Esta semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio un paso central para cumplir su programa de Gobierno al presentar tres reformas: una laboral, otra de pensiones y una de salud. El objetivo de las tres, dijo, es "universalizar" derechos y, frente a miles de simpatizantes, llamó al pueblo entero a apoyar estos cambios en las calles. El primer texto en ingresar al Congreso fue la reforma de Salud que inmediatamente desató una resistencia. Primero de 25 legisladores opositores, pero este domingo se sumó el titular del Senado, Roy Barreras, un aliado del mandatario.
Barreras hizo un difícil equilibrio para mantener el apoyo a Petro, pero ser lapidario con su ministra de Salud, Carolina Corcho, la cara visible de la reforma: "Hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El presidente va a defender -y yo lo acompaño en eso- una reforma de la salud que haga un sistema más justo. Pero el presidente y el Gobierno anunciaron que las EPS (Entidades Promotoras de Salud) no desaparecerían. Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad, en sistemas de información en línea, en sistemas de administración de medicamentos, en sistemas de administración de las redes, en resultados eficaces. La revista The Lancet, que es la más prestigiosa del mundo en temas médicos, ha calificado al sistema colombiano como el sexto mejor en inclusión en el mundo. Tiene todos los defectos que podamos definir: las EPS han abusado de la integración vertical. Yo creo que hay que eliminar la integración vertical, la posición dominante. No creo que deban ser aseguradoras y prestadoras al mismo tiempo porque abusan de las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud). Pero eso se arregla sin destruir el sistema. La ministra no escuchó lo que el presidente dijo dos semanas atrás," aseguró en una entrevista con el diario El Tiempo.
"Lo que hizo fue imponer su propuesta original que es radical, ideologizada y que no es viable. Porque podría causarle un daño al presidente y a las familias colombianas, que es una crisis de salud pública", agregó.
De esta manera, uno de los aliados clave de Petro en el Congreso se unió a los 25 legisladores que esta semana ya habían cuestionado la primera de las tres reformas anunciadas por el presidente para esta etapa.
En una carta firmada por la mayoría de los miembros del partido Alianza Verde y Liberal, dirigida a los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Lucero, criticaron la lógica de una reforma "que cambia de manera estructural y no paramétrica el sistema" y "altera el contenido esencial del derecho a la salud".
Si la ley es clasificada como estatutaria y no como ordinaria, su trámite en el Congreso variará, ya que en principio entraría por la comisión primera -encargadas de leyes estatutarias- y no por la séptima antes de llegar al pleno, y deberá tramitarse en sesiones ordinarias y no extraordinarias, según explicó el diario colombiano El Espectador. Además, no podría ser aprobada por mayoría simple, sino que requiere la aprobación de la mayoría absoluta de los Senadores y Representantes.
El proyecto en cuestión, que modificaría la Ley 100 de Colombia, exigiría asimismo una revisión de la Corte Constitucional. "Al ser este un proyecto que 'transforma' de manera estructural el sistema, se afecta el contenido esencial del derecho a la salud y por ende debe tramitarse como una ley estatutaria, más aún si se observa que en algunos de sus artículos se busca modificar el derecho definido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reforma que en ninguna circunstancia podrá ser realizada mediante el trámite de una ley ordinaria", indicaron los congresistas.
Los legisladores señalaron que al oponerse buscan evitar "futuros vicios de constitucionalidad, lo que pondría en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud". Sin embargo, el propio mandatario había aclarado que no se trata de una ley estatutaria. "La ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla", sostuvo en su Twitter.
"Esto que estamos construyendo, que se llama justicia social, tiene que ver con que nadie, independientemente de cuánto dinero tiene en su bolsillo, puede ser excluido de acceder a los derechos universales", había asegurado Petro cuando anunció las tres reformas ante una multitud, desde uno de los balcones de la Casa de Nariño, sede del gobierno, en Bogotá.
El discurso de Petro coronó una jornada de marchas y concentraciones que fueron denominadas "El gran diálogo social", con la participación de sindicatos de obreros, educadores y trabajadores de salud, entre otros. "Lo que tenemos son tres reformas, no las únicas ni las últimas, tres reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales, que buscan más justicia", afirmó.
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