La derecha fracasó por cuarta vez en su intento por remover a un ministro de la gestión del presidente, Gabriel Boric. En esta ocasión, los dardos de la acusación constitucional apuntaban contra el responsable de la cartera de Educación, Marco Antonio Ávila, en un voto en donde la oposición acabó dividida y perdió la pulseada. Por el mismo proceso pasaron anteriormente Izkia Siches, ex ministra de Interior y Seguridad; Marcela Ríos, ex ministra de Justicia; y Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social. “Estoy convencido que nunca he infringido las leyes y la Constitución, soy un firme defensor de la democracia, la Constitución y las herramientas que estas contienen para mejorar y fiscalizar el accionar de las autoridades”, sostuvo tras la confirmación de que se queda en el cargo.
“Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Y esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad”, había denunciado Boric antes del debate.
“Mi llamado es a cuidar el trato en el mundo político, a respetarnos más allá de las diferencias, a no convertir las diferencias en ataques personales a luchar en conjunto por los desafíos educativos”, dijo, también, Ávila.
Según informó el portal Biobio, los votos fueron 69 votos a favor y 78 en contra, en una votación marcada por los rechazos de los diputados de Evópoli y la Democracia Cristiana y se generó una especie de quiebre al interior de la alianza Chile Vamos, cuyo máximo referente es el expresidente Sebastián Piñera, que no forma parte del Congreso. "Nos hace repensar nuestra relación con ellos", señaló el parlamentario Frank Sauerbaum (Renovación Nacional) tras la decisión de sus colegas. En total, la acusación constitucional contó con 7 capítulos que van desde educación sexual hasta deserción escolar durante la administración de Ávila. Rompió los récords, pues en ocasiones anteriores se han visto sólo un máximo de 5 capítulos: Yasna Provoste en 2008 y Marcela Cubillos en 2019.
La acusación contra el ministro: el ataque contra la educación sexual integral en las escuelas
La acusación fue originalmente impulsada por las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, del Partido Social Cristiano, por la agenda de educación sexual impulsada por la cartera. Según el texto al que tuvo acceso el portal T13.cl en el primer capítulo de la acusación señalaron que "el ministro de Educación ha infringido la Constitución Política de la República y las leyes que se indican al diseñar, promover e implementar programas e instrumentos educativos relativos a educación sexual y educación no sexista, en establecimientos educacionales de todo el país, contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e incumpliendo su obligación constitucional".
El segundo de los capítulos sostenía que Ávila "ha infringido la Constitución y las leyes que se indican en el diseño, promoción e implementación de las 'Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno' y sus orientaciones temáticas, así como en la actualización del manual de 'Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno', en particular contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos". Con el derecho preferente se refieren a la potestad de las madres y los padres de decidir qué educación reciben sus hijes.
Posteriormente, el diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional, se sumó a la acusación constitucional apuntando a denuncias de irregularidades en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Lo que cosechó adhesiones, aunque no suficientes, entre las y los diputados de oposición. Luego de las polémicas declaraciones de la responsable del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, en la comisión revisora de la Cámara, que pidió al funcionario explicaciones por su “condición”, es decir, su orientación sexual. Al mismo tren, se subió la diputada María Luisa Cordero, que lo llamó “pervertido” por ser homosexual. Por ello, algunos parlamentarios de oposición decidieron finalmente restarse de respaldar la acusación constitucional. Jorge Guzmán y Francisco Undurraga, de Evópoli, por ejemplo, fueron de los que le quitaron apoyo a la acusación, lo que fue catalogado como una “puñalada al corazón” de Chile Vamos por parte de Schalper (RN).
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