Esta semana la ONU confirmó las denuncias que infatigablemente y a veces en soledad vienen haciendo los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia: el conflicto armado volvió a recrudecerse y la violencia -que muchos creían que habían comenzado a dejar atrás con la firma del acuerdo de paz con la principal guerrilla del país, las FARC- se está enseñando nuevamente con los sectores más abandonados, los campesinos, indígenas y afrodescendientes.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) informó que cerca de 74.000 personas fueron desplazadas el año pasado en Colombia, es decir, que tuvieron que abandonar sus casas y sus comunidades, y huir por miedo a ser atacados o asesinados. Además, se registraron 2.400 agresiones directas contra la población civil, principalmente de grupos armados ilegales. Esto significa que el número de nuevos desplazados creció más de un 180% con respecto a 2020 y el de los ataques, un 37%, según el informe.
"Los ataques y los desplazamientos aumentan porque el conflicto armado vuelve a tomar fuerza, y vuelve a tomar fuerza por el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno, la ruptura de las negociaciones con las otras guerrillas y la reaparición y fortalecimiento de los grupos paramiliatres que, bajo el amparo de un discurso del gobierno nacional, siguen apoderándose de tierras de las comunidades más vulnerables: campesinos, indígenas y afrodescendientes," aseguró en diálogo con El Destape Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la paz y contra la guerra (Redepaz), una de las organizaciones que forman la plataforma Defendamos la Paz que convocó varias de las manifestaciones nacionales de los últimos años para alertar sobre este retroceso.
Sanabria es candidato a senador para las elecciones generales de este año por la alianza de izquierda Coalición Centro Esperanza y se ha dedicado en los últimos tiempos a recorrer y hablar con las comunidades más golpeadas por el recrudecimiento del conflicto armado interno, que en su gran mayoría se concentran en zonas rurales, alejadas de las grandes ciudades y económicamente más excluidas del país.
Una paz bajo ataque
El conflicto armado nunca desapareció en Colombia. En 2016, el entonces gobierno de Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con la principal guerrilla del país, las FARC, para que estas se desmovilizaran, entregaran sus armas y se integraran a la sociedad: sus dirigentes a la vida electoral, sus combatientes al mercado laboral y de vuelta a sus comunidades.
El proceso no era inmediato y todos sabían que no sería fácil, pero apenas dos años después asumió un nuevo gobierno, que ha criticado cada uno de los pilares del acuerdo y su implementación. Ya en la campaña electoral de 2017, el titular honorario del partido del hoy presidente Iván Duque, Fernando Londoño, había prometido que "el primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las FARC".
Y Duque cumplió: criticó a los tribunales especiales de paz, que actualmente están tratando de investigar y juzgar a los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y la Policía en el marco del conflicto armado; no cumplió con la reforma agraria prometida ni avanzó al ritmo prometido con la devolución de tierras apropiadas ilegalmente o con las ayudas a los exguerrilleros para que puedan reinsertarse en la sociedad.
Desde el oficialismo, muchos consideran que la situación actual es un producto de lo que ellos han denunciado como un mal acuerdo de paz, pero para Sanabria la historia es al reves: "La mayoría de las personas que se convirtieron en disidencias del acuerdo de paz lo hicieron cuando se hizo evidente el inicio del incumplimiento del acuerdo", sostuvo en referencia a una nueva guerrilla que se identifica como disidencias de las FARC.
"El gobierno privilegia la guerra porque alimenta las condiciones para que crezca el reclutamiento no solo de nuevos jóvenes, sino de aquellos que entregaron las armas y perdieron la esperanza en los acuerdos", sostuvo y agregó: "No creo tampoco que la violencia crece por la ausencia del Estado, todo lo contrario. El Estado se hace presente con su modelo neoliberal de privatizaciones de los servicios básicos, el permitir el despojo de las tierras por parte de grupos ilegales, que se adelantan a las zonas donde luego los grandes grupos económicos impulsan sus proyectos."
Nuevos desplazados
Pese a esto y gracias al esfuerzo de miles de dirigentes sociales y de estas comunidades, el número de desplazados -una cifra que ubicó a Colombia en el tope de la lista mundial durante años hasta que la guerra en Siria lo superó- había comenzado a descender. En 2018, superaban los 7,6 millones, es decir, el 15% de la población; mientras que hoy no alcanzan los 6 millones o el 12% de la población actual de 50 millones de habitantes.
Pero las cifras de la ONU hablan de la curva ha empezado a crecer nuevamente y a esto se debe sumar otra forma de ataque, el confinamiento de comunidades enteras.
El informe de OCHA estimó que en 2021 al menos 65.600 personas fueron forzadas a confinarse en sus casas por grupos armados ilegales, mientras que más de 85.700 sufrieron restricciones a su movilidad en sus barrios o regiones por toques de queda impuestos por estas guerrillas u organizaciones paramilitares.
"Hay comunidades que pasan hambre porque no las dejan salir a trabajar sus tierras; hemos registrado incluso suicidios de gente confinada por los grupos ilegales", contó Sanabria y agregó que esta modalidad de sometimiento además sirve para dejar encapsulado el conflicto, lejos de las grandes ciudades, donde la violencia armada ya no es visible como en los años 80 y 90, con los atentados y ataques a políticos y empresarios.
Además, un costo económico
Un estudio de la Cepal de 2008, cuando los desplazados de Colombia representaban apenas un 5% de la población total, ya alertaba sobre el costo económico -además del humanitario- que tenía este fenómeno que suele verse en medio o luego de una guerra, pero no como un elemento constante de un país que cada vez menos personas identifican con un conflicto armado.
Según el estudio, la población desplazada es el sector de la sociedad que más sufre el desempleo, que consigue sueldos incluso menores que los trabajadores informales y que más difícil es que salga de la pobreza. "La situación de las mujeres, cabeza de familia, es aún peor, pues sus tasas de desempleo son mayores, lo cual parece obligar a los niños y niñas a entrar al mercado laboral, en proporciones superiores al promedio nacional", agregó el texto y advirtió que, aunque las políticas sociales sectoriales sirven en el corto plazo, si el desplazamiento se extiende por mucho tiempo -como es una realidad para millones de colombianos ya-, su efecto comienza a diluirse.
Este pronóstico, más de una década después, no parece tan desacertado. Este mes, la FAO incluyó a Colombia, un país cuya economía fue considerada esta semana como la tercera más estable de América Latina por la cadena Bloomberg, entre las tres naciones con riesgo de inseguridad alimentaria o hambruna, junto a Honduras y Haití (Venezuela no fue incluida por falta de datos actualizados, según aclaró la agencia de la ONU).
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