Fue durante décadas un tema tabú, pero Gustavo Petro, el presidente de Colombia, decidió poner fin a los eufemismos y decir dos verdades categóricas sobre la guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos. La primera es que ha sido un rotundo fracaso. La segunda que fue un genocidio encubierto contra los pobres latinoamericanos. Como alternativa, Petro presentó una nueva política nacional de drogas que implica un real cambio de paradigma.
“Nos da miedo decirle, a quienes tienen (en su país, EEUU) la mayor parte de consumidores de esas drogas, que están equivocados. Pero no debemos seguir repitiendo los discursos del poder mundial”, razonó el presidente colombiano junto a su par de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la “Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas para la Vida, la Paz y el Desarrollo”, llevada a cabo en septiembre en Colombia.
“En estos 50 años, nuestro silencio, sin confrontar (a EEUU), fue cómplice en un genocidio… porque eso es lo que provocó la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina. La región ha puesto un millón de muertos para que los funcionarios de Washington evadan sus responsabilidades dentro de sus fronteras y los druglords de ese país disfruten impunemente sus riquezas mientras en el sur cientos de vidas son segadas cada día para alimentar la insaciable voracidad de los habitantes de las naciones ricas por las sustancias psicoactivas que se producen aquí, y que se han convertido en un negocio billonario a raíz de un prohibicionismo arbitrario y contraproducente. La llamada guerra contra las drogas ha fracasado, no sirve. Si la continuamos, no vamos sino a sumar otro millón de muertos en América Latina, y vamos a tener más estados fallidos y quizás la muerte de la democracia”, alertó Petro.
La realidad le da la razón. Es necesario preguntarse quiénes son los máximos beneficiados con la prohibición de la droga y el actual combate al narcotráfico, para entender cuál es la trampa de esa política norteamericana. Los lobbies más poderosos de EEUU –la industria armamentística, los bancos y las farmacéuticas- están en la base de la llamada “guerra contra las drogas”.
La droga y la “doctrina de la seguridad”
El ex presidente Richard Nixon fue el primero en considerar la droga como un tema de seguridad nacional (1973). Ronald Reagan reforzó esa línea en 1986. Pero fue recién con el colapso de la Unión Soviética (1991) y la desaparición del comunismo, que la droga se elevó a la categoría de “amenaza” para justificar un mayor presupuesto del Pentágono, presencia militar en nuestra región (bases) y la actuación de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en los asuntos internos de cada país.
El 5 de septiembre de 1989, George Bush I declaró formalmente la guerra contra la droga y avisó que “el Pentágono sería la única agencia al frente del monitoreo aéreo y marítimo y de detección del transporte de drogas ilícitas” en nuestra región. Anunció la puesta en marcha de la Iniciativa Andina cuya columna vertebral era la inclusión de las FFAA y policiales de América latina (sobre todo de los países andinos) en la cruzada contra la droga. Si en el pasado nuestros militares habían actuado como policías persiguiendo comunistas ahora lo serían atrapando narcos, pero siempre lejos de su verdadera misión de defender la soberanía del país.
En un riguroso informe sobre el tema, las norteamericanas Coletta Youngers y Eileen Rosin demuestran cómo, en la post Guerra Fría, la lucha contra la droga le permitió al Pentágono prolongar la “doctrina de la seguridad” con una cara nueva: “Todavía estaba fresca la memoria de los golpes militares, las torturas, las desapariciones y el genocidio cometidos en nombre de la lucha contra la ‘subversión’ interna cuando EE.UU. ya estaba nuevamente proveyendo recursos, entrenamiento y justificación doctrinaria para que las FFAA intervinieran en operativos antinarcotráfico. A través de su política de drogas, EE.UU. volvía a legitimar la intervención de las fuerzas militares latinoamericanas en actividades de aplicación de la ley y de seguridad interna, aunque esta vez contra enemigos nuevos.”
La “ayuda” norteamericana continuó creciendo. El Plan Colombia (1999, firmado por William Clinton y Andrés Pastrana) se focalizó en la fumigación con herbicidas sobre las plantaciones de coca. EEUU usó la “lógica del mercado”. El razonamiento fue que si la droga escaseaba aumentaría su precio y, si el precio era alto, desalentaría a los compradores. Se atacó, entonces, sólo a la oferta, es decir, al productor, empezando por el eslabón más débil, el campesino latinoamericano. No se controló la demanda, es decir, el consumo mayoritario de los ciudadanos norteamericanos.
