El asesinato de tres carabineros en Chile la semana pasada abrió un debate político en el que se planteó hasta el restablecimiento de la pena de muerte. Ante la conmoción que generó el hallazgo de los cadáveres de los policías, parte de la dirigencia política pidió un endurecimiento en las medidas para combatir la criminalidad. En un contexto regional en el que países como Ecuador y El Salvador apuntan a un mayor punitivismo para el combate al crimen organizado, el país vecino gobernado por Gabriel Boric puede volverse un caso testigo de un territorio que empieza a registrar como no lo había hecho antes la llegada de bandas delictivas organizadas.
El asesinato
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El pasado sábado, los chilenos se despertaron con una noticia que conmocionó al país, el asesinato de manera brutal de tres carabineros que trabajan en la comuna de Cañete, en la región de Bío Bío, a más de 400 km al sur de Santiago. Encontraron sus cuerpos incinerados dentro del vehículo policial, aunque luego se supo que habían sido asesinados a balazos y posteriormente prendieron fuego sus cuerpos. La zona en la que fueron hallados es conocida por lo que comúnmente se conoce como el conflicto mapuche, pero también es una región donde se denuncia la operación de mafias relacionadas, entre otros, al robo de la madera.
“A los responsables los vamos a buscar por cielo, mar y tierra. No hay fisuras”, sostuvo Boric, cuando viajó al lugar de los hechos junto a parte de su gabinete, y sostuvo que “la patria estaba de luto”, además de no dudar en llamar “terroristas” a los autores. El asesinato de los carabineros caló hondo en el debate político y público de estos días al punto que en su discurso por el Día del Trabajador, el mandatario volvió a hacer referencia al tema: “Este tipo de cosas inspira a una reflexión más profunda, sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia, y sin democracia no hay justicia”.
Desde el Gobierno, afirmaron que hay algunas pistas de los responsables que podrían estar vinculados al crimen organizado y destacaron que pueden haberlo hecho para “infundir terror”, dadas las características de los crímenes de los cuales no se tienen prácticamente registro en el país. Además, la administración de Boric anunció que van a presentar querellas por “homicidio contra Carabineros, infracción a la Ley de Armas y organización criminal" y que buscarán las penas más altas para los responsables como la cadena perpetua calificada.
Pena de muerte
El triple homicidio generó una catarata de críticas y cuestionamientos al manejo de la seguridad en el país. Si bien los propios funcionarios del Gobierno se mostraron dispuestos a buscar las penas más duras, hubo parte de la dirigencia política de la oposición que fue más allá y pidieron como hizo el republicano ultraderechista, José Antonio Kast, medidas como el Estado de sitio (actualmente hay toque de queda en algunas comunas y estado de excepción), otros dirigentes pidieron directamente que se restablezca la pena de muerte que fue derogada en el 2001.
“Yo espero que el Gobierno envíe un proyecto de ley al Parlamento y que sea acogido por los parlamentarios, por ejemplo, para reponer la pena de muerte a quienes asesinen a policías, a estos carabineros, o a cualquier otro policía”, sostuvo el gobernador de la región de BioBío, Rodrigo Díaz, político independiente pero que antes perteneció al Partido Demócrata Cristiano. Otra de las voces que se escucharon en ese sentido fue el diputado ultraderechista, Johannes Kaiser, legislador conocido por verse envuelto en varias polémicas por sus dichos, aseguró que ya trabaja en un proyecto para restablecer la pena capital.
Si bien que se hable de restablecer la pena de muerte en dirigentes políticos que tienden a tener una postura más punitivista como respuesta a la inseguridad, la sorpresa llegó de parte del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cercano al Presidente Boric. “Hay discusiones que están pendientes y que nadie quiere instalar, por ejemplo, la discusión en torno a la pena de muerte. Yo creo que ahí hay un tema que está pendiente”, afirmó y generó algunas discusiones entre funcionarios y legisladores oficialistas.
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Si bien algunos dirigentes cercanos a Boric salieron a desprenderse de la idea de que la pena de muerte esté en debate, lo cierto es que se empezó a escuchar con más fuerza el pedido de endurecimiento de las demandas por parte de la sociedad, como suele pasar antes hechos de inseguridad que generan conmoción social. Como se ha visto en otros países, la respuesta a la inseguridad ha sido de pedir mayor mano dura. Un caso es el que aplica el propio Nayib Bukele en El Salvador en su combate a las pandillas, y otro ejemplo puede ser el que intenta llevar adelante el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.
