Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se convirtió este martes en el primer expresidente de la historia de Colombia en ser llamado a juicio. Los delitos que se le imputan son fraude procesal y soborno a testigos. En otras palabras, la Justicia investiga si el exmandatario -reconocido por su política de fuerte persecución contra las guerrillas en alianza con Estados Unidos- pagó a testigos para que lo desvincularan de los paramilitares, grupos ilegales que operan al margen de las fuerzas del Estado como de algunas organizaciones guerrilleras declaradas en el país. A lo largo de los años, el exmandatario incluso hasta renunció a su banca en el Senado para poner un freno en la causa.
La historia tiene más de 14 años en la Justicia. Por ello, de hecho, Uribe -líder del Centro Democrático- tiene en su haber medidas para prisión domiciliaria y dos pedidos para finalizar antes el proceso que comenzó por la denuncia de Iván Cepeda, quien en la actualidad es senador por el Polo Democrático Alternativo.
La noticia la dio a conocer la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado en el que aseguró que “a partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados” durante tres meses, un fiscal delegado -Gilberto Villarreal- ante la Corte Suprema de Justicia presentó el escrito de acusación contra el exsenador y expresidente Uribe “como presunto determinador de los delitos de sobornos a testigos en actuación penal y fraude procesal”.
En esa línea, informaron que la audiencia en la que se fije la fecha del juicio será determinada una vez que el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá cumpla con la asignación del juzgado penal para el caso. Ante ello, todas las partes podrán solicitar las pruebas y participar del juicio oral. En tanto, aclararon que no expedirán una orden de captura, por lo que el expresidente podrá llevar enfrentar el proceso en libertad.
Para llevar el caso ante las máximas autoridades judiciales Villareal analizó pruebas sobre los testimonios de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve -ambos detenidos- y el de la exesposa de Monesalve, Deyanira Gómez, exiliada, informó el portal colombiano LaFM.
¿Por qué se investiga a Uribe?
Quien llevó adelante la denuncia contra Uribe es el actual senador Iván Cepeda, cuyo nombre comenzó a resonar por 2003. Entonces, era vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en el marco del conflicto armado interno que atraviesa al país hace más de 60 años. Ese lugar lo referenció como defensor de los derechos humanos y lo llevó a convertirse en facilitador del proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, disueltas en la actualidad) y, más tarde, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, la última guerrilla vigente).
Los señalamientos por parte de Cepeda comenzaron en 2012: en ese momento realizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, departamento que tiene como capital Medellín -la segunda ciudad más poblada de Colombia, de la que es oriundo Uribe-. Allí, Cepeda presentó dos testimonios en los que se señaló a Uribe y a su hermano Santiago como fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización paramilitar narcotraficante y terrorista de extremaderecha que participó en el conflicto armado de interno desde 1997 hasta que supuestamente se desmovilizó en 2006.
Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema -juez natural de los congresistas- por manipulación de testigos y presentó algunas entrevistas que se le hicieron a varios presos. Seis años más tarde, la Sala Penal de la Corte Suprema dio vuelta la investigación. Cerró la causa contra Cepeda y pidió investigara a Uribe por “manipulación de testigos” bajo la idea de que habían pedido a dos paramilitares que retirasen sus testimonios. Uno de ellos es Juan Guillermo Monsalve que, en cambio, insistió en su versión.
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A lo largo de 2018, además, se supo que el expresidente sabía del plan de montaje para su defensa y en contra de Cepeda.
Tras pedidos de nulidad y cambios de juzgado, Uribe fue llamado a indagatoria en octubre de 2019. Con la recolección de testimonios contra el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, el expresidente quedó formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal. Un año más tarde, la Sala de Instrucción de la Corte ordenó la medida de prisión preventiva y domiciliaria contra Uribe como “presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”, lo que lo llevó a renunciar como senador.
Con su salida del Congreso, la Corte perdió competencia sobre el caso y el expediente pasó a la Fiscalía General de la Nación. El expresidente estuvo 66 días en prisión domiciliaria –algunos de ellos contagiado por el covid-19– hasta que decidieron revocar la medida de aseguramiento, reconstruyó El Colombiano.
Al cabo de un año y de varios intentos por cerrar la investigación, ahora resta determinar el juzgado a cargo de la causa, para lo que falta la formalización de la audiencia de acusación. La Justicia tendrá hasta 2026 para dar a conocer la sentencia. Ese año vencen los delitos por los que acusan al político de 71 años.
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