En medio de las manifestaciones y huelgas en Ecuador que protagonizan movimientos indígenas contra las políticas del Gobierno de Guillermo Lasso, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales argentinos relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales, además de violaciones al derecho de protesta.
“Recibimos declaraciones provenientes de líderes y lideresas sociales, indígenas, organizaciones de mujeres, voluntarios de salud en los corredores humanos de paz, familiares de jóvenes indígenas fallecidos a manos de las fuerzas policiales, y también recibimos numerosos elementos probatorios (imágenes y videos) que dan cuenta de la vulneración de diferentes derechos”, señaló el grupo. El primer Informe de la misión argentina se realizó a partir de testimonios y entrevistas realizadas en la zona céntrica de Quito, entre otros lugares en La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque El Arbolito.
En base a esa información, la misión elaboró un documento “preliminar con la sistematización de las tipificaciones de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones del paro nacional” que se inició el lunes 13. El documento denunció la muerte de cinco personas “asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal”.
“Las personas fallecidas muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo”, detalló el informe, en referencia a Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez y Jon Muenala. Allí se contabilizaron además “132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta”, muchas luego imputadas por delitos como sabotaje, terrorismo o resistencia.
El informe denunció también “secuestro, persecución y planificación de atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales, violación al derecho a la protesta social, violación a las garantías judiciales y al acceso a la justicia de los ciudadanos”. Reseñó además “negación de atención médica por las instituciones públicas de salud por motivos raciales y antiindigenistas, violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica y violación a los derechos de niños y niñas”. El grupo advirtió que hubo “ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por parte de las fuerzas de seguridad durante la noche”.
Desaparición forzada en las protestas en Ecuador
El informe enumeró, por otra parte, “ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista, censura y bloqueo mediático de la información, bloqueo del servicio de internet y redes sociales y hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales”.
Señaló que tiene “información y testimonios que dan cuenta de 6 casos de desaparición de personas, las cuales se desconoce su paradero y que se encontraban participando en el marco de las movilizaciones”. “Del relato y la constatación de los hechos, podemos concluir que la utilización irregular de armas de disuasión como armas letales, es una práctica sistemática que se evidencia en la ejecución parte del personal policial al cuerpo de las personas en zonas vitales y a corta distancia”, concluyó el documento.
En este marco, el abogado y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, que forma parte de la misión, afirmó que se constataron "asesinatos, torturas y desapariciones forzadas" en Ecuador, al participar en el pleno de la Asamblea Nacional que analiza el pedido de destitución del presidente Lasso.
"Hemos constatado asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. Hemos podido escuchar declaraciones que automáticamente se convertían en una invitación a lo que podríamos denominar comandos civiles para que enfrenten por cuestiones de clase y de raza a los manifestantes", expresó Grabois en su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador.
El dirigente social también denunció haber recibido "un mensaje intimidatorio" por parte de la Policía ecuatoriana a través de Twitter y exhortó a que "todos los poderes del Estado tomen conciencia de la importancia de garantizar la paz", se informó en un comunicado. Además, aseguró que "importantes funcionarios del Gobierno en ámbitos relativamente reservados" declararon ser "conscientes de la legitimidad de los reclamos de los pueblos originarios", y además reconocieron "su incapacidad para abordarlos correctamente". A su vez, los funcionarios ecuatorianos le expresaron que "todas las organizaciones originarias y todos los dirigentes incluyendo los más estigmatizados no eran responsables de sus desmanes".
La misión está integrada por el abogado Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano; Marianela Navarro y Melisa Gargarello, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas; Nicolás Tauber Sanz, de LiberPueblo; María José Cano, de la CTA Autónoma; Alicia Montoya, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores; y Pablo Garciarena, de XUMEK Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos.
Levantamiento del estado de excepción
Por su parte, el presidente de Ecuador levantó ayer el estado de excepción que regía en las seis provincias más afectadas por las protestas indígenas contra su Gobierno, pocas horas después del primer acercamiento con representantes del movimiento que lleva adelante las movilizaciones y mientras el Parlamento debatía su destitución, a pedido de la oposición.
El mandatario decretó "la terminación del estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura". El presidente dijo que con su decisión ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades.
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