Petro y la apuesta de reformar Colombia sin esquivar las crisis

A poco más de medio año de Gobierno, Gustavo Petro se enfrenta a su principal desafío: reformar en profundidad a Colombia. Desde llevar la “paz total”, a modificar las reglas del juego en materia de sanidad, jubilaciones o trabajo, las propuestas del mandatario ya generaron internas dentro de la coalición gobernante y legislativa. Por lo cual, el primer presidente colombiano de izquierda se enfrenta al reto de avanzar en cambios estructurales, en un país gobernado históricamente por espacios políticos conservadores.

“Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. El objetivo es simple, los cómos y medios complejos”, afirmó Petro, al mismo tiempo que daba a conocer la renuncia de tres ministros de su Gabinete. El cambio ministerial, se dio después de que se conocieran las críticas de algunos de sus funcionarios, entre ellos el saliente titular de Educación, Alejandro Gaviria, al proyecto sanitario, lo cual dejó expuesta una primera interna oficialista.

Gaviria era el reflejo de la coalición gobernante de centro izquierda con la que llegó al poder el Presidente, dado que no solo no pertenecía al riñón de Petro ni al Pacto Histórico, su sello de campaña, sino que había sido ministro de Salud del ex mandatario, Juan Manuel Santos. Sus críticas a la reforma sanitaria y su posterior salida del Gobierno, exponen las diferencias que hay entre los funcionarios más conservadores y los más progresistas acerca de qué políticas públicas deben tomarse para cumplir con las promesas electorales. El jefe del Ejecutivo se mostró implacable: “Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación”.

Reforma sanitaria

Si bien las propuestas de las que habla el gobierno de Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, incluyen distintas áreas, el proyecto sanitario es el que está en discusión ahora y el que genera rispideces en el oficialismo. Si bien desde el Ejecutivo, sostienen que la reforma busca privilegiar la atención primaria y darle base territorial, el punto de la discordia se centra en qué hacer con lo que se conoce como Empresas Promotoras de Salud (EPS), que son las compañías privadas y públicas que hacen de intermediarias entre el financiamiento y la asistencia. Para el Gobierno, debe ser el Estado quien tome las riendas en ese aspecto.

“Siempre hemos considerado inadecuado que organismos privados, como son mayoritariamente las EPS, fueran las que administraran los recursos públicos de la salud. Criticamos el modelo de aseguramiento que define el trato de negocio a la salud y no de un servicio y derecho de los ciudadanos”, señaló a El Destape, el ahora director del Departamento de Relaciones con Organizaciones Sociales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, Diógenes Orjuela, quien fuera titular de la CUT hasta hace unos meses. 

El líder sindical consideró que desde la década del ‘90 con la aprobación de la Ley 190, la salud en Colombia es un negocio y apuntó contra las Empresas Promotoras de salud, que podrían ser eliminadas en la reforma: “Hoy hay una enorme inversión en clínicas, hospitales y red privada de capital estadounidense y español. Es un gran negocio que se opone radicalmente a perder esos privilegios cuando se habla de un fortalecimiento de la red pública. Pueden existir clínicas privadas, participar sí, pero la dirección centralmente debe estar en el Estado”, agregó Orjuela, quien explicó que en el Congreso, el Gobierno deberá negociar con los actores de su coalición y que dependerá de cómo quede finalmente el rol del Estado en la reforma, la decisión sindical de apoyar o no.

Oposición

“La reforma de la salud tiene tantos detractores que se han presentado ya más proyectos de ley por diferentes partidos políticos, como la del Centro democrático, Cambio Radical y otra que se presentó por los partidos Liberal, de la U y Conservador. Todos estos partidos los cuales han dicho ser aliados del Gobierno, pero, que ahora no lo acompañan con el articulado propuesto”, explicó a El Destape, la Coordinadora de la Unidad Legislativa del Partido Liberal e investigadora de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), Edilsa Torres Osorio, sobre el principal dilema que se le presenta a Petro para aprobar las reformas.

De acuerdo a lo que explicó Torres, un sector relevante de la política considera que la reforma arrasaría con el sistema de salud actual. “Pretende que la entidad que administra el dinero que se llama hoy ADRES (ente que regula a las EPS mencionadas) se descentralice y maneje pagos directos desde el territorio, lo que genera incertidumbre, corrupción y burocracia”, cuestionó la asesora legislativa, quien además afirmó que “se está hablando de inconstitucionalidad del proyecto de ley presentado como ley ordinaria y no como una ley estatutaria por tratarse de un derecho fundamental”.

