El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó este jueves que el Gobierno se sumará al proceso por el secuestro de Ronald Ojeda Moreno, militar retirado venezolano que vivía en el país, y dijo que se dispondrán "todos los recursos necesarios" para la investigación de un caso que despertó todo tipo de sospechas y versiones en la región. "Quiero informar que el gobierno, como en otros casos de delitos graves, ha decidido querellarse, siempre nos parece una decisión muy importante la querella por parte del gobierno, uno para dar una señal política de que al gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad, pero además porque eso permite hacerse parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos", dijo el funcionario a la prensa.
Monsalve explicó que sostuvo reuniones con el director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI) y con el prefecto de la misma institución para “garantizar que todos los recursos necesarios para llevar a cabo la diligencia" estén disponibles. Además, informó que ya se comunicó con el presidente Gabriel Boric, quien se encuentra de vacaciones, al que le informó del caso y las diligencias en curso. "También durante el transcurso de la mañana, en conjunto con la ministra del Interior, hemos sostenido una reunión con el Fiscal Nacional, porque en investigaciones de esta naturaleza es muy importante la coordinación con el Ministerio Público, que es quien está a cargo de la investigación", agregó.
Monsalve había confirmado anoche el secuestro del ex militar venezolano, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, que fue llevado su domicilio en Santiago por cuatro hombres con acento venezolano y los rostros cubiertos, que se identificaron como miembros de la PDI de Chile, según denunció su familia. Ante lo ocurrido, el subsecretario llamó a Carabineros y la PDI a reforzar los controles fronterizos y solicitó levantar una alerta a la Interpol.
Tras ser consultado respecto a acercamientos con el gobierno venezolano, Monsalve afirmó que se han solicitado “gestiones diplomáticas” al embajador que Chile tiene en Venezuela, concretamente “sostener reuniones con autoridades del gobierno venezolano”. Según medios locales, el Gobierno mandó una minuta a partidos políticos del oficialismo pidiendo “responsabilidad y colaboración en la información entregada”.
La minuta, enviada por la Secretaría de Comunicaciones (Secom), recordó a los partidos el carácter de “secreto” de la investigación, y agregó la “prohibición de informar respecto a las personas que solicitan refugio en Chile”, después de las especulaciones de que Ojeda Moreno sería refugiado. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la PDI confirmó en un breve comunicado que estaba a cargo de la investigación y aclaró que no podía “entregar mayores antecedentes, ya que esta fue decretada secreta”.
El oficial venezolano vivía asilado en Chile desde diciembre pasado, por decisión del gobierno de Boric, según la radio chilena Biobío. El secuestro había sido denunciado por diversos sectores de la oposición venezolana antes de que fuera confirmado oficialmente. El 24 de enero, el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, incluyó a Ojeda Moreno en una lista de 33 militares expulsados de las Fuerzas Armadas de ese país, nueve días después de que el presidente Nicolás Maduro afirmara que su gobierno desactivó durante 2023 cinco conspiraciones para derrocarlo y asesinarlo.
Poco después, el fiscal general, el oficialista Tarek Saab, vinculó a Ojeda Moreno con uno de esos supuestos complots, el llamado “Brazalete blanco”, por el cual arrestó este mes a la abogada Rocío San Miguel, quien dirige la ONG Control Ciudadano, especializada en el seguimiento de asuntos militares.
Con información de Télam
Cerrar sesión