La justicia española retiró el delito de sedición que pesaba contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por su rol en la tentativa de secesión de 2017, tras la entrada en vigencia hoy de una controvertida reforma penal aprobada por el gobierno español en diciembre.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa contra el exlíder independentista, "aplica la derogación de la sedición a Puigdemont pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia", indicó el organismo en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.
Tras esta decisión, las penas a las que se enfrentaría el ahora eurodiputado, que gobernaba Cataluña cuando la Generalitat (el poder Ejecutivo catalán) declaró unilateralmente la independencia en 2017, y en la actualidad reside en Bélgica, serán mucho más bajas en caso de ser finalmente juzgado en España.
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El delito de sedición, el principal cargo por el que la justicia española reclamaba la extradición de Puigdemont, fue suprimido con la reforma del Código Penal adoptada a fines de diciembre por el Parlamento, y sustituido por el de "desórdenes públicos", que conlleva penas más suaves.
Sin embargo, esta nueva tipología no puede ser aplicada a Puigdemont, según estima el magistrado Pablo Llarena en su sentencia.
Presidente de Cataluña durante el intento separatista de esta dinámica región del noreste español en 2017, Puigdemont ahora es reclamado únicamente por malversación de caudales públicos y desobediencia.
La controvertida reforma del Código Penal fue aprobada a fines de diciembre en medio de una intensa polémica.
Impulsada por el gobierno socialista, que recibe el apoyo en Madrid de un sector de los independentistas catalanes, la modificación reduce, además, el castigo previsto para la malversación de fondos, en caso de que no haya ánimo de lucro personal.
Los nueve dirigentes secesionistas condenados a penas de 9 a 13 años de prisión por su implicancia en el intento de independencia fueron culpados de un delito de sedición, y en algunos casos, también por malversación.
Indultados en 2021 por decisión del gobierno del socialista de Pedro Sánchez, que hizo de la distensión en Cataluña una de sus prioridades tras su llegada al poder en 2018, sus condenas de inhabilitación están todavía vigentes y podrían revisarse tras la entrada en vigencia de la nueva reforma.
Llarena pidió además que se informe a los órganos judiciales de Bélgica e Italia, que poseen abiertos procedimientos de entrega, que dejó sin efecto las órdenes europeas e internacionales de detención.
En septiembre de 2021, el expresidente fue detenido en la isla italiana de Cerdeña, donde había acudido a dar una conferencia, pero no tardó en quedar en libertad.
Los tribunales italianos dejaron congelada su entrega a la justicia española a la espera de que la justicia europea se pronunciara sobre el recurso de Puigdemont contra la decisión de retirarle la inmunidad.
Ayer, líderes independentistas catalanes condenados por la intentona independentista informaron que pedirían la revisión de sus penas al Tribunal Supremo tras las reformas legales realizadas en España, que finalmente entraron en vigencia hoy.
Con información de Télam
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