Con ideas y datos, la secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade, explicó por qué aplicar las recetas del Consenso de Washington hunden a cualquier país en la violencia y la alta criminalidad. Achicar el Estado (eliminar ministerios y ajustar presupuestos) sumado a la dolarización y a la constante injerencia de Estados Unidos se ha convertido en un cóctel fatal para Ecuador. El presidente Daniel Noboa del derechista Acción Democrática Nacional lo acaba de experimentar en carne propia. Joven, multimillonario e inexperto, Noboa, en apenas un mes y medio de mandato ya tuvo que apelar a una herramienta extrema como el “estado de excepción” para enfrentar, esta semana, una ofensiva del narcotráfico.
En una entrevista con El Destape, Andrade explicó cómo su país empezó a desbarrancar a partir de 2017, cuando Rafael Correa dejó el Gobierno. Tiene las credenciales académicas y la experiencia profesional para hacerlo: es cientista política por la Universidad de la Sorbona e hizo allí una Maestría en Asuntos Públicos. Trabajó siete años en el Servicio de Inteligencia Civil de Ecuador, luego en Naciones Unidas y -antes de su actual cargo en Quito-, se desempeñó en un centro de investigación sobre Crimen Organizado Ambiental en la Amazonía, en Brasil.
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- ¿Cómo se explica el ataque del narcotráfico de esta semana?
- Ecuador siempre ha tenido una alta fragilidad por estar ubicado entre dos países –Colombia y Perú- que históricamente han sido los abastecedores de droga para EEUU y Europa. El informe de la ONU sobre Colombia, por ejemplo, indica que la producción de cocaína en 2020 era cuatro veces más que en la época de Pablo Escobar. El informe 2022 señala la consolidación de enclaves de producción industrial (no artesanal), ubicados en la frontera de ese país con Ecuador.
- Pero Ecuador, hace apenas seis años, era uno de los países más seguros de América latina. ¿Qué pasó?
- Sí, en 2017 teníamos una tasa de homicidios de 5,8 habitantes cada 100.000 y, en apenas 6 años, se multiplicó casi por ocho: en 2023 la cifra aumentó a 46 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasó? Hubo cambios en el sector de seguridad. Por ejemplo: se eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la gestión del sistema penitenciario. Este ministerio administraba los recursos públicos para las prisiones: la alimentación, la vigilancia, la política de rehabilitación social, etcétera.
- Eso explica el crecimiento de los conflictos en las cárceles …
- Es que, bajó la idea de que el Estado era “obeso” y que había que reducirlo, se eliminó ese ministerio y se lo trasformó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Con los recortes, empezó a faltar tecnología (cámaras, escaners, etc) y se cerró la escuela de “guías penitenciarios”, es decir, los profesionales que controlaban las prisiones. En esa misma línea, el gobierno de Lenin Moreno fusionó el Ministerio del Interior (a cargo de la seguridad) y la Secretaria de Gestión Política, en 2019. Ese año, las tasas de criminalidad todavía eran bajas. Entonces se minimizó el aspecto de seguridad y, dado que ya había manifestaciones populares por la crisis social y económica, puso el énfasis en reprimir las protestas. Hubo una politización de la fuerza pública.
- Un clásico de las políticas de ajuste neoliberal.
- Otro ejemplo sobre la incapacidad que demostraron tanto el gobierno de Moreno como el de Guillermo Lasso: en 2022, en plena crisis de inseguridad, el Ministerio del Interior ejecutó 0% de los recursos que tenía disponibles para la seguridad. Hasta junio 2023 había ejecutado el 8.1% de su plan anual de inversiones.
- ¿Qué papel juegan las fuerzas policiales, militares, judiciales y políticas en el crecimiento del narcotráfico? ¿Es ineficiencia o han sido cooptados?
- Es evidente que hay una alta filtración del crimen organizado en los espacios políticos, en la fuerza pública, en la Justicia. El Estado ecuatoriano ha sido incapaz de identificar esta penetración, esta corrupción. En 2021, un actor externo como es el embajador de EEUU señaló –sin ofrecer ninguna evidencia- la presencia del narco en Ecuador. Lo instaló en la opinión pública, pero el entonces presidente Lasso no tomó ninguna medida. Nunca hubo ningún tipo de investigación. Nosotros hemos pedido reiteradamente procesos de depuración y control civil democrático sobre las fuerzas uniformadas. No de autodepuración porque hay demasiados intereses económicos y políticos como para que esas instituciones se autodepuren.
- ¿Y la Justicia?
- También tiene implicación grave en el crimen organizado. No hay acciones de depuración ni en jueces ni fiscales. Peor aún, ahora se está politizando: se busca utilizar los casos de crimen organizado como ataques, en momentos políticos críticos.
- Usted nombró al embajador de EEUU. ¿Cuánta es la injerencia de la Casa Blanca en todo esto?
- Para la opinión publica ecuatoriana es evidente que el embajador estadounidense ha tenido un rol político protagónico. Ya mencioné su intervención en 2021. Sus declaraciones mueven la coyuntura. En estos últimos tiempos hizo notar que tiene información de primera mano, incluso antes de que los casos sean púbicos, lo que sugiere una estrategia coordinada con la Fiscalía. EEUU se convierte en un actor político que tiene incidencia en los temas internos. Hay, además, una agenda política que todavía no es clara, pero que podría estar vinculada a una estrategia regional geopolítica.
- Argentina está nuevamente coqueteando con la dolarización. Varios especialistas sostienen que la dolarización de Ecuador facilitó el crecimiento del narco. ¿Es así?
- Hay que entender al crimen organizado transnacional como una corporación, como una empresa criminal. Diferentes grupos económicos interactúan con la lógica empresarial de buscar el menor riesgo y la mayor rentabilidad. En ese marco, yo hablo de una división regional del crimen. Desde la mirada de la criminalidad, cada país, cada ciudad cumple un rol, según sean las ventajas para realizar sus negocios y generar los flujos financieros ilícitos. Colombia y Perú están especializados en cultivos y producción. Ecuador se ha consolidado como país de almacenamiento y de envío, pero, además, al estar dolarizado, genera una ventaja competitiva para circular los recursos ilícitos y lavarlos más fácilmente en el sistema financiero.
- ¿Hay cifras sobre esto?
- El 70% de los recursos ilícitos se lavan en el sistema financiero y el 30% restante se lo diluye o se lo integra a la economía informal pagando mano de obra barata, transporte, servicios, etcétera.
- La canciller argentina Diana Mondino caracterizó al crimen organizado de Ecuador como “agrupaciones socialistas narco-terroristas”. ¿Qué opina de esto?
- Las declaraciones de la canciller argentina muestran su desconexión y su total falta de conocimiento sobre lo que realmente pasa en la región. A nivel técnico, es una irresponsabilidad politizar el tema de la seguridad. Es el peor error que se puede cometer porque conduce a lo que vivimos en Ecuador. En los últimos años, el odio político ha llevado a tomar pésimas decisiones que desembocaron en la actual crisis de alta violencia y criminalidad. Además, esta estrategia de querer vincular la criminalidad a una u otra orientación política deja de lado a los verdaderos responsables: los delincuentes de cuello blanco, los que lavan el dinero, los que disfrutan de los recursos. Repito, su pronunciamiento es totalmente irresponsable porque desconoce la realidad de lo que es la delincuencia organizada y los desafíos que tiene la región.
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