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La justicia española retiró el delito de sedición, uno de los que pesaba sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont por su rol en la tentativa de secesión de 2017, tras la entrada en vigor hoy de una controvertida reforma penal que fue aprobada por el gobierno en diciembre.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa contra el exlíder independentista, "aplica la derogación de la sedición a Puigdemont pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia", indicó el organismo en un comunicado, citado por la agencia de noticias AFP.
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Tras esta decisión, las penas a las que se enfrentaría el ahora eurodiputado, que gobernaba Cataluña cuando la Generalitat (el poder Ejecutivo catalán) declaró unilateralmente la independencia en 2017 y en la actualidad reside en Bélgica, serán mucho más bajas en caso de ser finalmente juzgado en España.
El delito de sedición, el principal cargo por el que la justicia española reclamaba la extradición de Puigdemont, fue suprimido con la reforma del Código Penal adoptada de diciembre por el Parlamento, y sustituido por el de "desórdenes públicos", que conlleva penas más suaves.
Sin embargo, esta nueva tipología no puede ser aplicada a Puigdemont, según estima el magistrado Pablo Llarena en su sentencia.
El opositor Partido Popular (PP), a través de su coordinador general, Elías Bendodo, criticó el nuevo escenario jurídico que enfrenta el catalán y aseguró que el presidente Pedro Sánchez "cumple sus promesas", pues "Puigdemont volverá a España... con alfombra roja".
El partido independentista Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC), aliado de Sánchez en el Parlamento español, valoró "positivamente el reconocimiento, por parte del propio juez Llarena de que no hay ninguna sustitución del delito de sedición, sino que se ha producido su eliminación efectiva", según indicó en un comunicado.
La formación de Puigdemont, Junts X Cat, rival electoral de ERC y muy crítica con su diálogo con Madrid, todavía no se pronunció oficialmente.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en tanto, dijo estar "convencido" de que el expresidente catalán regresará a España durante este año, después de que "a finales de febrero o marzo" la justicia europea se pronuncie sobre su inmunidad, según declaró a la prensa antes de conocer el auto del Supremo.
La controvertida reforma del Código Penal fue aprobada a fines de diciembre en medio de una intensa polémica.
Impulsada por el gobierno socialista, que recibe el apoyo en Madrid de un sector de los independentistas catalanes, la reforma penal reduce además el castigo previsto para la malversación de fondos, en caso de que no haya ánimo de lucro personal.
Nueve dirigentes secesionistas condenados a penas de 9 a 13 años de prisión por su implicancia en el intento de independencia fueron culpados de un delito de sedición y, en algunos casos, también por malversación.
Indultados en 2021 por decisión del gobierno del socialista Sánchez, que hizo de la distensión en Cataluña una de sus prioridades tras su llegada al poder en 2018, sus condenas de inhabilitación están todavía vigentes y podrían revisarse tras la entrada en vigor de la nueva reforma.
El magistrado retiró también el cargo de sedición a otros antiguos dirigentes independentistas que optaron por marcharse al exterior, como los exconsejeros regionales Toni Comín, Lluís Puig o Clara Ponsatí.
También declaró sin efecto las órdenes europeas de detención vigentes, además de posponer le emisión de unas nuevas hasta que la justicia europea decida las cuestiones sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario y el propio alcance de estas órdenes.
En septiembre de 2021, el expresidente fue detenido en la isla italiana de Cerdeña, donde había acudido a dar una conferencia, pero no tardó en quedar en libertad.
Ayer, líderes independentistas catalanes condenados por la intentona independentista informaron que pedirían la revisión de sus penas al Tribunal Supremo tras las reformas legales realizadas en España, que finalmente entraron en vigor hoy.
Con información de Télam
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