Reforma laboral y de jubilaciones

Aún con la resistencia y la tensión que generó la reforma de salud, Petro también impulsa otros cambios que, seguramente, también serán resistidos por sectores con influencia. “En Colombia llevamos 200 años de estatidad de un sistema político profundamente antidemocrático, elitista, que privilegió durante toda nuestra historia contemporánea a los intereses privados, de estrechos círculos del poder. Este Gobierno plantea reformas democráticas y eso se hace en medio de las dificultades que es previsible cuando se intentan cambios históricos”, explicó a El Destape, el senador y representante del Gobierno en la mesa de negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Iván Cepeda.

Además de haberse presentado un plan de Desarrollo Nacional, de salud, también tributaria y rural durante el medio año de Gobierno, se espera la presentación de dos proyectos más que ya generan fricciones: la reforma laboral y la de pensiones. De acuerdo a lo que supo hasta el momento, el oficialismo busca que quienes menos salarios cobran durante su vida laboral activa estén en un sistema de jubilaciones públicas cuando se jubilen. Además, en materia laboral se busca, por ejemplo, elevar el monto que se paga por trabajar domingos o la ampliación del horario nocturno que se cobra un monto superior, entre otros puntos, que ya generaron críticas en el sector empresarial por considerar que van a tener que pagar más por un empleado y sostienen que va a generar un aumento de la informalidad.

La paz total

Un punto clave del programa de Petro es terminar con la violencia, de lo que se suele denominar como conflicto armado. Según la Comisión de la Verdad de Colombia, en seis décadas fueron asesinadas más de 800 mil personas, la gran mayoría de ellos en manos de los paramilitares, el resto por la guerrilla y el propio Ejército. Hay que sumar además los asesinatos de organizaciones criminales, vinculadas generalmente al narcotráfico, por las cuales se registran a diario homicidios de dirigentes sociales y campesinos.

El gobierno de Petro se propuso respetar los acuerdos de paz firmados en el 2016 entre las FARC y la entonces administración de Santos, y avanzar en acuerdos con el resto de las organizaciones armadas. En ese sentido, se llevan adelante mesas de negociación en México con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla que sigue activa, y que le ha generado más que un dolor de cabeza al Presidente, dado que hasta ahora no se ha avanzado en un cese al fuego. 

“Uno de los aspectos en los cuales coincidimos la delegación de paz del Gobierno del presidente Petro y la delegación de paz del ELN, es que el fundamento de la paz son las transformaciones de carácter político, social y económico”, afirmó Cepeda, uno de los legisladores que forman parte de las negociaciones por parte del Ejecutivo, al hablar de la importancia de avanzar en las reformas citadas en la búsqueda de terminar con el conflicto armado también.

Cepeda recordó que el conflicto lleva 60 años, que durante 40 de ellos se intentó llegar a un acuerdo de paz y que durante el gobierno de Santos se logró una mesa y una agenda. Petro retomó ese trabajo y, en solo seis meses de gobierno, esos diálogos se reanudaron y avanzan. “Estamos trabajando en el primer punto de la participación para la construcción de la paz, esperamos también desarrollar un mecanismo de cese o alto al fuego que permita disminuir la confrontación militar en los territorios. El balance que hacemos hasta ahora es un balance satisfactorio, dado que en poco tiempo hemos logrado resultados importantes”, aseguró el senador, en lo que es un punto clave de las promesas de campaña del Presidente.

Sin embargo, las negociaciones no estuvieron exentas de inconvenientes. En diciembre pasado, Petro anunció un alto al fuego con distintos grupos disidentes, entre ellos algunos vinculados al narcotráfico como el Clan del Golfo, y desde la guerrilla salieron a desmentirlo. Posteriormente, el mandatario acusó al ELN de sabotear el proceso al secuestrar a un sargento, y en las últimas horas el jefe del Ejecutivo pidió a la Fiscalía que investigue a su hijo y a su hermano, a quienes acusaron de cobrar coimas en nombre de los procesos de paz. Con todas esas idas y vueltas, la mesa de diálogo continúa en México.

Porque hasta ahora Petro demostró perseverancia en sus prioridades, a pesar de los claros obstáculos y dificultades que tiene por delante. Por eso, ante la primera crisis gubernamental, lejos de mostrarse debilitado, dio un mensaje a la Nación en la que él mismo anunció la salida de sus ministros, dijo por qué y aseguró que de ahora en más se necesitará mayor determinación para llevar adelante las reformas prometidas. 

Sabe que no será fácil lidiar con quienes piensan distinto en su coalición, tanto en el Gobierno como en el apoyo que necesita en el Congreso. Y también sabe que en las calles aún está fresco el recuerdo de un estallido social que desnudó una serie de reclamos sociales y económicos que una parte importante de la sociedad ya no está dispuesta a seguir postergando.