El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que el fiscal general de su país, Francisco Barbosa, tiene un plan para derrocarlo durante la jornada de este sábado, a traves de sus redes sociales. "Busca un golpe de Estado bajo manto institucional", aseguró. Por su parte, el Grupo de Puebla denunció una "guerra jurídica" contra el máximo mandatario y su gobierno, acusando al fiscal y la procuradora Margarita Cabello de encontrarse "en abierta oposición" a la actual gestión y de "deteriorar la democracia" de dicha república.
En un extenso mensaje, que reprodujo en diversos idiomas, el mandatario de izquierda solicitó a organizaciones de Derechos Humanos, "partidos progresistas" y organizaciones de trabajadores, tanto de su país como del resto del mundo, que estén atentos a lo que sucede con dicha persecusión. "No he escuchado que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República", acusó, comparando la situación actual con la suspensión del canciller.
"Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo", denunció Petro. Y añadió: "Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero".
En esa línea, el presidente de Colombia sostuvo que "esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero" y remarcó que "las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes". Mientras que agregó: "La respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana".
Luego Petro criticó duramente al fiscal general Barbosa, a quien acusó de pedir su juicio político "sin ocultar que ha hecho una investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó". Y apuntó: "Como hicieron físicamente con la UP, ahora piensan usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general". Cabe recordar que Barbosa fue elegido en 2020 por la Corte Suprema de una terna propuesta por el expresidente derechista Iván Duque (2018-2022), su antiguo compañero de universidad.
Sobre el cierre, ante la "ruptura institucional" que denuncia, remarcó que la fiscalía fue tomada de forma "mafiosa" y solicitó al pueblo "la máxima movilización popular por la decencia". Mientras que sentenció: "Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular".
Una indagación de la fiscalía colombiana reveló el año pasado un escándalo de escuchas ilegales, conspiración y chantaje, que salpicó a la mano derecha de Petro, Laura Sarabia, y al entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti; posteriormente, ambos dejaron el gobierno. Por su parte, el hijo mayor del gobernante, Nicolás Petro, también es investigado por la fiscalía, que lo acusa de lavado de activos por el supuesto ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña del padre. La audiencia preparatoria del juicio será el próximo 29 de abril. Actualmente está en libertad condicional y niega que el Presidente conociera sobre dicha entrada de dinero.
Grupo de Puebla denunció una guerra jurídica contra el Gobierno
La agrupación internacional de líderes progresistas, Grupo de Puebla, expresó su "profunda preocupación por la campaña de judicialización de la política –lawfare- que vienen adelantando contra el presidente Gustavo Petro, su familia y su gobierno" a través de una declaración pública. El movimiento que dirige, entre otros, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, marcó que "el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, integrantes reconocidos de la derecha colombiana, hoy se encuentra en abierta oposición al gobierno progresista de Petro".
"La insistencia de estos funcionarios en convertir la persecución judicial del gobierno y su familia en una causa política, además de causar un daño reputacional al Presidente, está deteriorando la democracia del país, distrayendo la justicia que debería estar ocupada en la persecución de la criminalidad relacionada con el conflicto armado y perjudicando la imagen internacional de Colombia como un Estado de leyes e instituciones respetadas y respetables", puntualizaron.
Entre los firmantes se encuentran el expresidente de Colombia, Ernesto Samper; el exmandatario de Ecuador Rafael Correa; los senadores colombianos María José Pizarro, Clara López e Iván Cepeda; y el Representante a la Cámara por Bogotá, David Racero. También suscribieron el documento Irene Montero, ex ministra de igualdad de España; Andrés Arauz, excandidato presidencial de Ecuador; Daniel Martínez, excandidato presidencial de Uruguay; Verónica Mendoza, excandidata presidencial Perú; Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador; Carlos Ominami, exministro de gobierno y economía de Chile; Gabriela Rivadeneira, ex asambleísta Ecuador; Ana Isabel Prera, ex ministra de cultura de Guatemala; Esperanza Martínez, senadora Paraguay; Hugo Martínez, excandidato presidencial El Salvador; Carlos Sotelo, exsenador México; y Camilo Lagos, expresidente del Partido Progresista de Chile.
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