Chile define en las urnas su Constitución y su futuro

El plebiscito que se celebra este domingo marcará un hito en la historia de Chile. Más de 15 millones de personas deberán decidir si se quedan con la Constitución escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet o si se traza un nuevo pacto político bajo una Carta Magna escrita en democracia. “Implica un cambio fundamental en términos de la forma del Estado y, por lo tanto, de horizonte social”, definió ante El Destape Isabel Piper, coordinadora del programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile.

El rol del Estado fue el eje que atravesó por completo el debate, que inició el 4 de julio de 2021 y cerró en la misma fecha de este año, de la mano de 155 convencionales electos y electas para esta tarea específica, con escaños reservados para los pueblos originarios. Ahora, este referéndum se presenta como un paso más, el último tal vez, para consolidar la transición democrática mantenida en el limbo gracias a los amañes de la Constitución de 1980, redactada con la idea de que "los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría" según las palabras del mismo Jaime Guzmán, mano derecha de Pinochet.  

La nueva propuesta rompe con esa premisa y pone en jaque todo el funcionamiento del sistema impuesto por ese texto pinochetista, que pregona un Estado subsidiario, que consolidó los derechos como servicios al entregar al sector privado la ejecución de la salud, de la educación, las pensiones y hasta del agua –Chile es el único país en el mundo con este recurso privatizado-, por poner sólo algunos ejemplos.

Las diferencias profundas se encuentran desde el inicio de la nueva Carta Magna, en su preámbulo: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario (N de R: única en el mundo por esta característica) y democrático”. Al menos dos puntos relevantes destacan en estas primeras palabras. Por un lado, la admisión de las diversidades de géneros. Por otro, el reconocimiento a los pueblos originarios, no contemplado actualmente.

“Se recoge la memoria de los últimos 50 años en términos de cómo la dictadura desarmó y destruyó al Estado garante de los derechos e instaló una visión completamente neoliberal de la sociedad”, sintetizó Piper y agregó que ahora comienza un nuevo camino sobre los 388 artículos escritos. “Se abre un proceso de construcción de todas las leyes y de defensa para garantizar que los derechos efectivamente se cumplan. Es un camino que sólo puede empezar si gana el apruebo”, advirtió.

¿Qué propone la nueva Constitución?

• Derechos fundamentales: sociales, civiles y políticos. Entre los que se encuentran el derecho a la seguridad social, a la salud, al cuidado, al agua y al saneamiento (en la actualidad existen las llamadas zonas de sacrificio en donde el agua potable no existe y llega en un camión aljibe, de vez en cuando); a la educación –en todos sus niveles-, a la vivienda y a los derechos sexuales y (no) reproductivos, así como a la identidad de género. También se reconocen las tareas del hogar como trabajo.
• Naturaleza y medioambiente: el capítulo III completo está destinado a este tema. Se consagran los derechos a los animales y se reconoce la crisis climática.
• Derechos de los pueblos originarios: se define Chile como un Estado plurinacional, reconoce la existencia e igualdad de estatus de pueblos o naciones indígenas manteniendo el carácter único e indivisible del territorio. Se traducirá, por ejemplo, en escaños reservados y en el derecho a la consulta. El castellano será la lengua oficial, pero los idiomas indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas con alta densidad poblacional indígena.

• Gobierno y organización de los poderes: Ejecutivo, legislativo y judicial. Se establecen mecanismos de democracia directa con iniciativas populares de ley, algo no previsto ahora; y la paridad de género en todas las instituciones.

Entre los cambios fundamentales, se establece que el Poder Legislativo estará compuesto por el Congreso de Diputadas y Diputados y por la Cámara de las Regiones -que reemplaza al Senado-, que estará integrada por los representantes regionales con mandatos de cuatro años (en lugar de los ocho de los actuales senadores) y se elegirán por votación popular. Esta Cámara no participará en la tramitación de todas las leyes, sino que solo en las normas “de acuerdo regional”.

Piper, por su parte, sumó que se defiende el derecho a la memoria por lo que es deber del Estado promover acciones para recordar. También se establece el derecho a no ser desaparecido ni exiliado, y se “desmilitariza” y se elimina el “estado de emergencia”, es decir, la posibilidad de abordaje militar de conflictos sociales.

¿Qué se vota?

El “plebiscito de salida” marca el cierre de un proceso constitucional que comenzó tras la revuelta social de octubre de 2019, bajo la presidencia de Sebastián Piñera. El de “entrada” fue en octubre de 2020, cuando las y los chilenos decidieron por casi el 80 por ciento de los votos crear una Convención Constitucional para la redacción de la nueva Constitución.

“¿Aprueba usted el texto de la Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”, es la pregunta que deberán responder y sólo se contará con dos opciones “apruebo” o “rechazo”.

El voto es obligatorio para las 15.076.623 personas mayores de 18 años que viven el territorio chileno, habilitadas por el Servicio Electoral (Servel). En tanto, será voluntario para las 97.234 que residen en el exterior.

La jornada electoral será entre las 8 y las 18 horas, y las mesas podrán cerrar siempre y cuando no haya electores en la fila. Durante el día, para facilitar el traslado el transporte estatal será gratuito (el subte de Santiago y los ferrocarriles) y también habrá servicios especiales terrestres y marítimos para quienes habiten en lugares aislados.

Los debates en la campaña

Acusaciones cruzadas, fake news, desmentidas y preguntas sobre qué pasará el día después marcaron el pulso del escenario en el que jugaron tres actores: el Gobierno y los sectores del “Apruebo” y del “Rechazo”. Desde el inicio, sin embargo, los promotores del rechazo apostaron por instalar la idea de una “tercera vía” que, dice, “rechazar para reformar”.

“El clima se ha crispado constantemente. Creo que la derecha entró a la Convención con la intención de dañar desde el día uno. Eso género una erosión del proceso en donde la principal dañada fue la democracia porque todo tipo de conversación se fue perdiendo constantemente”, opinó en conversación con El Destape Javier Maríquez, influencer (@guorororoi en sus redes) y encargado digital de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención.

En ese contexto, el Gobierno impulsó la campaña #ChileVotaInformado, a cargo de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Pero, pese a los esfuerzos del Ejecutivo, la conversación pública se corrió tanto que obligó al presidente, Gabriel Boric, a ceder y barajar la posibilidad de abrir un nuevo proceso si ganara el “rechazo”.

Los números de las últimas encuestas favorecen al sector que rechaza la iniciativa con un margen de entre seis y diez puntos. No obstante, el resultado está abierto. Las convocatorias en las calles por el “apruebo” han sido más que masivas en cada punto del país. Sólo resta esperar para saber si Chile entierra de una vez el legado de Pinochet.

¿Qué pasa si gana el apruebo? ¿y si gana el rechazo?

En caso de ganar el Apruebo, Boric deberá convocar al Congreso Pleno para que se jure ante la Nueva Constitución y quedará derogada la Constitución vigente.

En cambio, si gana el rechazo, se mantendrá la Carta Magna de 1980, redactada y aprobada durante la dictadura pinochetista. De darse esta opción, el Gobierno de Boric ya asumió el compromiso de llevar adelante un nuevo proceso constitucional.