El Congreso de Perú aprobó una acusación constitucional contra el ex presidente de Perú Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, de acuerdo con una denuncia presentada en octubre de 2022 por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La medida fue aprobada en el cierre del periodo de sesiones -que finaliza este viernes- con 59 votos favor (se requería un mínimo de 50 para dar luz verde), 23 en contra de los partidos de izquierda, y 3 abstenciones.
En el mismo debate, con 87 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, se aprobó el informe final sobre la denuncia constitucional contra Juan Francisco Silva Villegas en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, a quien se lo acusa, también de los presuntos delitos de organización criminal y colusión.
El expediente será enviado al Ministerio Público, que podrá formalizar la investigación e iniciar proceso penal contra Castillo -que se encuentra detenido tras un proceso irregular desde el 7 de diciembre-, incluyendo medidas restrictivas. La denuncia contra el ex mandatario fue presentada el 11 de octubre pasado por la fiscal Benavides, en el marco de una serie de investigaciones que se abrieron mientras Castillo ejercía la Presidencia.
Desde el inicio, el Gobierno de Castillo fue asediado con distintas causas que dificultaron que llevara a cabo su tarea como mandatario. Entre otras, se lo señaló como cabecilla de una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro Perú. Esa situación lo llevó a enfrentar dos intentos de juicio político, para las que las y los congresistas no lograron los votos necesarios.
Sin embargo, la crisis política e institucional del país se desató el 7 de diciembre pasado, cuando el Parlamento preveía realizar una nueva votación. Ante ese escenario, en el afán por evitar su destitución, Castillo emitió un mensaje grabado en el que intentó el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial y un llamado inmediato a elecciones, en una maniobra que fue considerada como un intento de "autogolpe". Las y los parlamentarios hicieron caso omiso y decidieron votar la vacancia presidencial y expulsarlo de su puesto. Horas más tarde, en un proceso irregular, su ex compañera de fórmula y entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo y su ex compañero fue detenido en un procedimiento irregular.
Las movilizaciones que persisten hasta la actualidad comenzaron ese mismo día en el sur andino, una zona históricamente relegada, de campesinos, campesinas e indígenas, en donde hay una mayoría que aún apoya a Castillo. Pero con el correr de las y los muertos por la represión -cuyas marcas de balas de plomo ya se pudo constatar más de una vez- la ola de repudio hacia el nuevo Gobierno se extendió y llegó al centro de Lima, en donde desde el pasado 19 de enero se lleva adelante un paro nacional indeterminado y las marchas y concentraciones con diarias que exigen elecciones inmediatas, el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta.
Tras la decisión de admitir la denuncia constituicional, el Congreso se aprestaba a reabrir el debate sobre el eventual adelantamiento de las elecciones generales, al borde del límite legal que permite adoptar esa medida sin necesidad de llamar a un referendo, según lo solicitó hoy la mayoría de los jefes de bancadas. Este viernes es la última oportunidad que tienen para dar esa votación, tal como lo establece la Carta Magna del país, que prevé que el mismo proyecto de ley sólo puede ser debatido una sola vez y, en caso de ser rechazado, recién puede volver a tratarse en el próximo periodo ordinario de sesiones, es decir, entre julio y agosto de este año.
Varios de los integrantes de la Junta de Portavoces (jefes de bancadas) pidieron ayer por escrito al presidente del Congreso, José Williams, que incluya la reapertura de ese debate en el orden del día de la sesión plenaria de hoy, según el diario La República. Pero hasta horas de la tarde, esa iniciativa había entrado en la agenda.
López Obrador se enfrenta a Boluarte por la Alianza del Pacífico
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, le informó a su par de Perú, Dina Boluarte, que no le entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico, ya que lo someterá a consulta con el Grupo de Río -un mecanismo permanente de consulta integrado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela-, ya que no quiere “legitimar un golpe de Estado” contra Castillo. El mandatario mexicano fue el primero en alertar y manifestar su repudio por la salida del cargo del docente campesino, que asumió su mandato el 28 de julio de 2021.
“Yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio (la presidencia de la Alianza del Pacífico), que decidan los miembros del Grupo de Río, lo vamos a notificar para ver cuál es la opinión que tienen, si ellos dicen entregue la presidencia lo hacemos, pero sí vamos a hacer la consulta porque yo no quiero legitimar un golpe de Estado que es contrario a las libertades y a los derechos humanos y es antidemocrático”, expresó este viernes durante la conferencia de prensa que da cada mañana.
Perú debió asumir la presidencia pro témpore del mecanismo regional en noviembre, en México, pero la Cumbre fue suspendida cuando el Congreso le negó la salida del país a Castillo. La decisión de López Obrador entonces fue trasladar la reunión a Perú, pero pronto el país se sumió en la crisis en la que se encuentra en la actualidad.
"En enero de este año, Perú debía haber asumido la presidencia pro tempore. Sin embargo, por esa situación política del presidente de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico porque (...) no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico", reclamó Boluarte, un tema que además puso en común en un diálogo con partidos políticos de la derecha peruana, en donde participó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y la titular de Somos Perú, Patricia Li, reportó el portal RPP.
"Queremos decirle al presidente AMLO que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través las alianzas es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden ese bloque de la Alianza para el Pacífico", expresó.
"Lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, y lo que hay en el fondo es una actitud clasista, racista. Como se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado por el Congreso", sostuvo López Obrador, sobre el proceso judicial que se mantiene contra Castillo.
Con información de Télam
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