El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lanzó un pedido que va en sintonía a dar respuesta a la enorme desigualdad económica que existe en el mundo y es que se establezca un impuesto a la riqueza en los diferentes países para así reducir la desigualdad global exacerbada por la pandemia de covid-19.
Según el organismo internacional, hubo un aumento de US$5 billones en el patrimonio de los más ricos del mundo en el último año, incluso pese a que los de abajo se han vuelto más vulnerables. El titular de la Organización hizo esta presentación en el Foro del Consejo Económico y Social sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU.
“Insto a los Gobiernos a que consideren la posibilidad de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se han beneficiado durante la pandemia, para reducir las desigualdades extremas”, propuso Guterres y apostó a invertir en un nuevo contrato social, basado en la solidaridad y las inversiones en educación, los empleos decentes y ecológicos, la protección social y los sistemas de salud para sentar “la base del desarrollo sostenible e inclusivo”.
Según consignó Bloomberg, luego de que las consecuencias del COVID-19 hicieron que las deudas de los Gobiernos aumentaran y perjudicaron más a las personas más pobres, se están debatiendo impuestos a la riqueza desde California hasta el Reino Unido como herramienta tanto para pagar la deuda como para abordar la desigualdad. La senadora estadounidense Elizabeth Warren, el premio nobel Joseph Stiglitz y el economista Thomas Piketty están entre sus defensores.
En Estados Unidos, Warren, junto con los representantes Pramila Jayapal y Brendan Boyle propusieron un impuesto anual de 2% sobre personas y fideicomisos con un valor de entre US$50 millones y US$1.000 millones, aunque es poco probable que la medida reúna el apoyo necesario para ser aprobada, particularmente en el Senado, que está dividido equitativamente.
Por otra parte, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, propuso una tasa de impuesto corporativo mínimo en las principales economías del mundo, un esfuerzo que apunta a ayudar a pagar los planes de estímulo del presidente Joe Biden, al tiempo que evita lo que Yellen describió como una “carrera hacia el fondo” a nivel internacional por parte de países que compiten para atraer a empresas con impuestos más bajos.
Aporte extraordinario en Argentina
El Frente de Todos presentó en el 2002 un proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia. La iniciativa fue criticada por la oposición, pero finalmente en el 2020 el Congreso aprobó la norma.
La ley 27605, que se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre último y se promulgó el 18 del mismo mes, establece un aporte por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos (aunque la tasa va subiendo según el patrimonio) .
La norma, en ese aspecto, establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones. El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones. Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%.
De esta manera, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes.
Además, la ley 27605 determina específicamente cuál será el destino de los fondos recaudados, que serán distribuidos, a saber: en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; un 20% a apoyar a empresas Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar creadas para apoyar a jóvenes estudiantes, mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante cooperativas organizadas por los vecinos de cada barrio.
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