Mientras continúan las movilizaciones, los paros y bloqueos el Congreso de Perú se dirime entre avanzar o no en negociaciones para establecer una pronta fecha de elecciones. Ese es el principal reclamo que la ciudadanía levanta en las calles desde hace más de dos meses, cuyas protestas se extendieron a lo largo y ancho del territorio, de la mano de la violencia y la represión que el Gobierno instaló en las calles. A pocas horas de que finalice el periodo ordinario de sesiones la Mesa Directiva del Parlamento decidió extenderlas hasta el próximo 17 de febrero, sino recién podrá volver a debatirse en agosto de este año. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció ejecuciones extrajudiciales.
Según informó el portal La República, son dos las razones de esta decisión anunciada el viernes por el presidente de la Mesa directiva, José Wiliams, tal como indicaron fuentes legislativas: volver a discutir un dictamen que convoque a nuevos comicios generales y aprobar la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por “organización criminal”.
Así, resta sólo una semana para que las bancadas se pongan de acuerdo y reanuden el debate para buscar una salida a la crisis política y social que atraviesa el país desde el 7 de diciembre pasado, cuando Castillo intentó cerrar el Congreso y, más tarde, fue destituido por el Parlamento y detenido en un proceso irregular. Por ese proceso, su excompañera de fórmula y vicepresidenta, Dina Boluarte, tomó el mando del país.
El último jueves, los partidos Fuerza Popular, Perú Libre, Perú Democrático, Cambio Democrático, Podemos Perú y Bloque Magisterial habían acordado que el recorte de mandato presidencial y congresal vuelva a ser discutido –una iniciativa similar ya fue rechazada por el Congreso y una similar puede volver a ser tratada si la mitad del pleno da el visto bueno-. Sin embargo, el Bloque Magisterial –ex congresistas de Perú Libre que apoyan a Castillo– retiró su firma y puso en jaque la propuesta. Ahora, con la extensión del plazo de sesiones, basta con que una organización se sume para que Portavoces incluya este tema en debate.
Al cierre de esta nota, la congresista Silvia Monteza resultó electa como segunda vicepresidenta del Congreso con 67 votos a favor, en lugar de la congresista Digna Calle dejó ese cargo luego de que el Congreso rechazara por cuarta vez tratar el adelanto de elecciones.
El fujimorismo busca hacer cambios en el Jurado Nacional de Elecciones
El fujimorismo, nucleado en el partido Fuerza Popular, presentó una consideración para debatir una iniciativa que propone recomponer el Jurado Nacional de Elecciones. La iniciativa ya fue rechazada una vez, pero insistirá, según marcó el portal La República.
La idea es aumentar la cantidad de integrantes, de cinco a siete; y crear jurados electorales descentralizados y dos salas de segunda instancia. El ente electoral se pronunció al respecto y sostuvo que los actuales miembros tienen mandato vigente, por lo que toda reforma que implique recortarlo mediante su aplicación inmediata sería una injerencia “arbitraria e inconstitucional”.
Otra muerte, estado de emergencia y denuncia de ejecuciones extrajudiciales
En el marco de las protestas y el paro nacional que se lleva adelante desde el 9 de febrero pasado, el Gobierno nacional dispuso prorrogar el estado de emergencia en algunas regiones de la zona centro por lo que consideró “actividades terroristas y la comisión de otros ilícitos”. Según informó el portal local Wayka, el Gobierno trasfirió más de 233 millones de soles al Ministerio de Defensa para la compra de municiones y armamento para contener las protestas.
La norma señala que el estado de emergencia se prorroga en 44 distritos de los departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Cusco, ubicados en el sur, informó la agencia Télam. Esta decisión implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.
La represión policial y por parte de las Fuerzas Armadas se vio por estos días con el despliegue de más de diez mil policías en el centro de Lima dispuestos para evitar que llegara la marcha del paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú. Este viernes, en la región surandina de Puno, una de las primeras en levantarse contra el Gobierno de Boluarte, se pudo ver cómo helicópteros lanzaban granadas de gases lacrimógenos contra las personas que protestaban.
“La respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones, ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo. Masacres perpetradas en tres ciudades, junto con ejecuciones extrajudiciales más acotadas en otros lugares”, señaló en un documento la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el que también se demanda una salida política como es la renuncia de Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
Allí, detallaron ejecuciones extrajudiciales, uso de armas prohibidas como fusiles AKM, por parte de agentes del Estado, detenciones arbitrarias masivas, denuncias por violencia sexual y la perpetración de dos masacres: en Puno, con el asesinato de 17 personas; y en Ayacucho, con 10 muertes, reportó Wayka.
La Defensoría del Pueblo, al momento, constató 62 muertes en el contexto de represión.
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