Un juez brasileño pidió la extradición de bolsonaristas refugiados en Argentina

La Justicia brasileña dio el primer paso para solicitar la extradición de 63 bolsonaristas que huyeron y se encuentran prófugos en la Argentina. El pedido fue realizado por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, en el marco de la causa Lesa Patria, que investiga el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro invadieron la sede de los Tres Poderes del Estado. Aunque todavía faltan algunos pasos burocráticos para que el pedido se formalice ante las autoridades argentinas, abogados bolsonaristas informaron “a las familias de los exiliados que no deben preocuparse”, dijeron ante El Destape.

La solicitud de extradición fue realizada por pedido de la Policía Federal (PF), encargada de llevar adelante las investigaciones por el intento de golpe que se dio días después de la asunción del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. En junio, fue la PF la que presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un listado de 143 personas que buscan, que se dieron a la fuga en medio del proceso judicial en su contra o con las condenas ya impuestas: muchos rompieron las tobilleras y cruzaron fronteras de manera ilegal. Para conseguir identificarles, incluso, las autoridades brasileñas activaron la Ameripol, un organismo de cooperación de 30 países del continente, que les permitió mapear hacia a dónde viajaron las y los prófugos.

En respuesta a una solicitud, las autoridades argentinas dijeron que lograron identificar sólo a 63 de las 143 personas. Las identidades aún no se conocen, aunque varios de los bolsonaristas en el país dieron notas a medios brasileños, se manifestaron en el Obelisco y hasta se encontraron con Eduardo Bolsonaro en el Congreso de la Nación cuando fue invitado por diputados de La Libertad Avanza (LLA).

Los crímenes por los que están acusadas y condenadas las y los militantes bolsonaristas son: intento de golpe de Estado, asociación criminal, depredación del patrimonio público e incitación al crimen, entre otros. Las penas de los condenados van entre los 14 y los 17 años de prisión. En tanto, ellos niegan los cargos y denuncian que se llevan contra ellos “procesos sin garantías legales”, denuncian "persecución" y "censura" por parte de la Justicia y el Gobierno de Brasil.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

El pedido de De Moraes se encuentra en el Ministerio de Justicia de Brasil, que deberá analizar y determinar si el caso cumple los acuerdos previstos en los tratados internacionales. En caso de que la cartera judicial dé el visto bueno, el pedido pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores, que deberá iniciar las tratativas con el Gobierno y las autoridades argentinas.

Voceros del STF, en tanto, dijeron ante El Destape que todavía no fue dado a conocer ninguno de los documentos que circulan entre las carteras del Gobierno.

“No hay de qué preocuparse”

Lo mismo declaró ante este medio Ezequiel Silveira, abogado integrante de la organización Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero (ASFAV): “Aún no hemos tenido acceso a la decisión, pero informamos a las familias de los exiliados que no deben preocuparse”, sostuvo. La razón que expuso es que, al final de cuentas, la decisión “quedará en manos del Gobierno argentino, que ya ha manifestado, en varias ocasiones, que cumplirá con la ley en estos casos. Por lo tanto, como las personas son formalmente refugiados, se debe denegar la solicitud de extradición”.

Silveira fue parte de la comitiva que estuvo en Argentina junto con Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente, que solicitó ante el Congreso Nacional refugio para sus militantes bajo el argumento de que en el país vecino hay “censura” y “persecución”. Ese mismo día, el abogado de Asfav se presentó ante la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) y presentó un documento en defensa de los militantes bolsonaristas que denuncian, entre otras cuestiones, que no se respeta el debido proceso en los juicios que se están llevando adelante en su contra. 

Ante reiterados pedidos de acceso a la información pública que hizo El Destape, la CONARE confirmó que desde enero hasta julio de este año la cantidad de personas que llegaron desde Brasil para solicitar refugio se multiplicó, como se puede ver en la tabla a continuación. De sólo 2 personas que hicieron el pedido en enero, se pasó a 25 en abril -cuando se supone que empezaron a llegar los grupos bolsonaristas-, 47 en mayo, 41 en junio y 28 en julio. Luego, este medio intentó hablar con autoridades de la CONARE, como de la Defensoría General de la Nación -que interviene en la asesoría de personas que solicitan refugio en el país-, pero no hubo respuesta alguna.

Cabe aclarar que, en el marco de la ley 26.165, la identidad de las personas no puede ser difundida mientras su solicitud esté en proceso y que desde que se inicia el proceso hasta que hay una definición de la Conare las personas no pueden ser extraditadas. Es decir, en caso de que alguna de las 63 personas identificadas haya iniciado su pedido o haya sido aceptado, no podrán ser enviadas de nuevo a Brasil. Sólo se podrá, en caso de que la Conare rechace la solicitud de refugio.

En nueve meses del Gobierno de Javier Milei la relación con Brasil sólo se mantuvo en tensión: los presidentes no sólo nunca se reunieron, sino que la tensión pareciera mantenerse más allá del estrecho vínculo histórico. Milei insultó más de una vez al ex líder metalúrgico, no pidió disculpas y ya le envió tres cartas que no fueron respondidas. Desde Brasil, sin embargo, actuaron en las situaciones límite y de forma pragmática: intervinieron para que el Gobierno tuviera acceso a un buque de GNC en medio de una fuerte crisis energética y, desde fines de julio, resguarda los intereses y la embajada argentina en Venezuela.