“Lo más perverso de esa estrategia fue convertir a las víctimas en victimarios, para hacer pasar como culpables a quienes se integran a los escalones más bajos del narcotráfico movidos por el hambre y la falta de oportunidades. Al culpar a las víctimas, se oculta a la sociedad el verdadero motor de la crisis de producción y consumo de sustancias adictivas: el modelo económico neoliberal que, en un extremo de la ecuación, eliminó las fuentes de ingresos de millones de campesinos y obreros, empujándolos a las redes del crimen; y, del otro, destruyó el tejido social, las redes de solidaridad”, se concluyó en la reciente Cumbre sobre la Droga llevada a cabo en Colombia.
En 2004, el fracaso del plan propuesto por EEUU ya era evidente. Después de haber fumigado durante varios años los cultivos en Bolivia, Colombia y Perú, lo único que se había logrado era empujar a los campesinos a la miseria. En EEUU la droga no escaseaba, ni estaba más cara, ni había perdido un gramo de pureza. Por el contrario, según un informe de la ONU, en 2008, la producción de opio era el doble (de 4.220 a 8.900 toneladas), la cocaína había aumentado el 20% y el cannabis, 60%. Por otro lado, si bien los cultivos fueron erradicados en algunas zonas, lo cierto es que las plantaciones se desplazaron rápidamente a otras, sin tener en cuenta las fronteras nacionales.
Armas, bancos y laboratorios
Desde hace años los expertos en el tema reclaman –sin ser escuchados- dejar de lado la estrategia de la Casa Blanca y apuntar a la demanda. Recomiendan también seguir la ruta del dinero, la parte más peligrosa, lucrativa y corrupta del comercio, para desmantelar los sistemas de lavado del dinero de la droga y para capturar a los jefes narcos.
El diario británico The Guardian publicó en 2011 una investigación que mostraba cómo el lavado de dinero superaba cualquier otra actividad económica del sistema bancario privado estadounidense. “El banco Wachovia (comprado en 2008 por Wells Fargo, que, con esa compra, superó al gigante Citibank) blanqueó 378.400 millones de dólares de los cárteles de la droga mexicanos, el equivalente a un tercio del PBI de México”, aseguró. El diario cita también al fiscal federal estadounidense Jeffrey Sloman: “Los cárteles internacionales de la droga tenían una virtual carta blanca para sus operaciones financiera en el Wachovia, gracias a que las autoridades del banco hacían la vista gorda”. No obstante, el caso nunca llegó a la Corte porque se ampararon en la Ley de Secreto Bancario.
El otro gran negocio es el de la industria química que provee los precursores necesarios para que la coca se transforme en cocaína y para fabricar drogas sintéticas. Según el jurista peruano Diego Delgado Jara: “En 1989, la policía colombiana incautó 1,5 millones de galones de químicos usados para la producción de cocaína y la gran mayoría tenía logotipos de conocidas corporaciones estadounidenses. La CIA ha reportado que las exportaciones de estas sustancias a Latinoamérica exceden en mucho los usos legales, mientras que el servicio de investigaciones del Congreso concluye que más del 90% de químicos usados en la producción de estupefacientes proceden de EEUU.”
La propuesta de Petro
En la reciente cumbre sobre drogas, AMLO y Petro llamaron a revertir las “lógicas punitivas y neocoloniales” y a buscar nuevas tácticas para combatir el narcotráfico a partir de una visión no militarista, no coercitivas y poniendo atención a la demanda y sus causas, a las políticas sociales y al cuidado del medio ambiente. Aspiran a que los gobiernos de América latina lleguemos con una visión común y alternativa a la cumbre internacional contra las drogas de 2025.
Días después de esta cumbre, el pasado 11 de septiembre, Petro presentó la nueva política nacional de drogas llamada "Sembrando vida desterramos el narcotráfico (2023-2033)", un texto armado con una "robusta participación popular", en encuentros territoriales con campesinos, cocaleros, consumidores, padres e integrantes de juntas comunales. El documento fue criticado por la Casa Blanca por considerarlo “insuficiente”.
La nueva política antidroga de Colombia busca terminar con las narrativas estigmatizantes e implementar ejes diferentes a los tradicionales: no va a perseguir a los campesinos cultivadores sino que va a concentrar el esfuerzo penal del Estado en las mafias de narcotraficantes, en el lavado de activos y en la ruta del dinero de la cocaína.
La nueva estrategia busca combatir la desigualdad y la pobreza; proteger la vida y la paz; atender a la salud y al medioambiente, entre otros principios. Una propuesta valiente, humanista, que busca confrontar la cultura del consumo y ciertos valores contemporáneos como el individualismo.
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