El caso de Ecuador se vuelve interesante porque es un país que ha experimentado un incremento de la violencia muy alta en poco tiempo, a diferencia de otros como El Salvador, México o Colombia que experimentan la violencia del crimen organizado de más larga data. En el caso ecuatoriano se aprobó recientemente un referéndum, por el cual ante el incremento de la inseguridad se volcaron a apoyar masivamente más medidas punitivistas como puede ser el incremento de las penas, o directamente respaldar que los militares puedan salir a las calles juntos con las fuerzas policiales para combatir el crimen organizado, sin necesidad de que se decrete el Estado de Emergencia.
Inseguridad en Chile
En Chile recobró relevancia el tema de la seguridad en los últimos tres años porque registró una suba de los homicidios marcada en el 2020, pero en el 2023 esos números de criminalidad descendieron. Sin embargo, más allá de situarse en si hay un aumento concreto de, por ejemplo, los homínidos, el dato que surge que se empezaron a registrar patrones de la criminalidad que no había experimentado antes el país y que se asociada a la llegada con mayor fuerza del crimen organizado y ya no como delitos más simples o individuales como puede ser de un ladrón, sino que ya tienen que ver con modalidades de homicidios más violentos o sicariato, entre otros.
“Podemos decir que si bien Chile enfrenta un desafío en cuanto a lo que ha representado la transformación de los patrones criminales fuertemente asociados al aumento de la violencia a la mayor presencia de criminalidad o de algún tipo de criminalidad organizada, pero en términos numéricos, yo diría que estamos más bien en un una tendencia a la estabilización y no al incremento, aunque las noticias en los medios de comunicación y las redes sociales muestren un escenario muy adverso, lo cierto es que si bien es es de un nivel de complejidad importante no se trata de de una crisis irreversible”, explicó a El Destape, la investigadora y docente del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor.
La especialista no solo recuerda que la criminalidad bajó el año pasado, sino que además destaca que en el 2023 se haya creado una unidad dentro del Ministerio Público específicamente dirigido a la investigación de los delitos asociados al crimen organizado. “Hay fiscales que tienen un mayor nivel de conocimiento y capacitación para identificar delitos vinculados y conducir su investigación está ya operativa en el país hace varios meses y ha logrado algunas éxitos significativos”, agregó sobre algunas políticas públicas, aunque cuestionó que el Estado aún no tiene capacidad para llegar a los barrios a nivel territorial, para generar especialmente la prevención de los delitos.
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Con respecto al asesinato de los carabineros, Mohor no duda en que el crimen lleva consigo un mensaje: “Si bien es cierto que esa es una zona que ya por siglos ha tenido presente un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, hemos registrado ahí fallecimientos tanto de civiles mapuches chilenos como de funcionarios policiales la dinámica de el crimen de carabineros sin lugar a dudas marca un hito que no habíamos visto. Crímenes como estos que claramente no parecen estar vinculados a un delito común, aquí hay motivaciones. No es el homicidio de los carabineros la motivación principal, sino el mensaje que se envía con ellos y lo que las instituciones tendrán que resolver ahora es quiénes envían el mensaje y qué mensaje es este”.
Las especulaciones sobre el asesinato de los carabineros no faltaron, desde las primeras acusaciones de que detrás hay dirigentes mapuches a incluso que fue planificado por parte de la dirigencia política de ultraderecha que mira las elecciones presidenciales del 2025 o que busca marcar la agenda del gobierno de Boric. Un presidente que tras haber quedado en la sombra de la constitución pinochetista, ha sido cuestionado en más de una oportunidad por sus bases de no avanzar en las medidas que había prometido e ir detrás de cierto clamor social, incluso había sido cuestionado por continuar con la militarización en regiones donde hay mayoría de comunidades mapuches.
“Atentar contra carabineros, es atentar contra la patria entera y la mejor herramienta que tenemos para combatir a estos delincuentes, a esta gente despiadada que ha cometido este crimen horrendo, es la unidad. Por eso está aquí el Estado presente para poder enfrentar esta situación, no tiene que haber ni izquierdas ni derechas ni oficialismo ni oposición, tiene que estar Chile como una sola fuerza”, fueron otras de las palabras del mandatario, que parece lejano a las críticas que hacía de esta misma fuerza policial durante el estallido social. Un presidente que ahora se sumerge en la disyuntiva de buscar unidad como lo plantea, con sectores que piden mayor mano dura, y que también tendrá que contentar a sus bases más progresistas que se muestran espantadas con los discursos de más militarización y penas.