El Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró hoy que España violó los derechos políticos de los dirigentes catalanes independentistas al suspenderlos de sus funciones en 2017 y le dio 180 días para reparar a los afectados.
El dictamen es en respuesta a una denuncia presentada en 2018 por antiguos miembros del Gobierno catalán de Carles Puigdemont (2016-2017), en ese momento encarcelados por el referendo independentista y por la declaración de independencia de octubre de 2017.
Después del referendo, el Gobierno español dirigido por Mariano Rajoy (Partido Popular, conservador), intervino la autonomía regional, disolvió el Gobierno y el Parlamento catalanes y comenzó a perseguir a los líderes del proceso con acusaciones de sedición y rebelión y, en algunos casos, malversación.
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Los líderes catalanes, algunos en la cárcel y otros en el exilio, consiguieron ser reelectos en las siguientes elecciones, pero meses después la justicia española los suspendió.
En su dictamen, la ONU destacó que se violaron los derechos políticos de los líderes catalanes al suspenderlos de sus cargos antes de que se celebrara el juicio en el Tribunal Supremo.
El texto también destaca que el delito de rebelión "exige un alzamiento violento contra el orden constitucional" y, en cambio, los demandantes "habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica".
Agrega que si bien la legislación española prevé la suspensión, en este caso no hubo motivos "razonables y objetivos", por lo que la medida tuvo un carácter "arbitrario" y no se tuvieron en cuenta "las garantías del debido proceso y de imparcialidad".
Para la ONU, España violó el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que le dio 180 días para que se informe cómo se va a reparar a los afectados.
España tiene la obligación de una "reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados" y se han de adoptar las medidas necesarias "para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro".
Los denunciantes son el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y los ex ministros regionales Raul Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, todos condenados en 2019 por el Tribunal Supremo español junto a otros cinco líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión e indultados en 2021 por el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
El hoy eurodiputado Puigdemont, que en ese momento se exilió en Bélgica para evitar ser juzgado, celebró en Twitter "la bofetada de Naciones Unidas en la cara del Estado español".
"Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia", agregó.
Por su parte, Junqueras señaló que el dictamen no solo les da la razón, sino que "también pone en evidencia que España no puede seguir con las prácticas represivas contra el independentismo".
Con información de Télam
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