El Gobierno español anunció hoy investigaciones y un control parlamentario de los servicios de inteligencia, acusados de haber espiado a dirigentes independentistas catalanes, que amenazan con retirar su decisivo apoyo al Ejecutivo en el Parlamento
"El gobierno tiene la conciencia tranquila y no tiene nada que ocultar", dijo el ministro de la presidencia Félix Bolaños, tras una reunión extraordinaria en Barcelona, capital de Cataluña, con su par del gobierno regional, Laura Vilagrá.
"Precisamente por eso activamos (...) mecanismos diferentes para esclarecer los hechos" y "arrojar la luz" sobre estas acusaciones, agregó.
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El movimiento independentista catalán acusó la semana pasada al Estado español de haber espiado a más de 60 de sus líderes mediante el software israelí Pegasus, que solo puede ser adquirido por Estados o gobiernos.
Las acusaciones contra el Gobierno del presidente Pedro Sánchez fueron lanzadas luego de que ese esquema fuera dado a conocer en un informe del Citizen Lab, un organismo canadiense con sede en la Universidad de Toronto.
Casi todos los incidentes con ese programa informático israelí, que permite leer mensajes y activar de manera remota la cámara y el micrófono de los teléfonos, ocurrieron entre 2017 y 2020.
La acusación fue negada tajantemente por el Gobierno español, pero el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, rechazó la desmentida, pidió que se investigue el caso y consideró que la relación política con el Ejecutivo de Sánchez había quedado "afectada".
Hoy, Bolaños prometió "la apertura de control interno en el Centro Nacional de Inteligencia, a petición de este mismo organismo para analizar las actuaciones y las medidas existentes y también su aplicación a este caso", así como "la constitución de manera inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso", informó la agencia de noticias AFP.
Villagrá dijo que estas promesas de Boñalos eran "insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos" y reiteró que el Gobierno catalán exige la identificación y la dimisión de los responsables.
Por esa razón "no podemos garantizar el soporte parlamentario" al ejecutivo socialista de Sánchez "hasta que no se esclarezca este caso", explicó.
Ello convierte en delicada la situación del ejecutivo central, que es minoritario en el Parlamento y cuya supervivencia en la cámara depende del apoyo de los partidos independentistas, empezando por el del presidente de Cataluña, Pere Aragonés, el partido de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán)
En octubre de 2017, los separatistas organizaron un referéndum de autodeterminación pese a su prohibición por la justicia, y declararon unilateralmente, en vano, la independencia de la región.
Las tensiones se habían apaciguado tras la reanudación en 2020 del diálogo entre los independentistas y el gobierno de Sánchez, que indultó el año pasado a nueve condenados por los hechos de octubre de 2017, en nombre de la "reconciliación".
Entre los afectados por el espionaje figuran el mismo Aragonés, cuando fue vicepresidente regional; los expresidentes catalanes Quim Torra y Artur Mas; eurodiputados, diputados del Parlamento regional catalán y miembros de organizaciones civiles independentistas, según Citizen Lab.
También el eurodiputado Carles Puigdemont, que era presidente de Cataluña al momento del fallido intento secesionista de 2017 y que huyó a Bélgica.
Con información de Télam
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