreso peruano manipuló los procesos legales, garantizó que el órgano pertinente para dirimir sobre la constitucionalidad del procedimiento se llamara al silencio, no brindó garantías al funcionario vacado (el derecho al debido proceso, por ejemplo), evidenció que sus intereses y móviles son externos al resguardo institucional (la falsa bandera anticorrupción, el intento de aplicar políticas por fuera de sus competencias legales) y asumió el poder más allá de la falta de apoyo popular. Estos son los rasgos que configuran un golpe parlamentario.
La corrupción
Vizcarra es investigado por la Fiscalía de la República en una causa de corrupción por supuestos hechos acontecidos durante su etapa como gobernador de Moquegua (2011-2014). Pero la lucha por la transparencia no parece constituir el verdadero móvil del despido. Más si tenemos en cuenta los antecedentes de los miembros del nuevo gabinete conformado después del golpe: un ministro del Interior investigado por su relación con un cabecilla de “Los Cuellos Blancos” (organización criminal conformada por jueces y fiscales), una ministra de la Mujer involucrada en un caso de corrupción relacionado a la construcción del aeropuerto de Chinchero y un ministro de Economía con 6 investigaciones abiertas por manejos irregulares de fondos; sólo por nombrar algunos.
Las causas de corrupción que pesan sobre gran parte del arco político peruano se transformaron en moneda de cambio para la negociación de cargos públicos, asignación de recursos, competencias del Estado, contratos con empresas privadas y hasta la explotación de recursos naturales. La institucionalidad neoliberal y corrupta heredada del fujimorismo no sólo no fue desarticulada durante estos últimos 20 años, sino que se profundizó hasta descomponerse, tal como lo vemos en la actualidad.
Este escenario fue bien aprovechado por el Departamento de Justicia de EE.UU., el cual terminó tomando el control de una parte del poder judicial peruano en el marco de su cruzada “anti-corrupción” emblema: el lavajato. La caída de la empresa translatina Odebrecht fue un objetivo coyuntural en el entramado de manipulación jurídica que ejerció este organismo. Actualmente su injerencia continúa contribuyendo al debilitamiento y a la fragmentación institucionales en pos de sus intereses particulares.
El nuevo gobierno
Con el golpe consumado asumió un nuevo presidente: Manuel Merino, ex titular del Congreso. Se trata de un personaje proveniente de la misma clase política corrupta que viene incidiendo en los destinos de Perú desde hace décadas. Entre los cuestionamientos que la prensa local esgrime sobre su figura se destacan su estrecha relación con las Fuerzas Armadas (a las cuales ha recurrido en más de una ocasión para que estas “intercedan” en los varios episodios de crisis políticas que viene atravesando el país) y los polémicos contratos con familiares en lugares claves de la administración pública.
La fuerza política a la cual pertenece Merino, Acción Popular (AP), y el fujimorismo representado en Fuerza Popular (cuya figura central es Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori) fueron centrales a la hora de lograr los votos necesarios para la destitución de Vizcarra. No obstante, las mismas coaliciones que hoy han tomado el poder de la Nación se encuentran divididas. El presidente de AP y gobernador de Cajamarca, así como otro de sus integrantes, el gobernador de Cusco, manifestaron públicamente su rechazo a la toma del poder por parte del ex titular del Congreso.
Como si esto fuera poco, el reconocimiento internacional del nuevo gobierno es, por el momento, nulo: ningún mandatario ha reconocido a Manuel Merino como presidente de Perú. La Organización de Estados Americanos (OEA) tampoco ha validado la legalidad de las recientes autoridades, no dándose por notificada de que en Perú hubo una supuesta sucesión constitucional. Con la paciencia especial que las autoridades de este organismo tratan las interrupciones democráticas “por derecha”, el mismo ha optado por solicitar al TC peruano que se pronuncie a la brevedad.
Las movilizaciones han ido aumentando conforme fueron pasando los días y se espera que lo sigan haciendo. En Lima, Cusco, Arequipa y Áncash miles de personas, aglutinadas en agrupaciones progresistas y no organizadas, irrumpieron en las calles con consignas como “No al golpe”, “Merino no es mi presidente”, entre otras. La composición de las distintas protestas estuvo marcada por la fuerte presencia juvenil: “se metieron con la generación equivocada”, dijo uno de los manifestantes al diario LR.
A propósito de la reacción popular ante el golpe de Estado, el nuevo gobierno no dudó en adoptar el relato típico de las derechas latinoamericanas. La Coordinadora Republicana, organización ultraconservadora que tiene como vicepresidente al ahora primer ministro de la Nación, Ántero Flores Aráoz, no dudó en asociar las movilizaciones con supuestos “agentes externos de izquierda” que, irónicamente, pretenderían acabar con el orden.
La consecución de algunos actos de gobierno vinculados a intereses propios de los sectores que dirigen el golpe, intentará imponerse más temprano que tarde. El signo neoliberal de sus agendas alertan sobre un potencial agravamiento de la crisis sanitaria producto de la pandemia y de la inestabilidad económica que atraviesa al país.
Las próximas semanas serán decisivas. El gobierno surgido del golpe deberá dotarse de legalidad, por lo menos en apariencia, o corre el riesgo de sumir al país en una crisis mayor. Las elecciones presidenciales de abril del próximo año parecen demasiado alejadas en un contexto tan inestable.
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