Ecuador declaró el estado de excepción en siete de las 24 provincias del país donde la violencia ha empeorado en las últimas semanas con varias matanzas, anunció el miércoles el gobierno, que mantiene una lucha contra las bandas del narcotráfico desde enero.
La emergencia, que permite el despliegue de militares en las calles, fue decretada por 60 días para las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, y las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, según el documento difundido por la presidencia. El presidente, Daniel Noboa, aseguró el miércoles que inició así la segunda fase de la "guerra" que le declaró desde inicios de año a las bandas del crimen organizado.
El decreto, que declaró el estado de excepción por 60 días, incluye además al cantón (municipio) de Camilo Ponce Enríquez, en la sureña provincia andina de Azuay, donde recientemente fue asesinado su alcalde. Este estado de excepción sustituye a uno anterior que había sido aplicado el 30 de abril en cinco provincias (Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos) y que el 10 de mayo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, al considerar que la medida no estaba debidamente fundamentada.
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La medida considera que en esas zonas "se han agudizado hechos de violencia sistemática, perpetrada por grupos de violencia organizada, organizaciones terroristas e individuos beligerantes no estatales".
En el marco del estado de excepción Noboa, en el cargo desde noviembre pasado, suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Bajo esa declaratoria se ordenó a los militares neutralizar una veintena de bandas criminales con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, tildadas de "terroristas" y "beligerantes", informó la agencia DW.
La Fiscalía de Ecuador investiga ocho posibles casos de ejecución extrajudicial en estado de excepción
La Fiscalía General de Ecuador está investigando ocho presuntos casos de ejecución extrajudicial que habrían tenido lugar en el más reciente estado de excepción, en medio de advertencias de grupos de derechos humanos respecto a que las autoridades no estaban tomando medidas para prevenir abusos.
Estos casos son los más graves denunciados durante el estado de excepción, declarado por Noboa desde enero hasta abril de este año, por personas detenidas, grupos de defensa y familias de las víctimas. Otros abusos denunciados incluyen casos de tortura y extralimitación, según un recuento proporcionado a Reuters por la oficina de la fiscal general.
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