El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este domingo el asesinato de dos líderes sociales en Colombia, con lo que son ya 139 los dirigentes sociales fallecidos en lo que va de año y más de 1.300 desde la firma de los Acuerdos de Paz que desmovilizaron a la mayor parte de las FARC en 2016. Pese a esta noticia, las organizaciones de derechos humanos no abandonan la esperanza que la situación mejore con el actual Gobierno de Gustavo Petro.
El primer fallecido fue Nancer Barrera Herrera, quien ejercía como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) en la vereda Cerro Negro, municipio de Baraya, departamento de Huila. Individuos armados no identificados tirotearon a Barrera el pasado 12 de septiembre en la finca de la propia víctima. Los sicarios también mataron al agricultor Carlos Andrés Arias Rodríguez.
La Fiscalía advirtió de la presencia en la zona del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es decir, los guerrilleros que se negaron a desmovilizarse y entregar las armas en 2016.
Dos semanas después, el 26 de septiembre, fue asesinado Jesús Alberto Bautista, presidente de la Junta de Acción Comunal de la verdad Agüita Alta, municipio de Muzo, en el departamento de Boyacá.
Con esta muerte van 139 líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de 2022, y 1.366 desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, de acuerdo con las estimaciones de Indepaz. La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que los liderazgos sociales representan uno de los sectores sociales más afectados por la violencia, especialmente en territorios con presencia de grupos armados de carácter ilegal.
Entre "las afectaciones más recurrentes que sufren se cuentan las amenazas, el homicidio, la intimidación, la persecución, la violencia basada en género, el desplazamiento forzado, presiones bajo coacción y la estigmatización", destacó.
Con la asunción presidencial de Petro, las organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos encontraron un Gobierno que finalmente, al menos, reconoce la real dimensión de la violencia política que se vive en el país, aún luego de la desmovilización de la guerrilla más grande. En apenas unos meses, el nuevo Ejecutivo reabrió los diálogos de paz con los principales grupos armados y prometió terminar con la llamada guerra contra las drogas ya que, sostuvo, solo sirve para alimentar la violencia criminal.
Con información de EuropaPress.
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