La Policía Nacional del Perú solicitó la devolución de material antidisturbios que se le había entregado a Ecuador, cuando en ese segundo país las autoridades reprimían las protestas en contra del Gobierno de Lenín Moreno, en mayo de 2020, luego de haber anunciado medidas económicas restrictivas. El lote pedido por las fuerzas peruanas, inmersas ahora ellas en una ola represiva, incluye 12.000 granadas lacrimógenas.
Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo peruana contabilizó 58 personas asesinadas en el contexto de represión ordenado por el Gobierno de Dina Boluarte para frenar las protestas que hay desde hace más de un mes piden su renuncia, adelanto de elecciones y el cierre del Congreso nacional. El Congreso rechazó adelantar las elecciones pese al pedido de la mandataria y la represión no para.
Según dio a conocer el diario La República, el pedido se hizo “ante la carencia de material antidisturbios debido a las sucesivas protestas”, que se registran continuamente desde hace más de 50 días. Por eso, la Policía peruana resolvió dirigirse a la Policía Nacional de Ecuador (PNE) para que le retorne las granadas lacrimógenas que le había confiado en "un contexto de emergencia".
Cuando el gobierno de Lenin Moreno afrontó el rechazo popular a las medidas económicas que dictó, la policía ecuatoriana pidió prestado a la PNP material antidisturbios para reprimir las masivas protestas. No llegó a utilizar todo lo que recibió.
El lote que devolvió la policía ecuatoriana consiste en lo siguiente:
- 4.400 granadas lacrimógenas calibre de 37 mm.
- 1.600 granadas lacrimógenas calibre 37 mm.
- 5.000 cartuchos de 12 mm.
- 1.000 granadas de mano.
Esta no es la primera vez que la Policía peruana pide refuerzos para continuar la represión. El lunes pasado, había solicitado de manera “muy urgente” la compra de 230.000 granadas y cartuchos de gases lacrimógenos, además de otro tipo de material antidisturbios, por el aumento de las protestas sociales en diversos puntos del territorio nacional en contra del Gobierno. Ante esta situación y mientras la presidenta Boluarte pedía disculpas nuevamente por la represión sangrienta, su ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, anunciaba que estaba gestionando la adquisición de 100.000 proyectiles lacrimógenos para que las fuerzas las utilicen en las movilizaciones sociales en Lima y en el interior del país.
Este sábado, mientras las regiones más pobres del país se negaban a abandonar sus reclamos, el Ejecutivo transfirió 22,9 millones de soles (casi seis millones de dólares) al Ministerio del Interior para contratación del suministro de materiales antidisturbios para la Policía Nacional del Perú, viáticos y alimentos para el personal policial.
Rechazan adelanto de elecciones
Tras una sesión de más de siete horas, el Congreso rechazó en la madrugada del sábado un adelanto de las elecciones generales a 2023, tal como había pedido la presidenta Boluarte ante el empeoramiento de la situación y en un intento por buscar una salida a la grave crisis social y política que atraviesa el país desde hace siete semanas.
La propuesta presentada por el congresista fujimorista Hernando Guerra García, del partido de derecha Fuerza Popular (FP), fue derrotada por 65 votos contra 45, por lo tanto se mantiene el proyecto de realizar los comicios generales en abril de 2024. La propuesta incluso anticipaba las elecciones para octubre de manera que la presidenta, los congresistas y autoridades electivas entregaran el poder en diciembre de 2023.
La izquierda no acompañó porque insistió en que debía incluirse un referendo sobre la Asamblea Constituyente, propuesta rechazada por un amplio espectro de la política peruana, pero reclamada por gran parte de los manifestantes. Otras fuerzas denunciaron una supuesta maniobra para sacar provecho electoral por parte de Fuerza Popular, partido de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.
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