El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó en las últimas horas un documento que confirma el nombramiento como gestor de paz del antiguo jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez, recluido en una prisión de Estados Unidos. Su designación coincidió con el inicio del cese al fuego bilateral histórico entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla última guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de un cuarto ciclo de sus negociaciones de paz para conseguir "alivio humanitario" para las zonas más afectadas, en Caracas.
Las AUC sembraron el terror y, principalmente, el terror político en Colombia en los años 80 y 90. Se los acusa de ser responsable de decenas de miles de asesinatos, secuestros y otros crímenes, y están probados sus vínculos con líderes políticos del uribismo, la fuerza que creció con el liderazgo del ahora ex presidente Álvaro Uribe. En 2006, el poderoso grupo paramilitar aceptó entrar en un proceso de paz con el Gobierno de Uribe. Se desmovilizaron y entregaron las armas -aunque muchos denunciaron que no todas- y dijeron que contarían toda la verdad sobre sus crímenes.
Pero cuando los máximos mandos, como Mancuso, empezaron a hablar y a poner a la clase política en el centro de atención, el entonces mandatario sorprendió a los colombianos extraditando en plena madrugada y sin aviso previo a toda la conducción de las AUC. Desde entonces, cumplen penas de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
"Designar como gestor de paz al señor Salvatore Mancuso Gómez para que conforme al sistema jurídico de protección de los Derechos Humanos y vigencia del Derecho Internacional Humanitario, contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció su actividad criminal", explicó el comunicado de Petro publicado el lunes a la noche y citado por la agencia de noticias Europa Press.
Petro había adelantado el pasado 23 de julio este nombramiento después de que el propio Mancuso aceptara trabajar conjuntamente con las autoridades para buscar víctimas de desaparición forzada en la frontera con Venezuela. El Alto Comisionado para la Paz de Colombia expresó que la designación en este puesto "de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones" y que los ex miembros de las AUC deberán seguir declarando ante los tribunales cuando "se les requiera". En esa línea, la misiva firmada por Petro no solo designa a Mancuso como gestor de paz, también pide a las autoridades la suspensión de las medidas judiciales vigentes, tales como órdenes de captura, entre otras, una vez que llegue a Colombia, aunque sin dejar de comparecer ante instancias judiciales.
El documento también recogió que el ex jefe paramilitar deberá comprometerse a "asistir personalmente a las diligencias judiciales" y a "rendir informe sobre las actividades desarrolladas en la calidad de gestor de paz" y que, en caso de no cumplir, su nombramiento será revocado, por lo que las causas penales en su contra serán reactivadas. Mancuso, quien fue extraditado en 2008 a Estados Unidos, sigue recluido en una prisión de ese país.
El ex paramilitar se encuentra desde hace dos años en un centro de retención de migrantes del estado de Atlanta a la espera de su extradición a Colombia, en donde hace unos meses se le concedió cuatro años de libertad condicional. Los ministerios de Justicia y de Exteriores de Colombia anunciaron a finales de julio la activación de todos los "mecanismos diplomáticos necesarios" para tramitar la extradición.
Conocido como "Triple Cero" durante su pasado armado, Mancuso reconoció estar implicado en al menos 300 asesinatos, entre los cuales están los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el ex presidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares. A su vez, tiene abiertos dos procesos judiciales en Colombia por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi 1.000 personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.
Con información de Télam
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